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Primer puesto, pero también duras críticas a Suiza

En Suiza, los ciudadanos acuden generalmente cuatro veces al año a las urnas para votar temas de ámbito nacional, cantonal o municipal. Daniel Rihs / 13 Photo

En un nuevo estudio de la Fundación Bertelsmann, el país alpino es líder de la lista en lo que se refiere a los derechos de participación política de los ciudadanos. Pero la publicación también señala sin miramientos uno de los puntos débiles del sistema político suizo: la escasa transparencia financiera.

Por primera vez, un instituto internacional independiente, la Fundación BertelsmannEnlace externo, con sede en Alemania, ha comparadoEnlace externo los derechos populares de democracia directa en 41 Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Unión Europea (UE). 

La OCDEEnlace externo reúne a los países económica y democráticamente desarrollados. Además de la mayoría de los Estados europeos, Turquía e Israel, entre sus miembros figuran países de Asia (Japón y Corea del Sur), de Norte y Sudamérica (Canadá, Estados Unidos, México y Chile), así como de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda). 

El estudioEnlace externo analiza los derechos de participación política en el marco de una amplia investigación sobre la gobernabilidad duradera en diferentes países basándose para ello en una selección de criterios.

Sus autores establecen que SuizaEnlace externo es campeona mundial en materia de derechos ciudadanos derivados de la democracia directa. El país alpino es el único de los 41 sistemas políticos analizados que obtiene la nota máxima: un 10. “Esta forma de democracia directa tiene muchas ventajas”, escriben. Asimismo destacan que integrar con habilidad el proceso de democracia directa en un sistema representativo constituye “un dique contra la tiranía de la mayoría y contra el florecimiento de corrientes populistas”. De esta manera, dicen, puede maximizarse “la satisfacción de los ciudadanos con su sistema político”.

Detrás de Suiza se sitúan Letonia, Lituania, Eslovenia, Estados Unidos (que obtienen un 8, ningún país consiguió un 9), así como Bulgaria, Italia y Polonia (nota 7). En los últimos puestos figuran Dinamarca, Holanda (4), Turquía y Noruega (2). El país escandinavo rico en petróleo no ofrece, según la Fundación Bertelsmann, “ninguna posibilidad formal de participación ciudadana”.

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Desde hace años, los estudios de instituciones de índole diversa que miden y comparan las capacidades de los sistemas políticos, sociales y económicos se multiplican como hongos. Algunos ejemplos son índice de competitividad e innovación del Foro Económico MundialEnlace externo (WEF), el índice de libertad de ‘Freedom House’Enlace externo (un laboratorio de ideas estadounidense) o más recientemente, el índice de simpatía del instituto InterNationEnlace externo, que compara las condiciones de vida de la población extranjera en 67 países (y según el cual, Taiwán es el país más amable y Suiza el tercer país menos amable del mundo).

El semanario británico ‘The EconomistEnlace externo’ también suele publicar regularmente análisis interesantes sobre la situación política, económica y social internacional que realiza su división ‘Intelligence Unit’.

Sin embargo, estos estudios se centran a menudo en criterios externos: utilizan, por ejemplo, el grado de organización de los sindicatos para medir la participación. Y esto puede llevar a que un país como Noruega, donde los ciudadanos acuden muy rara vez a las urnas y los cuadros políticos han perdido representatividad, sea considerado una democracia “casi perfecta”Enlace externo, en la que la participación política de los ciudadanos obtiene la máxima nota.

Contradicciones

Se recomienda, por tanto, cierta cautela en lo que se refiere a la fiabilidad de tales estudios. Aun así, la tentativa de Bertelsmann de establecer un indicador de gobernabilidad duraderaEnlace externo no deja de ser interesante. Y no solamente por la citada clasificación de la democracia directa, sino también porque los investigadores formularon preguntas claras sobre el carácter jurídicamente vinculante de los derechos populares para evitar respuestas ambiguas.

En algunas partes, los expertos no parecen haber entendido lo que significa, por ejemplo, una iniciativa popular. Así, en el caso de Suecia el estudio pretende que las iniciativas nacionales para someter un tema a una votación nacional son muy raras, “pero existen”, lo cual no es correcto desde el punto de vista político ni jurídico. Sencillamente, no existe (aún) tal derecho popular en Suecia.

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En el caso de Malta afirma que los ciudadanos no pueden recolectar firmas para exigir una votación popular. Tampoco es correcto. En la primavera de 2015, los malteses acudieron a las urnas para pronunciarse sobre la caza de aves migratorias. El referéndum fue resultado de una iniciativa popular.

Transparencia financiera: insuficiente

Llaman la atención también los comentarios sobre Suiza y su democracia directa tales como “solo muy pocos ciudadanos (40-50%)” participan en las votaciones, una conclusión que se contradice con las cifras y, por tanto, cae por su propio peso. Además, los resultados de varios estudiosEnlace externo demuestran claramente que muy pocos ciudadanos (10%) nunca acudieron a las urnas, con motivo de unas elecciones o votaciones, durante cuatro años.

Más convincentes, en cambio, son las críticas contra la escasa transparencia financiera. En este aspecto, Suiza recibe la peor puntuación (1) de todos los países.

La clasificación Bertelsmann sobre derechos populares debe considerarse como una primera tentativa por parte de un instituto independiente de analizar el desempeño democrático y político de varios países y, en particular, de comparar los derechos de participación política a escala mundial. Y no cabe duda de que, al igual que la democracia, el estudio dispone aún de margen para mejorar.

Traducción del alemán: Belén Couceiro

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