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El presidente venezolano (I), Nicolás Maduro, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, estrechan sus manos durante una reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, 1 de abril del 2017. Foto tomada el 31 de marzo del 2017. Palacio de Miraflores/Handout via REUTERS

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Por Diego Oré

CARACAS (Reuters) - El máximo tribunal de justicia en Venezuela revirtió el sábado dos polémicas sentencias que habían cercenado las facultades del parlamento dominado por la oposición, y que desataron protestas y acusaciones de "dictadura" contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En la semana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había dictaminado que su sala constitucional asumiría el rol del parlamento, al considerar que este cuerpo permanece en "desacato" por no haber desincorporado a tres de sus miembros acusados de comprar votos.

Además, la corte había limitado la inmunidad parlamentaria abriendo la posibilidad de llevar a juicio o apresar a los diputados opositores, mayoría en el hemiciclo.

"En lo que respecta al punto referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta (...) cuyo contenido se suprime", dijo el TSJ en un comunicado compartido por la televisora estatal VTV.

"Se aclara de oficio la sentencia N° 155 de fecha 28 de marzo de 2017, en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria. Se suprime dicho contenido", agregó.

Estas decisiones encendieron las alarmas en América. La oposición las calificó como un "golpe de Estado", la OEA programó una reunión de emergencia el lunes, y varios países llamaron a dar marcha atrás y respetar la separación de poderes.

Los fallos, incluso, abrieron divisiones dentro de la administración de Maduro, que no suele ventilar sus diferencias. La fiscal general, Luisa Ortega, criticó las sentencias del TSJ asegurando que se trataba de una "ruptura del orden constitucional".

La reacción de Ortega provocó que Maduro convocara al Consejo de Defensa, el máximo órgano de consulta del país, y diera un discurso la madrugada del sábado para pedir a la corte que revise su decisión con el fin de "mantener la estabilidad constitucional".

DE VUELTA AL STATU QUO

Pase lo que pase, la Asamblea Nacional seguiría bloqueada por la justicia, que le ha impedido aprobar leyes desde que asumió funciones en el 2016 acusándola de "desacato".

El fallo del miércoles de cercenar al Congreso fue incorporado en una decisión más amplia que permite al Ejecutivo firmar contratos con empresas mixtas petroleras sin la aprobación del parlamento, como estipulan las leyes vigentes.

En busca de liquidez para hacer frente a millonarios pagos de deuda este mes, la estatal PDVSA le habría ofrecido vender a Rosneft una parte de su participación en la empresa mixta Petropiar, pero el parlamento dijo que rechazaría el ofrecimiento.

La oposición señala a Maduro como el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela, con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez de alimentos y medicinas, pero el mandatario sostiene que sus adversarios libran una "guerra económica" con el fin de desbancarlo.

Desde que el presidente asumió en 2013, la oposición ha protestado contra lo que considera una dictadura que encierra a sus críticos, cercena elecciones e impide la apertura de un canal humanitario para suavizar la escasez de alimentos y medicinas.

El sábado, cientos de opositores volvieron a las calles del país petrolero para protestar contra Maduro.

(Reporte adicional de Deisy Buitrago y Eyanir Chinea. Editado por Pablo Garibian)

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