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El líder opositor venezolano Henrique Capriles en una rueda de prensa en Caracas, mayo 2, 2017. Capriles denunció el jueves que autoridades de migración retuvieron su pasaporte y le impidieron viajar a una reunión con el Alto Comisionado Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). REUTERS/Marco Bello

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Por Andreína Aponte y Anggy Polanco

CARACAS/SAN CRISTÓBAL, Venezuela, 18 mayo (Reuters) - El líder opositor venezolano Henrique Capriles denunció el jueves que autoridades de su país le impidieron viajar a una reunión en Naciones Unidas, a donde iría a denunciar los abusos a los derechos humanos que argumenta ha cometido el Gobierno de Nicolás Maduro contra manifestantes.

En otra jornada encendida por saqueos en el occidente del país, protestas en varios estados y enfrentamientos entre opositores y las fuerzas de seguridad en Caracas, la agitación atrajo la preocupación de Estados Unidos, que incluso impuso sanciones a ocho jueces del máximo tribunal de la nación.

"Zeid: "Espero que confiscación pasaporte @hcapriles no sea una medida de represalia porque se iba a reunir conmigo mañana (viernes) en @UN", escribió en Twitter el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein.

Capriles, también gobernador del estado Miranda, mostró un acta del incidente donde se le informó que su documento fue retenido. El político, que fue recientemente inhabilitado para presentarse a cargos públicos, no explicó las razones de la medida.

"Mi pasaporte me lo robaron, así se puede calificar", dijo, tras informar que su documento estaba vigente hasta el 2020.

No es al primer político de oposición a quien le retienen o anulan el pasaporte. El diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y un agente clave en la campaña internacional de los críticos de Maduro, denunció que migración anuló su pasaporte en enero.

Capriles había adelantado esta semana que se reuniría con Zeid, a quien entregaría sus denuncias sobre la responsabilidad del Estado y sus fuerzas de seguridad en los casos de manifestantes fallecidos y los cientos de heridos y presos.

La oposición ha protagonizado protestas en las calles desde hace casi dos meses demandando que se realicen elecciones adelantadas para sustituir a Maduro, quien por su parte alega que sus enemigos quieren de esta forma derrocarlo.

La ola de protestas, saqueos y disturbios en el país petrolero ha dejado un saldo de al menos 45 personas muertas.

El gobierno socialista ha descartado que las fuerzas de seguridad estén involucrados en los asesinatos, pues afirma que no portan armas de fuego cuando salen a contener el orden público.

No obstante, la Fiscalía informó el jueves que acusará a tres sargentos de la Guardia Nacional por la muerte de Manuel Castellanos, de 46 años, quien resultó herido de bala en el cuello cuando se encontraba el miércoles cerca de una manifestación en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.

Según testigos, el hombre salió a comprar pañales para su bebé, uno de los productos más escasos en Venezuela.

TRUMP Y SANCIONES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que discutió el "deterioro" de la crisis de Venezuela, en una reunión con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos.

Al mismo tiempo, su Gobierno impuso sanciones al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno y otros siete miembros del órgano, acusados por la oposición de intentar suspender las funciones del Parlamento, a favor de Maduro.

"Es un problema muy, muy serio. No habíamos visto un problema como este, yo diría que en décadas, en los términos del tipo de violencia que estamos presenciando", dijo Trump.

"Haremos lo que sea necesario, y trabajaremos juntos para hacer lo que sea necesario para ayudar a arreglar esto, y estoy realmente hablando desde un nivel humanitario", añadió, diciendo que trabajará con Colombia, y otros países, sobre el "problema" de Venezuela.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que congelará los activos de los sancionados dentro de su jurisdicción.

Los saqueos y disturbios golpearon de nuevo las calles del estado Táchira, la madrugada del jueves, incluso luego de que el Gobierno envió a más de 2.000 militares a reforzar la seguridad en la zona.

En Maracaibo, capital del estado Zulia, la fiscalía dijo que investigaba la muerte de Paul Moreno de 25 años, quien fue arrollado en una manifestación.

En Caracas se mantenían los enfrentamientos entre decenas de manifestantes con el rostro cubierto y las fuerzas de seguridad que, como pasa casi a diario, bloquearon su paso en la protesta y lanzaron gases lacrimógenos.

Entre tanto, el Ministerio Público solicitó medidas para "proteger" a los periodistas que cubren las movilizaciones frente a ataques que han recibido de particulares y que se han multiplicado desde que aumentaron las acciones de calle de la oposición.

(Reporte adicional de Corina Pons en Caracas; Luis Jaime Acosta en Bogotá; Patricia Zengerle, Matt Spetalnick y Melissa Fares en Washington. Escrito por Eyanir Chinea y Deisy Buitrago. Editado por Gabriela Donoso y Silene Ramírez)

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