Por Anthony Esposito

SANTIAGO, 15 nov (Reuters) - Cuando cayó la noche sobre Santiago el 20 de octubre, el chileno Alex Nuñez, padre de tres hijos, salió para terminar un trabajo a pesar de que se había decretado toque de queda en medio de fuertes disturbios.

De regreso camino a casa, esquivó una protesta y se dirigió a una tranquila plaza, donde se sentó a comer papas fritas con un amigo. Tres policías saltaron de una camioneta, persiguieron a Núñez por una calle estrecha y lo golpearon gravemente, dijo a Reuters su viuda Natalia Pérez.

Núñez quedó con dos bultos enormes que sobresalían de su rostro, uno sobre el ojo derecho y otro en el pómulo izquierdo. Luchó por llegar a casa y fue llevado de urgencia al hospital, donde finalmente sucumbió a un traumatismo craneal masivo.

"Tenía una lesión cerebral, edema cerebral y fractura de cráneo. Solo le respondía el 5% de su cerebro. El edema, la inflamación que tenía, era tan grande que no se podía operar", relató Pérez.

La policía no respondió a una solicitud de comentarios sobre este caso y Reuters no pudo verificar de forma independiente la versión de la familia.

La fiscalía dijo que están investigando la muerte de Núñez, una de las casi 1.100 pesquisas sobre denuncias de "violencia institucional" en medio del estallido social que ya se extiende por casi cuatro semanas, las mayores movilizaciones desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet hace tres décadas.

Las acusaciones incluyen tortura, palizas e incluso violaciones.

Ymay Ortiz, jefa de la división de Derechos Humanos de la fiscalía, dijo que el número de investigaciones podría duplicarse y que más posibles víctimas podrían tener miedo de denunciar abusos y acercarse a la policía, en medio de la represión más dura desde que la dictadura militar de Augusto Pinochet cayó en 1990.

"Es una preocupación muy grande para nosotros generar los canales, para que las víctimas también se atrevan a denunciar y sientan la confianza de poder hacerlo", señaló.

La policía ha dicho que han seguido los protocolos y que están entrenados adecuadamente para el control de disturbios, pero no respondieron a preguntas específicas de Reuters.

El jefe de la policía militarizada de Carabineros, Mario Rozas, ordenó a los agentes antidisturbios que portaban armas que usaran cámaras y dijo a principios de esta semana que se desplegarán especialistas en derechos durante las protestas.

"MILLONES"

La perspectiva sobre violaciones generalizadas a los derechos humanos, en un país donde siguen abiertas las heridas de 17 años de dictadura militar, ha golpeado al presidente de centroderecha Sebastián Piñera y amenaza con socavar a su gobierno.

Las protestas estallaron por un aumento en las tarifas del transporte público, pero rápidamente se extendieron con furia manifestando años de quejas acumuladas por la desigualdad de ingresos y el aumento del costo de la vida.

Pérez dice que la gente está cansada de las promesas incumplidas de los sucesivos gobiernos, de mayoría centroizquierdista, que gobernaron tras el retorno a la democracia. Junto a su difunto esposo no podían permitirse enviar a su hijo mayor a la universidad, a pesar de que ambos trabajaban a tiempo completo.

"Y así como el caso de nosotros hay millones".

Los disturbios han dejado al menos 20 muertos, miles de detenidos y más 1.600 manifestantes y 800 policías heridos, según autoridades y observadores.

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DISPUESTOS A SACRIFICARSE

Camila Miranda, artista callejera de 24 años, ha participado en innumerables protestas desde que era adolescente. Pero la marcha del 4 de noviembre sería diferente: llegó hasta la Plaza Italia, un lugar simbólico que en Santiago marca la frontera entre ricos y pobres.

Las marchas suelen comenzar pacíficamente, pero a menudo se convierten en estallidos de violencia entre la policía antidisturbios y manifestantes encapuchados.

Eso ocurrió ese día. Y cuando estalló la violencia, contó Miranda, se refugió junto a un quiosco donde la policía le disparó con seis balas de goma, cuatro de ellas perforando su piel.

Mientras la sangre corría por sus piernas, se aferró a una reja cercana para sostenerse y ahí fue rociada en la cara con gas lacrimógeno para que los policías pudieran atraparla. Ella dice que la arrastraron a un vehículo, la golpearon en la cabeza y luego la rociaron con otra dosis de gas lacrimógeno cuando estaba dentro del carro.

Un fotógrafo de Reuters capturó imágenes de la escena.

Convaleciente en casa de una amiga, Miranda dijo que volvería a marchar por más cambios en una de las naciones más ricas de América Latina, pero también una de las más desiguales.

"No nos importa estar pasando hambre, penurias, negligencia, dolor. Es un sacrificio. La gente está dispuesta a hacer un sacrificio para lograr un cambio real".

UN OJO DE LA CARA...O AMBOS

Myrtha Contreras no tiene ánimos para cuidar de su hermoso jardín y lo ha dejado marchitar desde que su hija, la enfermera de 24 años, Natalia Aravena, perdió su ojo derecho.

De hecho, pocas cosas han sacudido más a Chile que las imágenes de personas que han sido cegadas por las balas de goma y los gases lacrimógenos.

Más personas han perdido un ojo en solo tres semanas en Chile que en los últimos 20 años, dijo Patricio Acosta, presidente de Cruz Roja Chile.

La Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof) ha registrado 225 casos de trauma ocular severo desde el 19 de octubre hasta el 10 de noviembre y dice que los números pueden seguir aumentando a medida que reúne más información.

"Los daños son severos y la mayoría de las veces irreversibles", señaló el doctor Dennis Cortés, presidente de Sochiof.

Aravena marchaba cerca del palacio presidencial de La Moneda cuando apareció un blindado de la policía equipado con un cañón de agua. Los manifestantes levantaron sus brazos para mostrar que no eran una amenaza, pero la policía comenzó a rociarlos con gases lacrimógenos, dijo.

"Los policías salieron de su vehículo con armas para disparar lacrimógenas. Dispararon al aire y luego comenzaron a disparar directamente a la gente", dijo Aravena.

Fue entonces cuando un bote de gas lacrimógeno se estrelló contra su rostro y le rompió el ojo, dejándola parcialmente ciega.

La mayoría de las lesiones oculares han sido causadas por balas de goma. El viernes, el estudiante universitario de 21 años Gustavo Gatica recibió disparos en ambos ojos y su imagen con los ojos hinchados y sangre goteando sobre su rostro ha circulado ampliamente en las redes sociales.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo al periódico La Tercera en una reciente entrevista que "en varias de esas lesiones desproporcionadas hay violación a los derechos humanos".

En medio de la protesta pública, el jefe de policía Mario Rozas ordenó el domingo un uso "limitado" de ciertas armas, señalando que los policías que usan armamento antidisturbios recibirían más entrenamiento.

El presidente Sebastián Piñera reconoció los "abusos" en el manejo de las protestas sociales masivas, pero no culpó a la policía o al ejército. El ministerio público, por su parte, anunció la semana pasada que abrirá una investigación por tortura contra 14 policías.

El organismo público Instituto Nacional de Derechos Humanos promueve unas 260 acciones legales en las que dice que podría haber violaciones a los derechos humanos, así como 142 demandas por tortura y otros tratos inhumanos y crueles.

Para la enfermera Aravena, que ahora sólo podrá ver con su ojo izquierdo, la asimetría en la respuesta de la policía ante las manifestaciones es inconmensurable: "Es súper injusto lo que me pasó. Yo iba tranquila. Salí con mi voz para manifestarme y me atacaron con un arma. Es una fuerza desmedida".

(Reporte de Anthony Esposito, editado en español por Natalia Ramos y Gabriela Donoso)

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