Presidente de Túnez culpa a la corrupción de los graves daños por contaminación en Gabes
Túnez, 7 dic (EFE).- El presidente de Túnez, Kais Said, dijo que la corrupción y los nombramientos «arbitrarios», sin base en criterios científicos, son la causa de los graves problemas de contaminación en Gabes (costa este), donde cientos de personas sufrieron daños respiratorios por la emisión de gases de un complejo químico que el pueblo exige desmantelar, informó este domingo la Presidencia.
Según una nota del Gobierno difundida en X, el mandatario afirmó que la situación -agravada desde principios de septiembre- no habría llegado a este punto si el mantenimiento, la conservación y la renovación de los equipos de las factorías del complejo -de las cuales alrededor de una veintena pertenecen al Grupo Químico Tunecino, de gestión estatal- «se hubieran realizado de manera oportuna».
Said, que se reunió con los miembros del equipo que designó para abordar la situación de Gabes, destacó que «la práctica de adjudicar repetidamente licitaciones a la misma empresa», cuyo nombre no reveló, es una de las evidencias de la corrupción en el conglomerado del complejo, «pero no la única».
El presidente -al frente del país desde octubre de 2019- agregó, sin referirse a los responsables de dichas adjudicaciones ni a las fechas de las mismas, que «esta empresa, tras instalar aislamiento en la maquinaria de producción, vuelve a sufrir averías, pero aun así, la entidad responsable de los daños sigue siendo la adjudicataria del contrato».
El mandatario, que explicó que valora la posibilidad de privatizar el complejo químico completo, no planteó la opción de desmantelarlo, como exigen los ciudadanos insistentemente, desde mediados de octubre, cuando comenzó una ola de manifestaciones masivas en Gabes para reclamar el cierre definitivo de las instalaciones, dedicadas a la industria del fosfato.
Está prevista una sesión en el Tribunal de Primera Instancia de Gabes el próximo 25 de diciembre, fecha fijada tras cuatro aplazamientos pese a estar calificado como caso «urgente», para emitir el veredicto sobre la solicitud popular de paralización de la producción del complejo, como medida provisional, a la espera del cierre definitivo, que Said no planteó.
El último aplazamiento, dado a conocer este jueves, se produjo porque el tribunal decidió incluir al Ministerio de Medio Ambiente, a la Agencia Nacional de Protección del Océano y al Ministerio de Salud en la evaluación de caso.
Si el veredicto resulta favorable a la acusación, el complejo químico deberá paralizar sus labores de inmediato, a la espera de una resolución final para el desmantelamiento de las factorías.
Los reclamos de cierre, recurrentes desde hace más de una década, se intensificaron en los últimos dos meses, con manifestaciones multitudinarias en la localidad y una huelga general llevada a cabo el pasado 21 de octubre en la región.
El Consejo Regional de Médicos de Gabes, que calificó de «inaceptable» la continuidad de las actividades del complejo, alertó de los «catastróficos y graves efectos para la salud» y los daños «evidentes» causados «a lo largo de sucesivas décadas». EFE
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