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Imagen cedida a Reuters del fiscal del Distrito Este de Virginia, Dana Boente. Boente juró el martes como fiscal general interino después de que el presidente Donald Trump despidió a la principal abogada del gobierno, Sally Yates, por desafiar a la Casa Blanca y negarse a defender las restricciones de viaje contra siete países de mayoría musulmana. The United States Attorney's Office, Eastern District of Virginia/Handout via REUTERS IMAGEN DE TERCEROS, SOLO PARA USO EDITORIAL

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Por Roberta Rampton y Julia Edwards Ainsley

WASHINGTON (Reuters) - El fiscal del Distrito Este de Virginia, Dana Boente, juró el martes como fiscal general interino después de que el presidente Donald Trump despidió a la principal abogada del gobierno, Sally Yates, por desafiar a la Casa Blanca y negarse a defender las restricciones de viaje contra siete países de mayoría musulmana.

Se trató de un nuevo giro dramático en la tumultuosa puesta en marcha del decreto de Trump que impuso una moratoria de 120 días en el permiso de entrada de refugiados a Estados Unidos, una prohibición indefinida a los refugiados procedentes de Siria y de 90 días a los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

La prohibición dictada en la noche del viernes provocó protestas y caos en los aeropuertos durante el fin de semana, mientras los funcionarios de aduanas intentaban poner orden. Los efectos se siguieron sintiendo el lunes, con la mayor caída del año en las acciones estadounidenses y algunas críticas de las compañías afectadas.

Boente desempeñará la función hasta que el Senado apruebe al elegido por Trump para el cargo, el senador republicano Jeff Sessions. Boente dijo al diario The Washington Post que hará cumplir el decreto migratorio.

Al cuestionar la medida, Yates dijo el lunes que el Departamento de Justicia no defendería en los tribunales el decreto de Trump, asegurando que no creía que fuera "consistente con la obligación solemne de esta institución de siempre buscar la justicia y defender lo correcto". Horas después, fue despedida.

Los últimos acontecimientos vividos en el Departamento de Justicia son una señal más de la forma tan apresurada en que se desarrolló el decreto migratorio y la poca revisión que tuvo en las agencias que deben lidiar ahora con su puesta en marcha. La Casa Blanca dijo que funcionarios claves del Gobierno fueron informados antes de que Trump firmara la orden el viernes, pero hubo poca coordinación o consultas, resultando en una confusión.

La mayoría de funcionarios del Departamento de Estado se enteró de su contenido por los reportes de prensa y el lunes circulaba en la institución un borrador de memorando contrario a la medida, asegurando que dañará la imagen de Estados Unidos en el exterior y avivará el sentimiento antiestadounidense.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, menospreció el texto. "¿Tienen algún problema estos burócratas de carrera? Creo que deberían cumplir el programa o irse", dijo a los periodistas en su comparecencia diaria.

Un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional al que tuvo acceso Reuters mostró que esta semana se evitó que 348 personas con visa abordaran aviones con destino a Estados Unidos y que se impidió la entrada de más de 200. Asimismo, más de 735 personas fueron sometidas a un cuestionario por funcionarios de Protección de Aduanas y Fronteras en los aeropuertos, incluidos 394 con permiso de residencia permanente.

El Gobierno está garantizando excepciones a la prohibición de refugiados para permitir la entrada de 872 personas esta semana; refugiados que ya tenían el visto bueno para su establecimiento en Estados Unidos y estaban en tránsito cuando se aprobó el decreto.

(Reporte adicional de Dan Levine y Jeffrey Dastin en San Francisco, Eric Beech, Doina Chiacu, Arshad Mohammed, Susan Heavey, Mark Hosenball y Patricia Zengerle en Washington, Jonathan Allen en Nueva York, Brian Snyder en Boston y Sharon Bernstein en Sacramento; escrito por Roberta Rampton y Alistair Bell; editado en español por Carlos Serrano)

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Reuters