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Mujeres: trofeos de batalla en Colombia

Una demostración contra la violencia a la mujer en Medellín, Colombia. AFP

Violación sexual, habitual e impune en Colombia, con más de 20 mil víctimas. Un obstáculo para hacer justicia: la histórica inexistencia de voluntad política. Dos años de investigación sobre estos crímenes relacionados con el conflicto armado en el nuevo informe de Amnistía Internacional.

Desde Suiza, la voz también se alza para que este tipo de delitos en el marco del conflicto sean investigados y enjuiciados como crímenes de guerra.

Concreto: Las autoridades colombianas fallan a los sobrevivientes de violencia sexual.

El Gobierno de Colombia no ha abordado de modo efectivo en los últimos años la ya conocida ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el largo conflicto armado en ese país, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe divulgado este miércoles.

“En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas”, indica Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

“Desde que el presidente Santos tomó posesión en 2010, el gobierno ha prometido abordar la crisis de los derechos humanos, pero aún no hemos visto mejoras reales para hacer comparecer ante la justicia a los responsables de abusos, incluidos los actos de violencia sexual contra mujeres.”

El informe de AI –‘Eso es lo que nosotras exigimos: Que se haga justicia, que cese la impunidad en  actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia-, documenta el hecho de que las autoridades niegan a las sobrevivientes de violencia sexual sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Semilla del terror… y de la apropiación de tierra

Las fuerzas de seguridad colombianas, los paramilitares y los grupos guerrilleros han atacado a mujeres y niñas para explotarlas como esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios. Y aún hoy, la violencia sexual siembra el terror en las comunidades y obliga a familias enteras a huir de sus hogares, permitiendo la apropiación de tierras.

“El informe da evidencia del abandono, la estigmatización y la impotencia que están sufriendo las sobrevivientes de crímenes de violencia sexual en Colombia. Es sumamente importante para ellas la solidaridad de la comunidad internacional”, subraya Marta Fotsch, especialista de Colombia en AI, sección Suiza.

Los trabas para la justicia incluyen la ya mencionada falta de voluntad política para terminar con la impunidad, y las ineficaces medidas de protección para testigos y sobrevivientes de estos actos, subraya AI con base en los testimonios de este nuevo informe (Vea enlace del documento en español).

“Tristeza, rabia, indignación… e impotencia”

“Desde Suiza -país con una tradición humanitaria de larga data-, queremos unirnos a la exigencia de justicia para esas mujeres”, subraya quien de modo voluntario ha seguido de cerca a esas mujeres en el olvido.

“En mis viajes a Colombia he escuchado innumerables testimonios de mujeres sobre todo tipo de violaciones sufridas, incluidas la violencia sexual en el conflicto armado. Siempre me pasa lo mismo: siento una mezcla de tristeza, rabia, indignación y, a veces hasta impotencia”.

Una impotencia evidente si alguien se ve confrontado ante funcionarios judiciales que tienen una precaria formación en cuestiones de género, como ocurre en ese país sudamericano, según dan cuenta las personas que han dado su testimonio a AI.

En 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a 12.732 en 2000. Sin embargo, sólo 109 fueron clasificados como relacionados con el conflicto, lo que pone de relieve la invisibilidad de estos crímenes. E incluso cuando la mujer reúne el coraje necesario para denunciar su caso, éste rara vez se investiga efectivamente.

AI pide modificar la Ley 906

Y a esto se suma el hecho de que la legislación colombiana no tipifica  la violación sexual como crimen de derecho internacional, subraya AI. ¿En qué cambiaría la situación de los afectados si finalmente Bogotá diese esa señal?:

“Para las mujeres en lo inmediato no habría mucho cambio, pero el Derecho Internacional exige que el Gobierno de Colombia garantice que las víctimas de violaciones graves de derechos humanos tengan acceso a la justicia, a la verdad, y a una reparación completa. Los actos de violencia sexual relacionados con el conflicto deben ser investigados y enjuiciados como crímenes de guerra y no como delitos comunes”, responde Fotsch.

Colombia aún no ha tipificado los crímenes de lesa humanidad como crímenes en el Código Penal, por eso Amnistía recomienda que el Código de Procedimiento Penal (Ley 906) debe modificarse para reflejar las Reglas de la Corte Penal Internacional.

“La tipificación les daría la base para que la Justicia pueda tratar crímenes de violencia sexual como crímenes de guerra. La tipificación daría además el derecho de acudir, una vez agotados los recursos legales nacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional”, subraya la voluntaria helvética de AI.

“Todo esto es a muy largo plazo, pero es indispensable si queremos avanzar en la lucha contra la impunidad”, concluye Marta Fotsch. Queda entonces por saber si Bogotá dará esta preciada señal de avance.

Según la Ley de Justicia y Paz, cerca del 10% de los más de 30.000 paramilitares que supuestamente se desmovilizaron en un proceso, que comenzó en 2003, patrocinado por el gobierno, pueden ser condenados a penas de prisión significativamente reducidas a cambio de deponer las armas, confesar violaciones de derechos humanos y devolver tierras y bienes robados. 

Esto supuestamente hizo que decenas de miles de combatientes de primera línea depusieran las armas, pero dejó incólumes las vastas y poderosas estructuras políticas y económicas creadas durante décadas por los paramilitares y sus aliados en las esferas empresarial, política y militar.

Cerca del 90% de las decenas de miles de paramilitares “desmovilizados” no fueron investigados.

El 82,1% de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto no denunció los hechos de los que fueron víctimas (Oxfam y Casa de la Mujer).

De los 183 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación en 2008, se cree que los grupos guerrilleros fueron autores del 8,5%, las fuerzas de seguridad del 19,4%, los paramilitares del 45,8%, grupos armados ilegales no identificados del 4,5%, delincuentes comunes el 4% y un familiar el 1,5%. (16,4% de los casos, sin determinar pertenecía el presunto autor).

Miles de mujeres, hombres y niños han sido objeto de desplazamientos forzosos, homicidios ilegítimos, torturas y violaciones, han sido sometidos a cautividad o víctimas de desapariciones forzadas durante los 45 años de conflicto.

Según la organización de derechos humanos CODHES, más de 280.000 personas fueron desplazadas en 2010.

AI calcula que en los últimos 25 años, entre 3 y 5 millones de personas han sido víctimas de desplazamiento interno en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 27.000 casos de desaparición forzada cometidos en el curso de las hostilidades.

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