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El modelo suizo para las leyes británicas

Generalmente, el suicidio asistido consiste en proporcionar al paciente una dosis mortal de somníferos. Varios países europeos debaten el tema. Keystone

Inglaterra y Gales, por un lado, y Escocia por otro, se plantean despenalizar el suicidio asistido. El debate político sobre el proyecto de ley gira también en torno a Suiza, donde 244 ciudadanos británicos decidieron poner fin a su vida entre 1998 y 2013.

El 3 de junio, la reina Isabel inaugurará el nuevo año legislativo. Y poco después, Inglaterra y el País de Gales, así como Escocia podrían despenalizar el suicidio asistido. Londres y Edimburgo se disponen a debatir dos proyectos de ley diferentes, lo que refleja la importancia que la clase política otorga a este tema bioético.

“Es evidente que tenemos un problema”, señala a swissinfo.ch James Harris, director de campañas y comunicación de la asociación Dignity in Dying. “Muchos enfermos terminales se ven obligados a quitarse la vida solos, sin asistencia, o a incurrir en la ilegalidad si piden ayuda a un allegado o un médico. Son personas que quieren tener el control sobre su muerte cuando esta es inminente y el dolor se vuelve insoportable”.

Inglaterra y Gales: ‘Falconer Commission’

De ahí la demanda social y política de adoptar una nueva legislación. El texto de referencia hasta ahora es el Suicide Act de 1961, que penaliza con hasta 14 años de prisión cualquier ayuda destinada a poner fin a la vida de una persona. En noviembre de 2010 se creó la Commission on Assisted Dying, rebautizada Falconer Commission en honor a su presidente, Lord Charles Falconer, miembro del Partido Laborista y exsecretario de Estado de Justicia. La comisión, que reúne a juristas, médicos y psicólogos, presentó su último informe el 5 de enero de 2012, en el que invita al Gobierno a legislar.

“Lord Falconer ha presentado un proyecto de ley que el Parlamento debatirá previsiblemente entre junio y julio, antes de las vacaciones de verano”, indica Harris. “Tal vez dentro de pocos meses, Inglaterra y Gales dispongan de una ley sobre asistencia al suicidio”.

Una puntualización que cabe tener presente. En el Reino Unido, como consecuencia de la Devolución (una forma de descentralización) de Tony Blair en los años 90, las cuatro naciones tienen sus propias leyes (salvo en política exterior, de defensa, monetaria-fiscal y las relaciones con la UE). De ser aprobada la Falconer Bill, el texto que propone Lord Falconer, el suicidio asistido quedaría despenalizado solamente en Inglaterra y Gales.

El Código Penal suizo, en vigor desde 1942, establece que la instigación al suicidio y al suicidio asistido es ilegal si responde a motivos egoístas (artículo 115). Por consiguiente, una persona que ayuda a otra a quitarse la vida no es penalmente perseguible si no lo hace movida por razones egoístas. En otras palabras, un médico puede suministrar una sustancia letal a una persona que desea suicidarse, pero no administrársela.

La primera ley en el mundo sobre suicidio asistido se promulgó en 1995 en el Territorio del Norte (uno de los estados de Australia). Pero fue abolida en 1997 por una ley del Parlamento federal de Canberra.

Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo son los países europeos que cuentan con leyes específicas en la materia.

En Estados Unidos, el suicidio asistido es legal desde 1997 en Oregón, al que siguieron Vermont, Montana y el estado de Washington.

Según los observadores, el próximo país que dará este paso será previsiblemente Canadá, donde Quebec, Columbia Británica y Ottawa presionan para que se legalice. El Parlamento federal de Ottawa ya ha desestimado tres proyectos de ley que pretendían despenalizar a los médicos que ayudan a pacientes a quitarse la vida del delito de homicidio.

El modelo suizo

La propuesta de ley inglesa es un intento para acabar con el  denominado turismo de la muerte, en constante aumento entre la población británica. Cada vez más ciudadanos viajan a Suiza para poner fin a su vida.

Esto tiene que cesar, sostienen los partidarios del suicidio asistido: Si una persona prevé terminar con su vida debe hacerlo en su país. Para frenar el turismo de la muerte con destino a Suiza, Inglaterra debe dotarse de una ley, opinan los defensores del proyecto legislativo.

El fenómeno de los viajes de la muerte a Suiza crece y genera polémica al otro lado del Canal de la Mancha: 244 británicos acudieron entre 1998 y 2013 a las clínicas de Dignitas para morir. Constituyen el segundo grupo más numeroso después de los alemanes.

Cada vez que se hace público un nuevo caso de un ciudadano que eligió suicidarse en Suiza, el debate se enciende y se invoca la ley. En 2011, la BBC difundió el documental Choosing to Die, que relataba el suicidio asistido del británico Peter Smedley en una clínica de Dignitas. La emisión desató una ola de protestas de las asociaciones pro vida y llevó a los partidarios del suicidio asistido a exigir una ley para detener los viajes de la muerte.

El ejemplo de Oregón

Se suele citar el ejemplo de Suiza por su larga tradición en la materia. En el país alpino, el suicidio asistido se practica desde los años 40. Además, el acompañante que viaja con la persona a Suiza, al saber lo que va a ocurrir, puede ser acusado a su regreso a Gran Bretaña de instigación al suicidio, lo cual es ilegal y penalmente perseguible.

“Cuando nos contactan no solemos proporcionar indicación sobre la ley suiza ni sobre la ciudad donde se hallan las estructuras. En cuanto a los modelos, la Falconer Bill no prevé una asistencia médica directa, como en los Países Bajos o Bélgica, sino que estipula que la persona enferma se administre de forma autónoma los fármacos. En este aspecto es similar a la ley helvética”, explica Harris. “Una diferencia, sin embargo, es que la Falconer Bill consiente el suicidio asistido solamente a los enfermos terminales. Hoy por hoy, el modelo en el que nos inspiramos es el de Oregón”.

En quince años (1998-2013), 1.071 personas han recurrido a un centro de Dignitas para poner fin a su vida, según datos de la asociación. La mayoría son alemanes, con 840 muertes, seguidos de los británicos (244), franceses (159), suizos (150), italianos (69) y estadounidenses (44).

No ha transcendido la identidad del primer británico que acudió a una clínica de Dignitas para recibir asistencia en octubre de 2002. El primero que se conoce con nombre y apellido fue Reg Crew, fallecido en enero de 2003.

Las estadísticas reflejan que a estos centros suizo llegan personas del mundo entero: Canadá (25), España (21), Israel (19), Sudáfrica (18), pero también Uruguay, Líbano e India.

Fuente: Dignitas

Al igual que la ley del estado de Oregón, el primero de Estados Unidos que despenalizó el suicidio asistido en 1997, la Falconer Bill estipula que la expectativa de vida de la persona no supere los seis meses.

En Escocia, en cambio, el suicidio asistido podría extenderse a un mayor número de personas, porque la propuesta de ley establece criterios menos restrictivos: por ejemplo, concede este derecho a los ciudadanos a partir de los 16 años (frente a los 18 de la Falconer Bill). En noviembre, Margo MacDonald presentó por segunda vez su texto al Parlamento de Edimburgo. La diputada independiente escocesa, enferma de Parkinson, falleció el 4 de abril. Patrick Harvie, presidente de los Verdes, seguirá adelante con el proyecto de ley, que “despenaliza el suicidio asistido, tanto para los enfermos terminales como para las personas con condiciones de vida limitadas”, concluye James Harris.

Oposición de las asociaciones pro vida

Tanto el texto de Lord Falconer como el de Margo MacDonald fijan, aunque de manera diferente, límites al suicidio asistido. El movimiento defensor de la vida, sin embargo, no los considera suficientes y se opone a la despenalización. Y aunque los sondeos reflejan que una mayoría de la población británica está a favor de la ley, sus detractores, por motivos religiosos o laicos, están empeñados en que se escuchen sus razones.

“No queremos que se modifique el actual sistema legislativo”, declara a swissinfo.ch el doctor Peter Saunders, presidente de la asociación Care Not Killing, “porque sería peligroso para las personas más débiles y necesitadas de ayuda, como los discapacitados o quienes padecen una depresión”. Las asociaciones pro vida insisten en que es inevitable que una ley destinada a los enfermos terminales se extienda, por un vacío legislativo, a otras categorías de la población.

“Pensemos en lo que ocurrió en Bélgica, donde ahora se puede practicar la eutanasia también en los niños”, prosigue Saunders. “Nuestra asociación, que reúne a más de cuarenta organizaciones en todo el Reino Unido, exige que se frene esta tendencia y se proporcione, a cambio, una mayor asistencia médica y psicológica, más tratamientos paliativos”. En los próximos meses, el movimiento antieutanasia se movilizará contra la aprobación de los dos textos en el marco de una campaña que trasciende las fronteras británicas y que encabeza la Coalición para la Prevención de la Eutanasia Europa.

Pero si en los Parlamentos respectivos respaldan las propuestas, el Reino Unido contará con dos leyes para regular el suicidio asistido. “No queremos una ley más restrictiva. Queremos que no exista una ley que proteja a la persona que ayuda a otra a quitarse la vida”, puntualiza el doctor Peter Saunders.

Traducción del italiano: Belén Couceiro

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