Niños de Sri Lanka adoptados ilegalmente en Suiza
Olivier de Frouville, experto en derechos humanos de la ONU, afirma que un informe sobre adopciones ilegales de niños de Sri Lanka en Suiza muestra una clara conexión entre el tráfico de personas y las desapariciones forzadas.
En mayo, el departamento de Frouville exigió a Suiza investigar las adopciones ilegales procedentes de Sri Lanka que tuvieron lugar durante las décadas de los años setenta, ochenta y noventa, para determinar si algunos de los niños implicados eran víctimas de desapariciones forzadas y otros delitos. El departamento, es decir, el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas (CED), señaló también que Suiza debía garantizar el derecho a la reparación de las víctimas.
Esas recomendaciones se produjeron tras el examen realizado por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones ForzadasEnlace externo. Suiza ratificó la Convención en 2016. Las autoridades suizas deberán informar a la Comisión antes del 7 de mayo de 2022.
Una desaparición forzada es la detención o secuestro de una persona seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de la ocultación de la suerte o el paradero de la víctima. Esta práctica sitúa a los desaparecidos fuera de la protección de la ley y supone una pesada carga psicológica para sus familias.
En diciembre de 2020 el gobierno suizo reconoció y lamentó la negligencia de las autoridades que conocían y no impidieron las adopciones ilegales de Sri Lanka en Suiza desde la década de 1970 hasta los años noventa. Estas irregularidades figuran detalladas en un histórico informe publicado en febrero de 2020 por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich (ZHAW). En él se constata que más de 700 niños de Sri Lanka fueron adoptados en la década de 1980 en Suiza, algunos de ellos de forma ilegal.
En cuanto a las adopciones ilegales, el gobierno suizo se comprometió a ayudar a los afectados en la búsqueda de sus orígenes. El ejecutivo ha manifestado su intención de realizar otra investigación para determinar si las irregularidades en las normas de adopción también se produjeron con otros países de origen. Un grupo de expertos examinará el actual sistema de adopción para comprobar si sigue habiendo deficiencias.
Olivier de Frouville, vicepresidente del CED de la ONU, ha explicado a SWI swissinfo.ch cómo se ha establecido “por primera vez, y muy claramente” la conexión entre el tráfico de niños y las desapariciones forzadas, y cómo esto podría influir en los futuros trabajos del comité.
SWI swissinfo.ch: ¿Cómo llegó el CED a revisar las adopciones ilegales de Sri Lanka?
Olivier de Frouville: En el caso de Suiza, no nos esperábamos que esta cuestión se planteara ante nuestro comité. Fue una ONG suiza, Back to the RootsEnlace externo, la que presentó, como es su derecho, un informe al comité antes del diálogo con Suiza.
SWI: ¿Cuándo se considera que las adopciones ilegales son desapariciones forzadas?
O.d.F.: Los casos son muy variados. Pero algunos sí son preocupantes y coinciden con las desapariciones forzadas. A veces los niños son raptados y posteriormente se falsifica su identidad. Bien son víctimas de una desaparición forzada o bien fueron robados mientras sus padres estaban a su vez desaparecidos. En algunos casos nacieron durante las desapariciones forzadas de sus madres, y posteriormente fueron robados y adoptados ilegalmente.
Hay muchos testimonios de mujeres que cuentan que dieron a luz y les quitaron a su bebé. El personal médico les dijo que el bebé había muerto, pero nunca pudieron ver el cuerpo. En realidad, el bebé había sido robado y vendido a intermediarios en Sri Lanka, que luego lo daban en adopción a familias suizas. También hay historias de “granjas de bebés”, en las que se privaba a las mujeres de su libertad y se las obligaba a dar a luz a niños de los que luego se apropiaban. En algunos casos, unos intermediarios en Suiza organizaron la adopción de niños de Sri Lanka en familias helvéticas. Para llevar a cabo estas operaciones estos intermediarios tenían que contar con los permisos y el control de las autoridades cantonales. Por otra parte, las autoridades federales tenían derecho a recurrir las autorizaciones concedidas por los cantones.
El informe del Consejo Federal [Gobierno suizo] reconoce que tanto las autoridades cantonales como las federales no tomaron las medidas adecuadas para impedir muchas adopciones ilegales, incluso a través de intermediarios suizos, a pesar de que, desde principios de los años ochenta, la embajada suiza en Colombo había enviado informes sobre prácticas ilícitas en Sri Lanka relacionadas con las adopciones internacionales.
SWI: ¿Cuál fue la respuesta de la delegación suiza a las observaciones de su comité?
O.d.F.: Planteamos la cuestión a Suiza basándonos en los hechos que nos presentó la asociación Back to the Roots. Y Suiza respondió que había iniciado una investigación para intentar aclarar los hechos [Informe del Consejo Federal sobre el postulado Ruiz 17.418Enlace externo1]. Admitieron también que algunos de esos casos, no necesariamente todos, pudieron haber sido resultado de desapariciones forzadas en el sentido de la Convención. Creo que las autoridades suizas se están tomando este asunto muy en serio y, lo que es más importante, están trabajando en estrecha colaboración con las propias víctimas. Tenemos la esperanza de recibir buenas noticias cuando Suiza informe al comité en mayo de 2022.
SWI: ¿Cuáles son las obligaciones de Suiza en virtud de la Convención?
O.d.F.: La Convención se aplica a todos los casos que entran en la definición de desapariciones forzadas. Acogemos con satisfacción la adopción, por parte del Consejo Federal, del informe en respuesta al postulado Ruiz. Tomamos nota de que el informe reconoce y lamenta los fallos de Suiza. Pero también decimos que nos preocupa que Suiza no parezca plantearse tomar medidas para perseguir a los autores y reconocer el derecho de reparación a las víctimas. Por lo tanto, recordamos [a Suiza] que todos los Estados tienen la obligación de investigar y castigar a los autores, y también la obligación de proporcionar reparación a las víctimas. También decimos que las víctimas tienen derecho a la verdad, y el Estado tiene el deber de ayudarlas en la búsqueda de esa verdad, incluso mediante la cooperación con los países de origen como Sri Lanka, que también es parte de la Convención.
SWI: ¿Cómo afectará este caso al trabajo de su comité?
O.d.F.: Creo que para nosotros es claramente un nuevo campo. Anteriormente, habíamos estudiado la práctica de las adopciones ilegales en otros contextos; generalmente, períodos de conflictos armados o dictaduras, como en Argentina o incluso en España durante el franquismo, cuando miles de bebés fueron secuestrados para ser criados según la ideología del régimen. El secuestro y la apropiación de niños se dan también en contextos de represión contra civiles o incluso en el contexto de genocidios coloniales o postcoloniales como en Norteamérica o en Australia.
En este caso, nos enfrentamos a otro tipo de adopción ilegal como es la desaparición forzada, que está más bien relacionada con el crimen organizado, con pocos o ningún motivo político, aunque a veces hay una línea muy fina. Está claro que este tipo de adopciones ilegales abarca muchos países. En la actualidad estas prácticas se observan generalmente a través del derecho internacional privado y la regulación de la adopción internacional (Convenio de La Haya de 1993 sobre Adopción), los derechos de los niños (Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía), pero también la trata de personas (Protocolo de la ONU sobre la Trata de Personas y otros instrumentos regionales).
La desaparición forzada aporta una nueva dimensión a la cuestión. El número de víctimas es desgraciadamente enorme. Por lo tanto nuestro deber es, en primer lugar, trabajar en estrecha coordinación con otros organismos competentes que trabajan bajo otros marcos legales. Y en segundo lugar, ser conscientes de que no todos los casos pueden entrar en el ámbito de las desapariciones forzadas. Dicho esto, creo que nuestra perspectiva puede aportar mucho para reforzar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de daño causado. Además, los delincuentes que se aprovechan del robo de niños a sus familias para venderlos en el país o en el extranjero deben ser conscientes de que la desaparición forzada es un delito muy grave, e incluso puede ser, en determinados casos, un crimen contra la humanidad. También es un delito continuado, en el sentido de que continúa después del secuestro hasta que se encuentra al desaparecido. Por lo tanto, puede castigarse años después de que se haya producido el secuestro.
Traducción del inglés: Carla Wolff
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