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Chiapas: sociedad civil evalúa aporte suizo para la paz

Imagen de Emiliano Zapata en comunidad de La Realidad, Chiapas. Latinphoto

El Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas (PROPAZ 1999- 2007) presentó un balance de su último trienio.

Con el apoyo de Berna, PROPAZ fue impulsado por Caritas, Acción Cuaresmal, Ayuda de las Iglesias Protestantes (HEKS) y Pan para todos, y por la Federación de las Iglesias Protestantes y la Conferencia Episcopal de Suiza.

La presencia física en el sureño estado mexicano de Chiapas permitió al programa, según sus promotores, acompañar procesos para la construcción de una paz sostenible y promover una real articulación de organizaciones de la sociedad civil, así como fortalecer redes y capacidades locales.

Junto con sus organizaciones contrapartes, PROPAZ promovió un taller de transformación positiva de conflictos en el ámbito escolar y apoyó la presencia en las principales radios del Estado con diferentes anuncios – entre ellos “La Paz responsabilidad de todos” y “Sembremos hoy semillas de paz”.

Paralelamente, estimuló la realización de encuentros de promotores de paz: sostuvo anualmente el Diplomado de Transformación de Conflictos y Mediación – con la participación de unas cien personas de diversas organizaciones- y permitió dar atención directa a setenta casos de víctimas del conflicto.

La capacitación y la formación de promotores y mediadores de paz en diferentes regiones del estado de Chiapas, constituyen otro aspecto positivo en la evaluación. En el último trienio se realizaron 60 talleres en la que participaron más de mil personas procedentes de 200 comunidades.

PROPAZ también se preocupó por la información y sensibilización en Suiza. Desde que las ONG comenzaran el trabajo en esa conflictiva región, promovieron siete delegaciones de observación compuesta por parlamentarios nacionales, abogados y representantes de las iglesias.

Situación política compleja

Sin embargo, “lo complejo del contexto local y nacional no facilitó que con nuestra intervención se alcanzaran plenamente los propósitos de nuestro objetivo general”, enfatiza el balance del período 2005-2007, comentado por los responsables Propaz, el pasado 26.02, en el marco de una actividad pública en Berna.

Para las ONG suizas, uno de los problemas centrales que se vivió en los últimos años fue la “ausencia de las condiciones mínimas que facilitaran la reanudación del diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal”.

La falta de voluntad política de las partes “para sentarse a negociar, hacen que el conflicto interno esté vigente y sin alternativas de alcanzar acuerdos de paz a mediano plazo”.

El informe de PROPAZ enumera una serie de constataciones preocupantes. Entre ellas, el continuo agravamiento de la situación de los derechos humanos al nivel nacional, lo que en Chiapas se expresó en los últimos meses a través de “una larga lista de acciones de intimidación y amenaza contra organizaciones de derechos humanos y de trabajo a favor de la paz”.

Si bien las autoridades mexicanas acaban de suscribir parcialmente la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, promovido por la Organización de las Naciones Unidas, “paradójicamente dejaron afuera los artículos relacionados con autonomía, tierra y territorio, derecho a la consulta y medio ambiente”. Todos “temas estratégicos” desde la perspectiva de la autonomía zapatista, subraya el documento.

Balance desde Suiza

“Constatamos un agravamiento de la situación en los dos últimos años. Incluyendo los hechos de Oaxaca donde el poder central -a pesar del fuerte reclamo de la sociedad civil mexicana- sostuvo al Gobernador Ulises Ruiz, responsable de una fuerte represión”, enfatiza Tildy Hanhart, coordinadora durante los primeros años de PROPAZ y actualmente responsable de la información y cabildeo en Suiza.

Lo anterior, con la circunstancia agravante de un reforzamiento de la presencia de los grupos paramilitares, precisa Hanhart en entrevista con swissinfo. Dichos grupos invadieron comunidades autónomas zapatistas para tratar de movilizar a su favor –con falsas promesas- a sectores del campesinado más pobre.

A pesar de esta situación marco, que no favorece la tarea pacificadora, “no podemos hablar de fracaso de la presencia de PROPAZ en México”, enfatiza Hanhart.

Fortalecimiento de actores locales

Subraya como un aporte esencial del programa, “el fortalecimiento de los actores locales en el conocimiento de sus propios derechos y de cómo se debe trabajar en el conflicto. Se formaron 130 promotores de paz y centenares de personas activas en la lucha por los derechos humanos”.

Personas todas “que pueden diferenciar hoy claramente la realidad y que tienen la capacidad de no dejarse provocar. Lo que es muy importante para fortalecer la defensa de los derechos de la población”, concluye.

Argumentos generales con los que coincide Ivonne Buschor, responsable de los programas del Sur de Acción Cuaresmal.

“Los procesos no son fáciles ni lineales, llevan años e implican pasos para adelante y para atrás. La gente y las contrapartes hablan hoy de ser sujetos de sus procesos, lo que comprueba que tienen una gran dignidad como personas y comunidades, y este capital adquirido no lo van a negociar”, indica a swissinfo.

Sostiene que “las ONG que creamos PROPAZ seguimos apostando al derecho a la autodeterminación, al respeto a los derechos humanos, a la justicia social y por ende, a favor de la resolución pacífica de los conflictos”.

Con respecto a la decisión del Gobierno suizo de concluir con su apoyo oficial a PROPAZ, Buschor no oculta un sentimiento de cierta frustración.

“Me da lástima que por cuestiones estratégicas el Gobierno corte el programa ahora, lo que no impide que nosotros mismos, como ONG, sigamos con nuestra solidaridad. La paz no se alcanzó todavía y sigue siendo un objetivo esencial para muchos actores de la sociedad civil mexicana y helvética”, concluye Buschor.

swissinfo, Sergio Ferrari

Ante la tensa situación en Chiapas, que amenaza extenderse a otras regiones del sudeste mexicano, PROPAZ intenta brindar un aporte para alcanzar una solución duradera.

Según los promotores del programa y sus principales contrapartes locales, esa solución debe basarse en la justicia social y en el respeto a la identidad cultural.

Es impostergable también el reconocimiento gubernamental de garantías efectivas para el cumplimiento de los derechos humanos y de los derechos democráticos básicos.

Aunque reconoce que aún queda mucho por hacer, el gobierno mexicano subraya sus esfuerzos por asegurar un mayor desarrollo económico y social en la región. Reitera su compromiso con los derechos humanos y su apertura para la presencia de misiones internacionales de observación internacional.

En el 2002 facilitó el establecimiento de una oficina permanente de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en México.

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