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Suspender la ayuda al desarrollo para lograr que los golpistas entren en razón

Manifestación de protesta
Protesta contra el golpe militar en Mandalay, Brimania, el 22 de marzo de 2021. Keystone / Stringer

Después de un golpe de Estado, frente a violaciones graves de los derechos humanos o a regímenes corruptos, los países donantes se encuentran ante un dilema: si suspenden la ayuda al desarrollo, abandonan a la población a su suerte. Si siguen financiando proyectos, corren el riesgo de mantener en el poder a gobiernos ilegítimos o de prolongar una guerra. ¿Cómo suele proceder Suiza en estos casos?

Tras el golpe de Estado en Birmania (rebautizada Myanmar) en febrero de 2021, la Unión Europea (UE) congeló los fondos destinados a la ayuda al desarrollo. Poco después, Suiza también suspendió los pagos. AlemaniaEnlace externo ya había suspendido los proyectos de cooperación al desarrollo con Birmania mucho antes del golpe, porque el Estado birmano no protegía a la minoría musulmana de los rohinyá.

¿Es justo suspender la ayuda al desarrollo cuando un gobierno autoritario llega al poder? ¿Se puede condicionar el pago de ayuda económica al respeto de los derechos humanos en el país beneficiario? ¿O la suspensión de las ayudas no hace sino causar más sufrimiento a la población? Son preguntas a las que los países europeos responden de forma distintaEnlace externo.

Un problema, diferentes respuestas

Bélgica, por ejemplo, suspendió una parte de sus programas de cooperación en Ruanda en 2015 debido a las violaciones de los derechos humanos. Y en 2014, Dinamarca y Holanda cerraron los programas bilaterales en Uganda, cuando el país africano endureció las penas contra la homosexualidad. Francia es más cauta y solo los cierra después de un golpe de Estado.

  • Enviar una señal inequívoca al país beneficiario
  • Ejercer presión, como ocurre cuando se decretan sanciones
  • Consideraciones de política interior en el Estado donante
  • No dañar la imagen de la ayuda al desarrollo
  • Cuando pesan dudas sobre el cumplimiento de los objetivos
  • Consideraciones relativas a la seguridad del personal

La estrategia de China es completamente distinta: la superpotencia no se inmiscuye en la política interior de los países beneficiarios, lo que altera el equilibrio de fuerzas. “Por primera vez, los países en desarrollo pueden elegir si prefieren cooperar con los países occidentales o con China”, dice Fritz Brugger, politólogo en el Centro para el Desarrollo y la Cooperación (NADELEnlace externo) de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich.  

Las decisiones de Suiza a veces son arbitrarias

En Suiza no existe una base legal que defina cuándo debe suspenderse la ayuda al desarrollo debido a un golpe de Estado, violaciones de los derechos humanos o un comportamiento poco cooperativo. El Gobierno decide según su propio criterio y en función de la situación.

Esta manera de proceder le otorga “cierto margen de maniobra”, explica Fritz Brugger, que trabajó varios años en el ámbito de la cooperación internacional. Sin embargo, la elección de los países destinatarios es en sí arbitraria, porque Suiza no puede estar presente en todos los países del mundo.

“Estas decisiones del Consejo Federal [Gobierno suizo] siempre son problemáticas. El Gobierno podría al menos informar al Parlamento antes de decidir, pues rara vez son decisiones que se tengan que tomar de la noche a la mañana”, sostiene Yvette Estermann, experta en política exterior de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora). Aunque notificar previamente al Parlamento a través de la Comisión de Política Exterior puede alargar el proceso de la toma de decisión, también permite encontrar una solución sostenible y reducir las críticas al Gobierno, según la diputada de la UDC.  

Su homólogo del Partido Socialista (PS, izquierda) Fabian Molina, en cambio, considera que es correcto que el Gobierno decida solo. “Especialmente en el caso de un golpe de Estado, hay que actuar con celeridad”, dice. En el caso birmano, se trataba además de una decisión temporal. “Si Suiza quiere retirarse definitivamente de un país, el Consejo Federal [Gobierno suizo] tiene que consultar a las Comisiones de Política Exterior del Parlamento”, recalca el diputado socialista.

Según Fritz Brugger, tampoco hay que subestimar cómo influye la política interior en las decisiones del Gobierno. Es decir, las decisiones son también un cálculo político. “El Consejo Federal quiere, ante todo, evitar que los círculos escépticos hacia la ayuda al desarrollo no utilicen una situación determinada para cuestionar la cooperación al desarrollo en su conjunto”.   

Suspensión de la ayuda tras un asesinato

El ejemplo de Madagascar ilustra que la ayuda al desarrollo también puede suspenderse por razones de política interior. En 1996 el cooperante suizo Walter Arnold fue estrangulado en la capital malgache Antananarivo. La enorme consternación que causó su asesinato en la población suiza obligó al Gobierno a actuar para calmar las aguas.

Y encontró una fórmula: Como la colaboración de las autoridades malgaches para esclarecer el crimen dejaba mucho que desear, Berna decidió cerrar la oficina de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) en Madagascar y eliminó al país de la lista de países prioritarios.

Walter Arnold
Walter Arnold. Keystone / Archive

A posteriori, esta decisión resulta un tanto embarazosa. En la actualidad se sospecha que Arnold fue asesinado por haber acusado a sus colegas suizos de malversar el dinero de la ayuda al desarrollo – el entonces director adjunto de COSUDE utilizó los fondos públicos para regentar un burdelEnlace externo. El Ministerio Público de la Confederación reabrió el casoEnlace externo en 2017.

Es posible que Suiza tuviera más responsabilidad que Madagascar en el asesinato y las chapuzas en la investigación. El caso es que Madagascar no volvió a ser país prioritario de la ayuda al desarrollo suiza. Tres años después de que la retirada de COSUDE, Suiza vuelve a estar presente en Madagascar con un programa especial.

La ayuda al desarrollo puede prolongar las guerras

En el caso birmano, es evidente que hay que suspender la ayuda al desarrollo, según Brugger. “Tras el golpe militar es cuestionable que Suiza y Birmania puedan alcanzar los objetivos que acordaron conjuntamente”.

En los países que caminan progresivamente hacia un régimen autoritario, la cuestión es más compleja. En Mozambique, por ejemplo, donde los excombatientes por la liberación se han consolidado en el poder y encabezan un régimen altamente corrupto que controla la política, la administración y la economía. “A los países donantes les cuesta adoptar una posición firme en el caso de Mozambique”, explica Fritz Brugger. “A menudo no atribuyen la suficiente importancia al hecho de que con su dinero contribuyen a mantener en el poder a un gobierno corrupto”.

Gobierno
El presidente de Mozambique Filipe Nyusi, (dcha), durante la ceremonia de investidura en Maputo, el 15 de enero de 2020. Nyusi prestó juramento para un segundo y último mandato, tras cinco turbulentos años en el cargo en medio de dos sublevaciones armadas. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.

Fabian Molina no ve tal dilema. “Suiza no coopera con el gobierno, sino con la sociedad civil”, dice. Aunque el diputado reconoce que Suiza también trabaja con las agencias locales, insiste en que la labor principal se realiza con la población y las oenegés.

La cuestión de cómo garantizar la seguridad es más complicada: “Las guerras civiles o la represión pueden ser peligrosas para el personal en el terreno y hay que plantearse si pueden llevar a cabo su labor” en tales circunstancias. La mayoría de los países beneficiarios tienen problemas en términos de Estado de derecho y de democracia, pero esto no es una razón para retirarse, según Molina.

La suspensión de la ayuda al desarrollo puede contribuir a aumentar la presión sobre las autoridades para lograr cambios positivos, sostiene Brugg. Pero no hay que olvidar que “algunos países beneficiarios hacen reformas sobre el papel para volver a recibir dinero”. Y así tampoco se resuelve el problema.

Yvette Estermann considera que Suiza debería limitar la ayuda al desarrollo a los Estados dispuestos a cooperar no solo en el ámbito de los derechos humanos y la democracia, sino también a remar a favor de los intereses de Suiza. Por ejemplo, los países que se niegan a readmitir a las personas que solicitaron asilo en Suiza, pero cuyas demandas han sido denegadas, no deberían recibir dinero de la ayuda al desarrollo, según la diputada de la UDC. Aun así, “está claro que para ejercer una presión constante y eficaz sobre las autoridades es mejor seguir en el país y mantener los contactos que retirarse”, reconoce.

Traducción del alemán: Belén Couceiro

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