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Proceso de reconciliación Berna respalda un plan de paz para Sri Lanka

(Keystone)

Casi cuatro años después de que las fuerzas del Gobierno de Sri Lanka reprimieran a los rebeldes tamiles, la diplomacia suiza apoya una iniciativa sudafricana de reconciliación. La meta es reunir a las partes involucradas en una mesa de negociación.

Desde 2011, Sudáfrica, así como ONG sudafricanas y esrilanquesas lideran una iniciativa de paz multidimensional destinada a relanzar las negociaciones entre la Alianza Nacional Tamil (TNA) y el Gobierno de Sri Lanka y apoyar una posible reconciliación tras una guerra que duró 30 años.

Representantes esrilanqueses y sudafricanos intercambiaron visitas mutuas el año pasado, y a principios de este mes, una delegación de la TNA voló a Sudáfrica para establecer nuevos contactos.

Deseosa de aportar un grano de arena a la construcción de una paz duradera para el país del sudeste asiático, Suiza provee apoyos financiero y político a la iniciativa encabezada por Sudáfrica.

“Suiza está convencida de que solo un diálogo inclusivo podrá generar una solución duradera para un conflicto político en el que todas las partes, incluidas las minorías, tengan la posibilidad de participar en la toma de decisiones de forma equitativa”, afirma la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carole Wälti.

Los observadores opinan que la experiencia de Sudáfrica después del apartheid puede aportar mucho a la Sri Lanka de la postguerra, pero la iniciativa conlleva una serie de riesgos.

“Los gobiernos preocupados por una paz sostenible en Sri Lanka también deben cuidar que su deseo por comprometerse constructivamente no terminen facilitándole las cosas a la intransigencia de Colombo y sus tácticas dilatorias”, afirmaba el Grupo Internacional de Crisis (ICG) en un informe publicado en noviembre.

“Difícil ser optimista”

Alan Keenan, experto en Sri Lanka del ICG, va incluso más lejos al afirmar que es “muy difícil ser optimista” sobre la iniciativa sudafricana. “Si tiene algún valor, es solamente como un canal de largo plazo para generar confianza entre las partes. Pero es responsabilidad del Gobierno esrilanqués mostrar su disposición real para cumplir los muchos compromisos que asumió reciente el principal partido tamil. Y no creo que esto suceda pronto”.

Keenan reprocha al gobierno de Sri Lanka de que no tenga intención alguna de conducir negociaciones justas con los partidos políticos tamiles ni de devolver el poder a la mayoría tamil en las provincias orientales y septentrionales. Y menos aún, de cumplir sus promesas.

Las políticas actuales hacia los tamiles, especialmente en la provincia norteña, fueron minando sus derechos y dañando las perspectivas de una solución política duradera, agrega.

"Es muy importante que los Gobiernos suizo y sudafricano muestren al mundo esta falta de progresos, y que no permitan a las autoridades esrilanquesas engañar al mundo en este tema. Tanto Suiza como Sudáfrica deben apoyar una sólida resolución en la próxima sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, prevista para marzo en Ginebra”, puntualiza Keenan.

Desplazados y retornados

Casi tres años después del fin del conflicto armado en Sri Lanka entre las fuerzas gubernamentales y los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE) que duró 26 años, unos 470.000 desplazados han regresado a sus zonas de residencia original.

Se estima que hay al menos 93.000 desplazados en campamentos temporales o comunidades de acogida en los distritos de Vavuniya, Jaffna y Trincomalee.

De los que han vuelto a casa, muchos tienen problemas para acceder a servicios básicos de alimentación, salud, agua potable, y reconstruir su vida. También les resulta muy difícil ejercer sus derechos civiles.

Fuente: Centro de Control de Desplazamientos Internos (24 de enero de 2013)

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Sri Lanka rechaza las acusaciones

Por segundo año consecutivo, Estados Unidos presentará ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU una resolución contra Sri Lanka por no haber perseguido a los responsables de las violaciones de los derechos humanos que cometieron durante la fase final del conflicto civil.

El Gobierno esrilanqués ha rechazado las acusaciones, entre ellas el presunto asesinato de miles de civiles inocentes de una minoría tamil y ha desestimado también los llamados a realizar una investigación internacional independiente.

El presidente Mahinda Rajapaksa se limitó a nombrar en 2010 a Comisión de la Reconciliación y las Lecciones Aprendidas (LLRC), una estructura nacional a la que encargó investigar los eventos ocurridos en febrero de 2002 y mayo de 2009. Una Comisión fuertemente cuestionada por los defensores de los derechos humanos.

En marzo de 2012, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución en la que urgía a Sri Lanka a instrumentar las recomendaciones formuladas en el informe final de la LLRC, publicado en diciembre de 2011. Entre ellas figura una investigación sobre las violaciones que se cometieron en materia de derechos humanos y derecho humanitario.

Según un nuevo informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hecho público el 13 de febrero, las medidas que ha emprendido el Gobierno para investigar las alegaciones de graves violaciones de los derechos humanos “no son conclusivas y carecen de la independencia e imparcialidad que se requieren para generar confianza”. El documento agrega que Sri Lanka solo se ha comprometido a aplicar algunas de las recomendaciones del LLRC.

Las autoridades de Colombo defienden su posición y argumentan que han hecho grandes esfuerzos por atender los problemas de la postguerra y por progresar en la aplicación de las recomendaciones de la LLRC.

El mes pasado, durante una visita al país de una delegación de Estados Unidos, el ministro de Asuntos Extranjeros de Sri Lanka, Gamini Lakshman Peiris, declaró a la prensa que el éxito de la recuperación de la paz dependería en gran medida de que su país reciba el tiempo y espacio necesarios para continuar un proceso que ya está en marcha.

Y añadió que el país está realizando progresos importantes en lo relativo a la reubicación de los desplazados, así como en la reintegración de excombatientes, la retirada de minas y la reactivación de la economía en el norte del país.

Cultura de la impunidad

La diplomacia helvética tiene otra percepción de las cosas. “La situación en el norte, y en menor medida en el este del país, es precaria pese a los avances que hay en materia de infraestructura”, dice Wälti.

“La provincia del norte es la única que no ha realizado elecciones para su Parlamento y los militares aún juegan un rol importante en los asuntos civiles y económicos. La sociedad civil, en general, y los activistas de los derechos humanos, están bajo una gran presión”.

Varias ONG de defensa de los derechos humanos y países occidentales han expresado sus inquietudes sobre la reciente destitución de Shirani Bandaranayake, presidenta del Tribunal Supremo de Sri Lanka, así como las restricciones a la libertad de expresión.

Según un artículo que publicó en enero pasado el semanario The Economist, Sri Lanka “avanza lentamente rumbo a la dictadura”.

Un informe de Amnistía Internacional publicado a finales de 2012 describió el “clima de temor” que reina, así como la represión de los disidentes y los continuos reportes de tortura, que se traducen en muertes, desapariciones y ejecuciones extraoficiales.

“No solo se trata del pasado. El problema real es la cultura de la impunidad y que siguen las violaciones de los derechos humanos”, recalca Yolanda Foster, experta en Sri Lanka de Amnistía Internacional.

En respuesta al informe de la ONU publicado esta semana, el Gobierno esrilanqués niega que hayan multiplicado las desapariciones y afirma que se han adoptado medidas para investigar todos los casos de supuestas desapariciones.

Cooperación suiza en Sri Lanka

En 2012, Suiza destinó 7,2 millones de francos a su programa en Sri Lanka. Para el periodo 2013-2015 tiene previsto invertir una suma similar.


Suiza apoya el reasentamiento de alrededor de 40.000 desplazados por la guerra en el norte del país. Se han previsto viviendas y otras infraestructuras para ellos. En esa labor participan la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), ONU-Hábitat y la ONG suiza Solidar, en colaboración con las autoridades locales y los beneficiarios.

Cerca de 2.000 familias han construido nuevas viviendas y otras 2.700 han recibido otros medios de ayuda.

Unas 2.500 familias han cumplido con los requisitos necesarios para acceder a ayudas financieras diseñadas para permitirles iniciar algún negocio que se convertirá en su fuente de ingresos.

Se está prestando también especial atención a la generación de agua potable a través de la rehabilitación de pozos y estanques. Más de 3.000 estudiantes tienen acceso a servicios de educación básica, gracias a la reconstrucción de varias escuelas.

COSUDE apoya a la Fundación Suiza contra las Minas (FSD), que ha desminado más de 560 km2 de tierra.

En colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros agentes no estatales, COSUDE defiende los derechos de los 250.000 trabajadores migrantes y sus familias.

Asimismo respalda el proceso de reconciliación a través del diálogo político, el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Fuente: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

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(Traducción: Andrea Ornelas), swissinfo.ch


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