Se intensifica la represión contra la libertad de expresión en Libia

Trípoli, 23 mar (EFE).- Amnistía Internacional (AI) instó este miércoles a las autoridades libias a poner fin a la «cruel» campaña de persecución por parte de milicias y fuerzas de seguridad contra jóvenes que ejercen su libertad de expresión, acusados de llevar a cabo un comportamiento «inmoral» y de atacar los «valores libios e islámicos».

La Agencia de Seguridad Interna (ISA), con sede en Trípoli, arrestó de manera arbitraria en los últimos cuatro meses a al menos siete ciudadanos que fueron trasladados a las prisiones de Al Jadida o Mitiga; esta última dirigida por el Servicio Disuasivo de Lucha contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (DACOT), una milicia conocida por su participación en desapariciones forzadas y tortura «con total impunidad», denunció la organización en un comunicado de prensa.

Los detenidos fueron acusados además de haberse comunicado con organismos extranjeros, incluido Amnistía, así como conspirar para difundir el ateísmo, incitar a los jóvenes a viajar fuera del país y promover prácticas sexuales «poco ortodoxas» en nombre de la libertad. Por ello, fueron grabados en vídeo «confesando»- bajo aparente coacción- haber mostrado «desprecio» por el islam.

«Una violación flagrante de los derechos a un juicio justo, incluido el derecho a no auto-incriminarse. Este acto ilegal e imprudente ha incitado al odio contra un grupo de libios que se atreven a expresar pacíficamente sus opiniones», alertó el investigador de AI para Libia, Hussein Baoumi, que pidió su liberación inmediata y la apertura de una investigación para enjuiciar a los responsables.

Incluso aquellos ciudadanos que mostraron su apoyo a los detenidos, señaló el comunicado, han tenido que buscar refugio tras haber recibido amenazas de muerte y campañas de difamación en las redes sociales en las que se publicaron sus fotografías.

Este es el caso de la ONG local Tanweer (en árabe, Iluminación), fundada en 2013 y que defiende los derechos de la comunidad LGBTI y de las mujeres, que el pasado 13 de marzo anunció su cierre después de que sus miembros fueran atacados por la Agencia.

«Su represión, en nombre de la cultura y la religión, parece ser poco más que una excusa para deslegitimar a los activistas de derechos humanos y silenciar los llamamientos para que las milicias rindan cuentas. Las autoridades libias deben proteger a los activistas y garantizar que las organizaciones tanto nacionales como internacionales puedan trabajar libremente y sin temor a represalias», añadió Baoumi.

La Agencia de Seguridad Interna, bajo la autoridad del primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GNU) y financiada por el Estado, es liderada desde septiembre de 2020 por Lotfi al Harari, exjefe de la milicia de la Fuerza de Seguridad Central de Abu Salim (capital), involucrada en graves violaciones contra los derechos humanos desde 2011, recordó Amnistía.

Libia es un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyó a la victoria de los distintos grupos rebeldes contra el déspota Muamar al Gadafi, en el poder durante 42 años. EFE

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