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Imagen de archivo de la fiscal venezolana Luisa Ortega en una rueda de prensa en Caracas, jul 4, 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

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Por Alexandra Ulmer y Eyanir Chinea

CARACAS (Reuters) - Los trabajadores de la Fiscalía de Venezuela planean protestar, ir a huelga o tomar acciones legales si su jefa es removida del cargo, luego de que rompiera con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, según tres fuentes cercanas a su oficina.

En un inesperado giro en el marco de una ola de protestas opositoras, la fiscal Luisa Ortega pasó de ser una aliada a convertirse en la mayor crítica del mandatario dentro del oficialismo, incluso llegando a denunciar al Gobierno.

El Tribunal Supremo de Justicia, un organismo pro gobierno, hizo desde la semana pasada un receso de cinco días antes de emitir una decisión sobre la remoción de Ortega, pedida por un legislador oficialista. La abogada de 59 años ha dicho que no reconocerá el dictamen por considerar a la corte "ilegítima".

"Ahora más que nunca tenemos que hacer cumplir la Constitución y las leyes. La fiscal general ha dado pasos muy importantes en este sentido, eso no se lo van a perdonar ni a ella ni a la institución, por ello hay que dar la batalla", se lee en un manifiesto que ha circulado entre los trabajadores y que fue visto por Reuters.

Entre las medidas planeadas están "acciones legales formales contra los usurpadores y sus cómplices, realizar protestas externas e internas, denunciar en los medios de comunicación y redes sociales, renuncias masivas, huelgas explícitas o implícitas, no seguir instrucciones, no colaborar, brazos caídos, no obedecer".

Incluso el helipuerto en la sede principal del Ministerio Público, en el centro de Caracas, había sido bloqueado con muebles y objetos para evitar aterrizajes, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas por temor a represalias.

La fisura dentro del movimiento fundado por Hugo Chávez le dio nuevos bríos a la oposición, que se mantiene en protesta en las calles desde hace tres meses para exigir elecciones anticipadas en medio de una profunda crisis económica que tiene a millones sufriendo por la escasez de alimentos y medicinas.

"FERIA CONSTITUCIONAL"

Seguidores de la oposición cerraron el lunes algunas vías con barricadas, sentados en las calles y con sillas y juegos de mesa, en un "plantón" con el que detuvieron la actividad en las principales ciudades. En algunos puntos hubo enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes armados con palos y piedras.

En una zona de clase media de Caracas, epicentro de la mayoría de choques durante los últimos 100 días de protestas, siete efectivos de la Guardia Nacional resultaron heridos tras un ataque explosivo, denunció el Gobierno. Otros dos uniformados fueron heridos de bala también en Caracas, dijo el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas.

La oposición convocó el domingo a participar en un plebiscito sobre el Gobierno de Maduro y su plan de reescribir la Constitución, aunque el presidente ya dijo que no será vinculante.

La alianza de partido de oposición, Mesa de la Unidad Democrática (MUD) criticó la noche del lunes la convocatoria del árbitro electoral de un simulacro de votación para elegir a los constituyentes el mismo día del plebiscito opositor.

"Es inaceptable que teniendo conocimiento de la situación política y social que atraviesa Venezuela (...) esta institución pública promueva con total irresponsabilidad y sin necesidad alguna, una actividad inconstitucional que puede conllevar al enfrentamiento entre sectores ideológicos adversos", dijo la MUD en un comunicado.

Más temprano, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció la "feria constitucional" para que los votantes se familiaricen con el sistema para la votación del 30 de julio.

Desde Colombia, el presidente Juan Manuel Santos escribió en su cuenta de Twitter que "para que haya una solución negociada en Venezuela es necesario que Maduro desmonte la constituyente", en su más reciente comentario en medio del deterioro de las relaciones entre los dos países.

(Reporte adicional de Diego Oré en Caracas y Nelson Bocanegra en Bogotá; editado por Pablo Garibian y Carlos Serrano)

Reuters