Criminales de guerra deben ser juzgados
Suiza envió al Consejo de Seguridad de la ONU una petición firmada por 57 países para llevar a la Corte Penal Internacional (CPI) a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos en Siria.
Suiza está convencida de que sin un proceder consecuente contra la impunidad no puede haber paz duradera en Siria”, explica Adrian Sollberger, portavoz de la misión helvética en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
La lucha contra la impunidad no se contradice con los esfuerzos negociadores, que también apoya Suiza. “Para una paz duradera se requiere de ambas cosas”, asegura Sollberger.
“Peso político suficiente”
El hecho de que la propuesta lanzada en junio de 2012 haya sido presentada ante el Consejo de Seguridad se debe al apoyo de la iniciativa por otros Estados, agrega Sollberger.
Desde el lanzamiento de la iniciativa, más de 50 Estados de todo el mundo se sumaron a ella, lo que permitió alcanzar un “peso político suficiente”, que responde, además, a la falta de perspectivas del contexto sirio. “Tras casi dos años de sangrientos combates continúa agravándose la situación humanitaria y no se avizora una solución política”.
El conflicto ha costado 60.000 vidas y la población civil ha sido la más afectada, según subrayan las Naciones Unidas. Por ello, Suiza quiso dar una señal en favor de la justicia y el respeto de los derechos fundamentales.
El documento, firmado por el Embajador Thomas Gürber, titular de la misión suiza en la ONU, y destinado al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, clama que los responsables de los crímenes, de todas las partes implicadas en el conflicto, sean juzgados.
Debido a que Siria no es Estado miembro del Estatuto de Roma, fundador de la CPI, corresponde al Consejo de Seguridad de la ONU presentar el caso ante ese Tribunal para que pueda efectuarse una investigación. Este procedimiento fue aplicado en los casos de Libia y Darfur (Sudán).
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“Señal fuerte”
Los países que apoyan la petición son principalmente de Europa, entre ellos dos miembros del Consejo de Seguridad, Francia y Gran Bretaña. El Ministerio de Exteriores francés calificó el documento en su página Web como señal de lucha contra la impunidad y como un llamado al Consejo de Seguridad para que actúe en ese sentido.
Otros países de África, Asia, Latinoamérica y Oceanía también firmaron la solicitud y otros más pudieran aún sumarse al llamado.
Rusia y China se han opuesto a la demanda, tal y como ya impidieron que se impongan tres resoluciones del Consejo de Seguridad para que se establezcan sanciones al régimen sirio.
Estados Unidos, que tampoco ha firmado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, podría apoyar la petición.
La solicitud establece que el Consejo de Seguridad de la ONU debe al menos exigir al gobierno sirio, y a las otras partes en conflicto, que respeten los derechos humanos y el derecho internacional y subraya una vez más que un informe de la comisión independiente sobre el caso de Siria, presentado ante Naciones Unidas en noviembre de 2011, advierte claros indicios de violaciones, tales como ejecuciones sumarias, violaciones sexuales, tortura y ataques graves contra la población civil.
Pero el máximo órgano de decisión de la ONU no está obligado a responder a la petición. “Independientemente de su decisión, la carta es una señal fuerte contra la impunidad: un significativo número de Estados no tolera a criminales de guerra ni a transgresores de los derechos humanos”, subraya Sollberger.
Esto es, además, “una señal para las víctimas sirias, de que no han sido olvidadas; y una advertencia dirigida a los responsables de todas las partes concernidas para que respeten los derechos humanos y el derecho internacional público. La carta tiene un valor en sí misma”.
Más de 50 países pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU, el lunes 14.01, que remita el tema de la crisis en Siria a la Corte Penal Internacional (CPI), responsable de enjuiciar a personas por genocidio y crímenes de guerra, como una medida para enviar una señal a las partes sirias en conflicto.
Más de 60.000 personas han muerto durante la revuelta que ya lleva 21 meses contra el presidente sirio Bashar al-Assad, que comenzó con protestas pacíficas pero que se volvió violenta tras una ofensiva del Gobierno contra los manifestantes.
La jefa de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, también pidió que el caso Siria fuera remitido a la CPI.
Las potencias mundiales no se ponen de acuerdo sobre cómo poner fin a la creciente violencia en Siria, y es poco probable que el Consejo -compuesto por 15 miembros- remita el expediente sobre la situación en el país a la CPI, que no es un órgano oficial de la ONU, en La Haya.
(Adaptación: Patricia Islas)
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