La Justicia sudafricana ordena al expresidente Zuma declarar por corrupción
Johannesburgo, 28 ene (EFE).- El Tribunal Constitucional de Sudáfrica dictaminó hoy que el expresidente Jacob Zuma (2009-2018) debe cumplir las citaciones a declarar que emite la comisión oficial que investiga presuntos escándalos de corrupción bajo su mandato, comparecencias que el exmandatario ha tratado de evitar.
“Se ordena al señor Jacob Gedleyihlekisa Zuma a obedecer todas las citaciones y directivas legalmente emitidas por la Comisión Judicial de Investigación”, señala el veredicto del Tribunal Constitucional, con sede en Johannesburgo.
El pronunciamiento llegó después de que el juez que lidera dicha comisión, Raymond Zondo, recurriera al máximo tribunal del país para asegurarse de que el expresidente comparece, algo necesario para que el organismo avance en las pesquisas del caso conocido como la “Captura del Estado”.
Zondo había recurrido a esta medida extrema después de que la última vez que se presentó ante la comisión, en noviembre pasado, Zuma aprovechara un descanso para marcharse sin dar explicaciones y sin haber prestado testimonio.
El pronunciamiento del Constitucional obligaría a Zuma a comparecer en las próximas fechas para las que está citado, del 15 al 19 de febrero.
La denominada Comisión de Investigación de la Captura del Estado busca aclarar si durante el Gobierno de Zuma el aparato público sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar fraudulentamente al poder y a empresarios afines, quienes incluso definían la entrada y salida de los ministros.
Zuma, que fue forzado a dimitir por su propio partido a comienzos de 2018 en medio de numerosos escándalos de corrupción, niega las acusaciones y asegura ser víctima de una persecución política.
La comisión de investigación del juez Zondo no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.
En paralelo a esta investigación, Zuma está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990.
Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada. EFE
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