Latinoamérica recupera sus sectores estratégicos
La nacionalización de empresas del ámbito energético –como YPF en Argentina y Red Transmisora de Electricidad en Bolivia– gana adeptos y levanta acalorados debates. Un proceso del que las firmas suizas no han salido ilesas.
En abril pasado, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunciaba la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera española YPF-Repsol. Tres semanas después, su homólogo boliviano, Evo Morales, hacía lo propio con la Red Transmisora de Electricidad (RTE), también de capital ibérico.
Son los dos capítulos más recientes de una dinámica económica puesta en marcha en Latinoamérica en el último lustro. El debate sobre estos procesos mezcla inevitablemente términos antagónicos como justicia, libertad y populismo.
En toda nacionalización “estará presente la noción de ruptura de contratos en nombre de un interés nacional superior, la gestión transferida al Estado, y –habitualmente– el pago de una indemnización justa”, explica a swissinfo.ch Jessica Crivelli, experta en economía latinoamericana de la Universidad de Zúrich.
El sueño bolivariano
“Las expropiaciones que observamos hoy en Sudamérica iniciaron en Venezuela. De ahí se dispararon hacia Bolivia y Argentina. Creo que después 500 años de autoritarismo, colonialismo y neocolonialismo, los gobiernos de la región han descubierto que pueden hacer valer sus aspiraciones a la autodeterminación y esto ha representado un cambio continental”, señala a swissinfo.ch Walter Suter.
El que fuera embajador de Suiza en Caracas entre 2003 y 2007 y hoy preside la sección internacional del Partido Socialista Suizo considera que Venezuela ha generado un sentimiento regional que retoma los principios bolivarianos.
Emmanuel Fragnière, profesor de la Escuela Superior de Gestión (HEC) de Ginebra, las nacionalizaciones “pueden ser benéficas en el corto plazo, pero fracasarán sistemáticamente en el largo plazo. Para financiarse, estas empresas estatales deben ser atractivas para los inversionistas. Tras una nacionalización, sin embargo, faltan los conocimientos técnicos necesarios para garantizar la continuidad de la producción, y con frecuencia (las empresas) terminan por financiarse a tasas de interés más elevadas”.
Walter Suter matiza que hay más de una fórmula para estatalizar. “Algunos Estados optan por retomar la mayoría de una empresa, pero invitan a las empresas privadas, que cuentan con el know how, a seguir operando la compañía con una participación minoritaria. Son expropiaciones parciales que permiten a los grupos privados seguir ganando dinero”.
Sectores estratégicos
En opinión de Emmanuel Fragnière, los recientes anuncios de Argentina y Bolivia responden a la misma razón: “Se estimó que las compañías matrices no habían invertido lo suficiente en estos países”.
Una estatalización genera incertidumbre a los capitales privados, reconoce Jessica Crivelli. “La decisión del gobierno de Fernández de Kirchner generó un clima de cuestionamiento general sobre la relación entre Argentina y otros países, y provocó indignación la forma de comunicar la decisión porque fue repentina, hostil y arbitraria”.
La motivación debe entenderse en el marco de lo sucedido en el mercado energético argentino durante los últimos 30 años, destaca la experta. “En 1980, Argentina era un país con autonomía energética. Hoy está sumido en una grave descapitalización de sus reservas estratégicas y su política energética carece de rumbo desde hace años”.
“La adquisición de la participación de Repsol-YPF se explica pues, en primer término, en la necesidad de obtener fondos que saneen el frágil presupuesto del Estado argentino, y en segundo lugar, en la conveniencia de recobrar la autarquía energética perdida”.
La historia de Bolivia y Red Transmisora de Electricidad (RTE) es parecida.
Caso Holcim
La cementera Holcim es una de las grandes empresas suizas tocadas por una expropiación latinoamericana durante los últimos cinco años.
En 2008, Caracas devolvió la gestión mayoritaria de Holcim al gobierno. Una decisión que implicó una compleja negociación y un posterior rompimiento. Holcim interpuso un recurso ante un tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial quejándose por la falta de indemnizaciones. En 2010, finalmente, las dos partes llegaron a un acuerdo.
“En septiembre del 2010, Holcim firmó un acuerdo con Venezuela para la compensación financiera derivada de la nacionalización del 2008 y se suspendió el procedimiento de arbitraje internacional. Se acordó una indemnización de 611 millones de francos suizos (650 millones de dólares)”, declara a swissinfo.ch Peter Gysel, portavoz de Holcim.
Caracas ha desembolsado la mitad de la indemnización. “El primer pago, por 244 millones de francos, tuvo lugar ese mismo mes. Un segundo pago, por 87 millones de francos, se verificó en septiembre de 2011. Está pendiente aún una compensación por 275 millones de francos que será pagada en tres entregas anuales de 92 millones de francos, la próxima de ellas prevista para septiembre de 2012”.
Legitimidad, populismo…
Las nacionalizaciones levantan pasiones y obligan a poner en la balanza los argumentos de cada una de las partes implicadas.
¿Encabeza Sudamérica una oleada de legítima recuperación de los sectores estratégicos de sus economías? ¿Hay populismo detrás de tales decisiones?
“El surgimiento de políticas populistas en Latinoamérica con frecuencia está ligada a la emergencia de las crisis económicas, la percepción de injusticia y la percepción de pérdida de bienestar de amplias capas sociales”, afirma Jessica Crivelli.
En su opinión, sin embargo, un alejamiento con respecto al capitalismo de Estados Unidos debe ser interpretado más bien como un intento de liberación.
El ex embajador Walter Suter hace referencia a un punto poco abordado cuando se ponderan las ventajas y desventajas de una estatalización: los Acuerdos de Protección y Promoción de Inversiones (APPI) recíprocas, que son muy importantes para dar certidumbre a los capitales privados. Pero éstos solo se violan cuando un gobierno realiza una expropiación discriminatoria, es decir, cuando afecta a solo una o dos empresas de un sector y/o no paga la indemnización contractual prevista por el APPI.
“Sin embargo, cuando un gobierno decide que un sector es estratégico para su desarrollo y anuncia una nacionalización general, los principios de los APPI no se aplican, excepto la obligación del gobierno de efectuar el pago de la indemnización definida en el acuerdo. En mi opinión, decisiones de esta índole son perfectamente legítimas y están en sintonía con el derecho internacional”, puntualiza.
Los casos de YPF-Repsol (Argentina) y Red Eléctrica Española (Bolivia) se suman a una lista nacionalizaciones en América Latina.
Los procesos más relevantes en Venezuela han sido la expropiación de mejoradores de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, que afectó a Exxon Mobil y Conoco Phillips, Chevron, BP, Statoil y Total, entre otros grupos (2007).
Ese mismo año, se concluyó la estatalización de CANTV, la principal empresa de telecomunicaciones del país, y de La Electricidad de Caracas.
La industria cementera se nacionalizó en 2008, tocando intereses suizos (Holcim), franceses y mexicanos. Posteriormente se retomó la gestión del Banco de Venezuela y otros grupos financieros de manos del Grupo Santander.
Bolivia ha nacionalizado el sector de los hidrocarburos (2006), minas de estaño de Huanuni (2007), Vinto, que pertenecía a la empresa Sinchi Wayra, filial de la suiza Glencore (2007), las petroleras Repsol y British Petroleum, así como la Compañía Logística de Hidrocarburos (2008), entre otras.
En 2006, regresó al Estado la gestión de Petrobrás y en 2010, las nacionalizaciones se centraron en el sector eléctrico.
El gobierno de Argentina nacionalizó los fondos privados de pensiones (2008) para llevar los recursos al sistema oficial de seguridad social (Anses).
Ese mismo año, el gobierno anunció la estatalización de Aerolíneas Argentinas, hasta entonces propiedad de la española Marsans. En 2012, dio a conocer su intención de devolver al estado la gestión de la petrolera española YPS-Repsol.
Holcim constituye el caso más emblemático de una empresa suiza nacionalizada en América Latina en el último lustro.
Walter Suter, fue embajador de Suiza en Venezuela entre 2003 y 2007, periodo en el que se gestó la decisión de nacionalizar parcialmente a las cementeras Holcim (Suiza), Lafarge (Francia) y Cemex (México).
Desde su perspectiva, las empresas recibieron al menos tres llamados por parte del gobierno venezolano –a través de mensajes públicos del presidente Hugo Chávez- que solicitaban destinar toda la producción de cemento al mercado venezolano, en lugar de canalizar una parte de ésta a exportaciones.
Una consigna que no siempre fue cumplida por algunas compañías y que desembocó en la decisión tomada.
Sobre cómo afecta la certidumbre de las inversiones y el clima para nuevos proyectos el anuncio de una estatización, Holcim declinó opinar para swissinfo.ch.
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