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Imagen de archivo de un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) posando para una fotografía en la selva colombiana, ago 31, 2017. REUTERS/Federico Rios

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BOGOTÁ (Reuters) - La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) admitió el asesinato de un líder indígena, un ataque que condenó el lunes el gobierno y que constituye la primera violación del cese bilateral al fuego del grupo rebelde en medio de la negociación de paz para acabar por completo el conflicto interno.

El ELN, la mayor guerrilla activa de Colombia, y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos acordaron un cese bilateral al fuego y a las hostilidades que comenzó el primero de octubre y se extenderá hasta el 9 de enero del próximo año, el primer logro concreto en la negociación que comenzaron en febrero.

Militantes del grupo rebelde conformado por unos 2.000 combatientes y considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, mataron a balazos la semana pasada al gobernador indígena del departamento del Chocó Aulio Isaramá Forastero, a quien acusaron de supuestos nexos con organismos de inteligencia militar.

"Lamentamos profundamente el hecho y pedimos perdón por este doloroso caso a sus familiares y allegados y comprendemos sus palabras de dolor por lo ocurrido", dijo el ELN en un comunicado.

Por su parte, el gobierno aseguró que de acuerdo con lo pactado ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura del cese al fuego de forma unilateral y automática, aunque el ELN tendrá que implementar acciones concretas para garantizar que hechos similares no se repitan y poner a disposición de las autoridades a los responsables.

El Gobierno y el ELN iniciaron en febrero en Ecuador una negociación con la intención de acabar por completo con el conflicto interno de más de 53 años que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.

Durante el cese al fuego, que es supervisado por las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, el ELN se comprometió a suspender los secuestros, los ataques a la infraestructura económica del país, a no reclutar menores ni a usar minas terrestres antipersonales.

El Gobierno de Colombia firmó un acuerdo de paz a finales del 2016 con las FARC que permitió que más de 11.000 integrantes de ese antiguo grupo rebelde entre excombatientes, auxiliadores y presos dejaran las armas y se reintegraran a la sociedad.

(Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Gabriela Donoso)

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Reuters