Salvadoreños son vulnerables ante el Estado tras éxodo de defensores de derechos humanos
Hugo Sánchez
San Salvador, 9 dic (EFE).- La salida de decenas de defensores de derechos humanos, periodistas y el cierre de organizaciones civiles, por «una escalada represiva» y la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros, dejan a la población salvadoreña en una situación de vulnerabilidad ante posibles atropellos del Estado y disminuye sus posibilidades de obtener justicia, aseguran expertas consultadas por EFE.
Las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas e internacionales denunciaron el 23 de julio pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos 130 defensores y periodistas salieron de El Salvador para «proteger su integridad» de situaciones como el acoso policial, según señalaron.
Criminalización de su labor
De acuerdo con Celia Medrano, quien fue candidata a ocupar la Dirección Ejecutiva de la CIDH, en El Salvador existe un cierre de espacios y un «modelo autoritario» en el poder, lo que ha llevado a los activistas a salir del país para protegerse de la criminalización de su labor, acoso y persecución.
«En la medida que se estrechan espacios cívicos y se consolida el modelo autoritario, periodistas críticos y defensores de derechos humanos se ven obligados al autoexilio al ser criminalizada su labor, sufrir acoso y persecución por evidenciar la verdad, por desnudar el verdadero rostro del régimen», indicó en declaraciones a EFE.
A juicio de Medrano, «en la medida que se reducen defensores, en la misma medida la población queda cada vez más vulnerable a sufrir atropellos y opta por callar».
«El miedo gana terreno, pese a que cada vez queda más claro, para cada vez más salvadoreños, que se vive en el país una seguridad insegura, la impunidad marca el día a día», sostuvo.
Para Ingrid Escobar, directora de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y que salió de El Salvador tras conocer información de una posible «detención arbitraria» en su contra, este éxodo de activistas y periodistas «deja a la población con menos posibilidades de tener, aunque sea, un poco de justicia, al menos la gente que cree en el trabajo de las organizaciones».
ONG asumen trabajo del Estado
Durante décadas, diversas organizaciones humanitarias salvadoreñas han trabajado en temas de memoria histórica, impunidad de los crímenes de la guerra civil (1980-1992), atención a familias de desaparecidos, apoyo y litigio a favor de familias desplazadas por la violencia de las pandillas, entre otros.
Escobar dijo que «de alguna manera las organizaciones asumíamos el papel de ombudsman (defensor del pueblo), que lo debería de hacer la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así lo dice la ley, pero no lo hacen».
En este mismo sentido, sostuvo Celia Medrano, que «instituciones públicas obligadas a garantizar el respeto a los derechos de las personas y organizaciones defensoras hacen gala de cinismo o silencio cómplice ante capturas arbitrarias, ilegalidades, desapariciones, tortura y muerte».
«No obstante, se mantienen iniciativas cívicas y esfuerzos de denuncia, tanto en el país como desde quienes se han visto obligados a huir. Debemos entender que incluso el irse es también resistir. Solo hay tres opciones en El Salvador, someterse, irse o resistir», subrayó Medrano.
La detención que marcó el éxodo
Según han reconocido algunos periodistas y defensores de derechos humanos, la detención de la connotada abogada anticorrupción Ruth López marcó la salida de estas personas.
Ruth López, que se desempeñó como jefa del área Anticorrupción de la reconocida organización no gubernamental Cristosal y reconocida por la BBC en 2024 como una de las mujeres más influyentes del país centroamericano, fue detenida el 18 de mayo pasado bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito.
Cristosal anunció su cierre de operaciones en El Salvador y su traslado a Guatemala en julio pasado, y tras este anuncio señaló que la detención de López «no es un caso aislado, sino (que forma) parte de una estrategia de castigo ejemplar para intimidar».
De acuerdo con los datos de las organizaciones, entre las más de 130 personas que han salido de El Salvador, al menos 15 son abogados y más de 40 son periodistas. Además, varias organizaciones han cerrado operaciones, principalmente por la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30 % sobre las donaciones y es considerada como «confiscatoria». EFE
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