Libertad de expresión: universal, pero no absoluta

La libertad de expresión –recogida formalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948– se ha convertido en el elemento de la democracia representativa moderna más discutido en todo el mundo. Mientras en un número creciente de países está amenazada; en otros, sus límites se ponen a prueba. Para la politóloga Yanina Welp, estamos en una encrucijada crítica.    

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948, afirma que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (artículo 19).

La libertad de expresión, por tanto, se refiere a la capacidad de un individuo o grupo a expresar sus creencias, pensamientos, ideas y emociones sobre diferentes temas libre de censura. Pero ¿es un derecho absoluto? Está claro que no. Un ejemplo reciente lo tenemos el año pasado en Suiza, cuando en un referéndum sobre los límites de la libertad de expresión un 63,1% de los ciudadanos votó a favor de una ley que prohíbe la discriminación anti-LGBT, frente al 36,9% que votó en contra. Otro referéndum en 1994 ya dictaminó que la homofobia es delito y no, “una cuestión de opinión”.

Mientras tanto, varias fuentes y clasificaciones muestranEnlace externo que los medios de comunicación suizos están libres de interferencias editoriales y gubernamentales; pero de los medios se espera que se adhieran al código penal, que prohíbe el discurso racista o antisemita, así como el homófobo.   

Durante la pandemia, no obstante, han surgido distintos desafíos. Desafíos de las nuevas formas de pensamiento negacionista, como las que promueven los grupos anticiencia y antivacunas, por un lado; y de las personas que consideran que los gobiernos están “aprovechando la pandemia para introducir más control y menos democracia”, por otro.   

Esta última afirmación procede de los ‘Amigos de la Constitución’ de Suiza, que el otoño pasado recogieron firmas para impugnar la denominada “ley COVID” de 2020, que el Gobierno y el Parlamento helvéticos elaboraron para gestionar la respuesta al coronavirus. El único caso en el mundo en el que los ciudadanos podrán tomar directamente una decisión vinculante sobre la respuesta de su país a la pandemia será probablemente la votación del 13 de junio en Suiza.   

Un pilar de la democracia moderna

La libertad de expresión, así pues, es un derecho fundamental pero no absoluto. Y también es un pilar de la democracia moderna.

Así lo reconoce la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, adoptada el 15 de diciembre de 1791, que garantiza que “el Congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión, o que prohíba su libre ejercicio; o que coarte la libertad de expresión o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios”. En su momento, un objetivo clave de la enmienda, subrayado por Thomas Jefferson, era construir “un muro entre la Iglesia y el Estado”. Pero con el tiempo, la libertad de medios de comunicación y de expresión se convirtió en un componente fundamental de los regímenes democráticos, dado que el derecho a la libertad de expresión muestra la apertura de un sistema político para permitir el control de su poder y la rendición de cuentas.

La libertad de expresión se enfrenta más recientemente a amenazas crecientes. Por un lado, los autócratas se multiplican en todo el mundo, al igual que la persecución a los medios de comunicación independientes y activistas sociales. Por otro lado, la progresiva escalada e influencia de las grandes empresas tecnológicas ha generado nuevos problemas para los sistemas democráticos existentes. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump encarnó de forma nítida una combinación de ambos desafíos: líderes de tendencia autoritaria y nuevos medios de comunicación. 

La decisión de Twitter y Facebook de suspender sus cuentas, sin embargo, también ha dejado en el aire cuestiones cruciales: ¿Deben ser las empresas privadas las que se encarguen de controlar el discurso inaceptable? ¿Dónde están los límites entre el discurso del odio y la libertad de expresión? ¿Están las empresas de medios de comunicación erosionando la libertad de prensa plural e independiente?

Bajo presión

En 2021, varias naciones del G-20, entre ellas Brasil, India y Turquía, se encuentran entre los países en los que la democracia está disminuyendo o transformándose en autocracia. A la cabeza de esta dudosa carrera se halla Polonia. Las cifras que ofrece el instituto Varieties of Democracy (V-Dem), con sede en Gotemburgo, son sorprendentes: el 68% de la población mundial (87 países) vive en regímenes autocráticos; India, con sus 1 370 millones de habitantes, recientemente ha pasado de ser la “mayor democracia del mundo” a una “autocracia electoral”. Entre los factores más importantes que han llevado al descenso de India, están las amenazas a la libertad de los medios de comunicación, el mundo académico y la sociedad civil.     

¡Haga oír su voz!  Serie SWI

Serie SWI #libertaddeexpresión

En principio, todo debería estar muy claro. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el mismo artículo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (1966) estipulan que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. En Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) confirma la libertad de expresión como un derecho jurídicamente vinculante (artículo 10). Suiza consagra esta libertad fundamental en el artículo 16 de su Constitución de 1999.

Sin embargo, en la práctica sigue siendo muy cuestionado. Muchos gobiernos del mundo no solo no protegen el derecho a la libertad de expresión, sino que cada vez lo debilitan más. En otras partes del mundo, individuos y grupos utilizan el término “libertad de expresión” para justificar discursos discriminatorios y de odio. Pero aunque es un derecho universal, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Garantizarlo y aplicarlo siempre está en la cuerda floja.   

En una nueva serie de SWI swissinfo.ch abordamos distintos aspectos, retos, opiniones y desarrollos en torno a la libertad de expresión en Suiza y en el mundo. Proporcionamos una plataforma para que los ciudadanos se expresen sobre esta cuestión, ofrecemos análisis de académicos de gran prestigio y destacamos los avances tanto a nivel local como mundial. Y, por supuesto, invitamos a los lectores a que se unan a la conversación y hagan oír su voz.

El número de democracias liberales, por su parte, se ha reducido de 41 en 2010 a 32 en 2020, y ahora solo alberga al 14% de la población mundial. Las democracias electorales representan 60 países y el 19% restante de la población mundial.

El patrón que siguen los aspirantes a autocracias copia líneas similares: “los gobiernos en el poder primero atacan a los medios de comunicación y a la sociedad civil, y polarizan a las sociedades faltando al respeto a los opositores y difundiendo información falsa, para luego debilitar las elecciones”.

Las protestas en Hong Kong en 2018 y 2019 exigían más democracia. La respuesta de China ha sido la represión violenta y las restricciones legales. La Ley de Seguridad Nacional, aprobada a mediados de 2020, significa que los ciudadanos ya no son libres de expresarse. Rusia también ha seguido un camino represivo al detener y encarcelar al líder de la oposición Alexéi Navalny, tras un intento fallido de asesinato. (El Gobierno suizo se ha unido a los llamamientos internacionales que exigen la “liberación inmediata” de Navalny).

La libertad de expresión también está bajo presión a nivel mundial. Según V-Dem, el año pasado 32 países experimentaron un descenso sustancial de este pilar democrático; hace tres años, la cifra era de ‘solo’ 19. Y a lo largo de la última década, ocho de los diez indicadores democráticos que más descendieron estaban relacionados con la libertad de expresión.

El populismo reaccionario como signo de agotamiento

También hay una tendencia global que merece más atención cuando se trata del reciente ascenso de líderes populistas reaccionarios en todo el mundo. Este surgimiento del populismo es un síntoma de agotamiento. Las desigualdades estructurales en muchos países –y especialmente en el sistema político de Estados Unidos–, así como el creciente racismo (como chivo expiatorio de la desigualdad) fueron los motores de la popularidad del expresidente estadounidense Donald Trump, por ejemplo.  

Para contrarrestar esta tendencia desdemocratizadora, no tiene sentido bloquear a esos líderes y partidos. Más bien hay que contrarrestar su discurso democráticamente, ofreciendo alternativas a través de una ciudadanía activa y más democracia. Cuando un sistema político no puede ofrecer suficiente bienestar ni protección de los derechos humanos, un discurso de odio ayudará a movilizar al electorado. Detrás de esto subyace la incapacidad de los líderes y del sistema para responder a las demandas de la población y demostrar que la política puede cambiar las cosas.   

¿Cómo puede la política cambiar las cosas? Permitiendo la participación democrática, y mejorando las condiciones de formación de la opinión pública y el ejercicio de los derechos políticos. En otras palabras, no hay democracia sin libertad de expresión.

Traducción del inglés: Lupe Calvo