COVID: Miles de millones esperan ser vacunados

Los países en desarrollo han sido muy afectados por la pandemia. Pero tienen dificultades para conseguir vacunas, ya que el "nacionalismo vacunal" se ha impuesto y las empresas farmacéuticas han preferido vender a los países ricos. Keystone / Aaron Ufumeli

Las restricciones de viaje en respuesta a la nueva variante de Ómicron COVID hicieron que la Organización Mundial del Comercio (OMC) pospusiera una reunión ministerial prevista para esta semana en Ginebra. Esto le da más tiempo para abordar una cuestión esencial pendiente:  cómo modificar las normas comerciales para ayudar a resolver la desigualdad en materia de vacunas.

Una exención sobre los derechos de propiedad intelectual podría ser la clave para que más medicamentos y vacunas contra la COVID lleguen a un mayor número de personas en el mundo en desarrollo. Pero los países, las oenegés y la industria farmacéutica están divididos en torno a la mejor manera de lograr más suministros para cientos de millones de personas en las naciones de bajos ingresos. 

Por ejemplo, menos del 10% de los habitantes del continente africano han sido vacunados, en comparación con un 65% en Suiza y una tasa más alta en muchos países ricos.

Los defensores de la exención relativa de patentes afirman que esto facilitaría el acceso a productos que salvan vidas. Pero otros, Suiza incluida, consideran que no es la mejor solución. Más de un centenar de los 164 países miembros de la OMC respaldan una propuesta encabezada por la India y Sudáfrica para aprobar una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual en virtud del Acuerdo sobre los ADPICEnlace externo (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la OMC. El artículo 31b de este acuerdo refiere que esto es posible “en caso de una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia”. Las conversaciones llevan más de un año, pero necesitan el apoyo de dos tercios de los países de la OMC. 

“La MC12, sin una exención (para los derechos de propiedad intelectual), sería un fracaso”, señala en Ginebra Yuan Qiong Hu, de Médicos sin Fronteras (MSF) y líder de la campaña que promueve la propuesta en el seno de la OMC. La idea central es que más laboratorios internacionales puedan acceder a la tecnología necesaria y producir versiones genéricas ya que, según los autores de la propuesta, esto reduciría el costo de las vacunas anti-COVID y expandiría la producción mundial. 

¿Qué está en juego?

Un simple vistazo a las cifras de la pandemia deja clara la urgencia de brindar más acceso a vacunas y medicamentos: más de 5 millones de personas han muerto a nivel mundial. Y a pesar de que los países pobres poseen sistemas de salud más frágiles, lo que los hace más vulnerables, más de tres cuartas partes de los 5 500 millones de vacunas que se han administrado hasta ahora contra la COVID-19 en el mundo se han destinado a países de ingresos medios y altos, que representan solo un tercio de la población global. 

Médicos sin Fronteras y otras oenegés, incluida Amnistía Internacional, afirman que empresas como Pfizer y Moderna han utilizado sus derechos de propiedad intelectual (PI) para priorizar la fabricación y el suministro de sus vacunas en países con altos ingresos porque eso les permite mantener precios elevados. Las empresas lo niegan.

“La propuesta de India y Sudáfrica nació realmente de la frustración de ver el lento avance de la vacunación en el mundo en desarrollo y de una serie de informes de alto perfil que confirmaron que los dueños de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas no se estaban comprometiendo con las licencias voluntarias”, dice Duncan Matthews, director del Instituto de Investigación de Propiedad Intelectual Queen Mary, con sede en el Reino Unido.

Destaca el contenido de informes que afirman que los fabricantes potenciales en Bangladés, Sudáfrica y Canadá solicitaron que se les concedieran licencias voluntarias, pero les fueron denegadas. “Esto planteó un relevante cuestionamiento a nivel internacional sobre ¿por qué los dueños de la propiedad intelectual se niegan a conceder licencias voluntarias que permiten fortalecer la capacidad de fabricación en caso de pandemia?

Una licencia voluntaria permite llegar a acuerdos entre varias partes en los que se fijan las condiciones específicas de utilización de un producto patentado, considerando una intención y una duración específicas.

¿Cómo funcionaría una exención de propiedad intelectual?

“El acuerdo de la OMC relativo a la propiedad intelectual establece estándares mínimos en materia de protección de la propiedad intelectual, que deben reflejarse también en la legislación nacional de los países miembros de la OMC”, explica Matthews. “A menudo existe la idea errónea de que una exención eliminaría automáticamente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas y tecnologías relacionadas. Pero esto no es algo automático. Solo se abre la posibilidad para que un país miembro de la OMC ponga en pausa estos derechos. India, Sudáfrica y los partidarios (de la iniciativa) han explicado explícitamente que lo que ellos desean es solo una liberación voluntaria de licencias. Y si no lo logramos, queremos llevar a los dueños de los derechos de propiedad intelectual a la mesa de negociaciones porque, si esto no se negocia de forma justa y razonable, aún tenemos el poder último de hacerles renunciar a sus derechos de propiedad intelectual apelando a su legislación nacional”. Se trata de dar más poder a los países en desarrollo que están intentando negociar voluntariamente este tema, concluye.

Las licencias voluntarias son una herramienta comercial típica usada por los dueños de los derechos de propiedad intelectual para comercializar sus productos “porque si firmas un acuerdo voluntario de transferencia de tecnología, recibirás regalías”, explica Matthews. En virtud de estos acuerdos, el conocimiento se comparte de forma confidencial y, si se infringen las reglas, el propietario de la propiedad intelectual puede acudir a los tribunales. En cambio, en el caso de la exención de derechos de propiedad intelectual, no hay ni regalías ni recursos legales.

Algunas empresas de vacunas han concedido licencias voluntarias, en particular Astra Zeneca, con el Serum Institute of India (SII), que también tiene el mandato de suministrar vacunas a la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. COVAX se fijó como objetivo suministrar 2 000 millones de vacunas a los países en desarrollo para fines del 2021, pero en repetidas ocasiones ha tenido que revisar sus proyecciones a la baja por problemas de suministro.

Pfizer realizó un acuerdo tardío con Biovac de Sudáfrica para comenzar a fabricar localmente sus vacunas para África a partir del 2022. Matthews cree que la presión en el seno de la OMC para llegar hasta una exención de los derechos de propiedad intelectual “habría sido un factor en la decisión de Pfizer de participar en esta colaboración con Biovac en Sudáfrica”. 

“Parte de la solución”

Los principales oponentes a la exención de los derechos de propiedad intelectual son la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza, porque son dueños de sólidos sectores farmacéuticos. “Creemos que la protección de la propiedad intelectual es realmente parte de la solución y no del problema”, dice Didier Chambovey, embajador de Suiza ante la OMC. “Es un incentivo para que los laboratorios de investigación innoven y desarrollen nuevas vacunas y terapias”.

Chambovey sostiene que gran parte del gasto en investigación se basó en capital privado de riesgo durante la década previa a la pandemia, fondos que dejarían de fluir si existiera la amenaza de tener que renunciar a los derechos de propiedad intelectual. Las contribuciones del gobierno han reforzado este esfuerzo, especialmente desde 2020, dijo a SWI swissinfo.ch. “Así que es un ecosistema en el que contamos con la cooperación de los sectores público y privado, y ambos están haciendo su mejor esfuerzo. Esto funciona y genera innovación”.

El representante suizo dice que las empresas han logrado aumentar la oferta a través de asociaciones voluntarias y considera que son la única forma de mantener la confianza necesaria. Suiza reconoce que existe un problema de distribución y que la tasa de vacunación en muchas regiones del mundo es “demasiado baja”. Pero Chambovey cree que esto no es un problema relacionado con la propiedad intelectual. Afirma que la ONU tiene instrumentos para ayudar a abordar el problema, por ejemplo, evitar las restricciones a las exportaciones y los obstáculos para el comercio de productos médicos esenciales ayudaría a mejorar la situación. 

La UE ha presentado una propuestaEnlace externo alternativa destinada a aclarar las reglas de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) en un intento por aliviar algunos cuellos de botella en el comercio y la fabricación de vacunas y medicamentos contra la COVID-19. Pero muchos consideran que el esfuerzo no es suficiente.

También la industria farmacéutica se opone a la propuesta de exentar los derechos de propiedad intelectual que encabezan India y Sudáfrica. “Una exención es la respuesta simple pero incorrecta a un problema complejo”, expresó en mayoEnlace externo la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA) de Ginebra. “Más aún, podría conducir a una interrupción (en la producción), al tiempo que distrae la atención de desafíos reales para la ampliación de la producción y distribución de las vacunas COVID-19 a nivel mundial, como eliminar las barreras comerciales, resolver los cuellos de botella en las cadenas de suministro y paliar la escasez de materias primas e ingredientes en la cadena de suministro, así como la falta de voluntad de los países ricos para comenzar a compartir dosis con los países pobres”.

No solo vacunas

La declaración de la IFPMA se produjo luego de que la administración estadounidense de Joe Biden anunciara en mayo pasado -a diferencia de lo sucedido con Donald Trump- que apoyaría una exención de patentes para las vacunas contra la COVID. Pero no ha expresado aún un apoyo a la propuesta ampliada que incluye medicamentos y “conocimientos técnicos sobre tecnología compleja, diseños de diagnósticos y respiradores, y cualquier derecho de autor que sea relevante para esas tecnologías”, apunta Matthews.

Michelle Childs, de la oenegé Drugs for Neglected Diseases (Medicamentos para Enfermedades Olvidadas) señala que también se necesita una exención para los medicamentos y diagnósticos anti-COVID. Ahora que se empiezan a aprobar nuevos fármacoEnlace externos contra ese mal, teme que el “nacionalismo de las vacunas” se extienda y se convierta en un “nacionalismo terapéutico” en el que los países ricos ordenen primero nuevos y prometedores medicamentos para combatir al virus.

La empresa suiza Roche, por ejemplo, tiene un fármaco anti-COVID aprobado por la OMS. Hu, de Médicos sin Fronteras, asegura que este medicamento es caro y el suministro, limitado. Subraya que los países en desarrollo necesitan “todas las herramientas” para combatir la pandemia, ya sean vacunas, medicamentos o respiradores. Y a pesar de que todo mundo está de acuerdo con ella, el diablo siempre está en los detalles.

Aunque todavía están lejos del consenso, los países miembros de la OMC acordaron mantener conversaciones para convocar nuevamente al Consejo de los ADPIC, posiblemente para mediados de diciembre, si se produjera un avance. El 29 de noviembre, los expertos en derechos humanos de la ONU instaron a los Estados a “actuar con decisión para garantizar que todas las personas tengan un acceso equitativo y universal a las vacunas contra la COVID-19, en particular las de los países de bajos ingresos que han quedado en gran medida al margen de la respuesta mundial”.

El aplazamiento de la conferencia ministerial de la OMC no debe ser un motivo de retraso, especialmente a la luz de la nueva variante de Ómicron, subrayaron, sino que “confirma la necesidad urgente de tomar medidas colectivas para abordar la desigualdad en materia de vacunas”.

(Traducción del inglés: Andrea Ornelas)