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El presidente venezolano (I), Nicolás Maduro, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, estrechan sus manos durante una reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, 1 de abril del 2017. Foto tomada el 31 de marzo del 2017. Palacio de Miraflores/Handout via REUTERS

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Por Diego Oré

CARACAS (Reuters) - El máximo tribunal de Venezuela revirtió el sábado parte de dos sentencias que habían cercenado las facultades del parlamento dominado por la oposición, en un intento por calmar protestas y acusaciones de "dictadura" contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En la semana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había dictaminado que su sala constitucional asumiría el rol del parlamento, al considerar que este cuerpo permanece en "desacato" por no haber desincorporado a tres de sus miembros acusados de comprar votos.

Además, la corte había limitado la inmunidad parlamentaria abriendo la posibilidad de llevar a juicio o apresar a los diputados opositores, mayoría en el hemiciclo.

Pero la madrugada del sábado, Maduro conminó al Tribunal Supremo a revisar las sentencias para sanar lo que calificó como un "impasse".

"El Tribunal Supremo de Justicia, apegado al principio constitucional de colaboración de las ramas del poder público, atiende al exhorto efectuado", dijo el presidente del TSJ, Maikel Moreno, leyendo una declaración.

"Nosotros no haremos nunca nada que atente contra la estabilidad de nuestro país", agregó el magistrado, un ex miembro de la policía política que cumplió dos años de cárcel acusado de asesinar a una mujer en 1987.

Las decisiones del TSJ encendieron las alarmas en América. La oposición las calificó como un "golpe de Estado", la OEA programó una reunión de emergencia el lunes, y varios países llamaron a dar marcha atrás y respetar la separación de poderes.

Los fallos, incluso, abrieron divisiones dentro del chavismo, que no suele ventilar sus diferencias. La fiscal general, Luisa Ortega, criticó las sentencias del TSJ asegurando que se trataba de una "ruptura del orden constitucional".

Por la tarde del sábado, los miembros plenos del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- señalaron que hubo una ruptura del orden democrático en Venezuela e instaron al Gobierno de Maduro a adoptar correctivos para garantizar la separación de poderes y el respeto al estado de derecho.

Además, solicitaron la convocatoria de elecciones pendientes y la liberación de presos políticos.

"Claramente estamos en una situación en la cual la separación de poderes, que es esencia del modelo de las instituciones democráticas, no está funcionando", dijo en una conferencia de prensa la canciller argentina, Susana Malcorra, tras una reunión con sus homólogos del Mercosur en Buenos Aires.

"MAQUILLAR A UN MUERTO"

En la práctica, la Asamblea Nacional seguirá bloqueada por la justicia, que le ha impedido aprobar una sola ley desde que asumió funciones a principios del 2016 acusándola de "desacato".

"Quieren hacerle ver al mundo que ellos supuestamente recularon y (...) no han hecho nada. El Tribunal Supremo de Justicia pretende maquillar a un muerto, pero ya dio un golpe de Estado que no puede corregir", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en una concentración opositora.

"Que no crean que tachando una palabra en esa sentencia corrigen el entuerto", agregó ante los gritos de "fuera TSJ".

La oposición señala a Maduro como el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela, con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez, pero el mandatario sostiene que sus adversarios libran una "guerra económica" con el fin de desbancarlo.

La oposición asegura que en Venezuela gobierna una dictadura que tiene tras las rejas a un centenar de presos políticos, que suprimió elecciones y que impide la apertura de un canal humanitario para suavizar la escasez de alimentos y medicinas.

"Debemos seguir activamente en la calle. No descansemos hasta restituir el hilo constitucional en nuestro país", dijo el diputado Juan Andrés Mejía en una concentración opositora en Caracas ante la algarabía de una multitud que pedía permanecer en las calles para tumbar la "dictadura".

Por la tarde del sábado, unos pocos miles de manifestantes intentaron llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, pero fueron repelidos con piquetes de las fuerzas antimotines y gases lacrimógenos.

La marcha atrás alcanzó un par de párrafos de las sentencias y no cambió un fallo más amplio del miércoles que le permite al Ejecutivo firmar contratos con empresas mixtas petroleras sin la aprobación del parlamento, violando la normativa acostumbrada.

En busca de liquidez para hacer frente a millonarios pagos de deuda este mes, la estatal PDVSA le habría ofrecido vender a Rosneft una parte de su participación en la empresa mixta Petropiar, pero el parlamento dijo que rechazaría el ofrecimiento.

(Reporte adicional de Girish Gupta, Deisy Buitrago y Eyanir Chinea en Caracas, y de Juliana Castilla en Buenos Aires; Editado por Pablo Garibian)

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