Suiza defiende los derechos ‘a la carta’ en la ONU

El derecho a la alimentaicón no debe seguir siendo sólo un voto piadoso.

Suiza defiende, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, una idea controvertida en el derecho internacional. Propone que los Estados elijan 'a la carta' los derechos por los que sus ciudadanos podrían presentar queja ante el organismo internacional.

Esta propuesta, actualmente en discusión, disgusta a expertos, diplomáticos y representantes de ONG. En Suiza, dos de ellas -Acción Cuaresmal y Pan para el Prójimo- denuncian la actitud de Berna.

La Constitución de Suiza asegura “la garantía de todas las necesidades humanas elementales como son la alimentación, el vestido y la vivienda”. En teoría, toda persona que se encuentre en el territorio helvético, de manera legal o ilegal, puede recurrir a las autoridades judiciales si esos derechos le son negados.

Este principio está también inscrito en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, uno de los pilares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con el relativo a los Derechos Civiles y Políticos.

Esta posibilidad que tienen los individuos de presentar su denuncia ante la ONU está de nuevo en la mesa de negociaciones esta semana en Ginebra, bajo la forma de un protocolo facultativo al Pacto Internacional. Un documento en manos de un grupo de trabajo que depende del Consejo de los Derechos Humanos.

En teoría, ese protocolo permite, por ejemplo, que un campesino despojado ilegalmente de sus tierras denuncie a su gobierno ante el Consejo de Derechos Humanos.

Excluir derechos del procedimiento de denuncia

Si Suiza busca proponer un protocolo “a la carta” se trataría, en otras palabras, de que los Estados signatarios podrían excluir ciertos derechos –de carácter universal- del procedimiento de denuncia.

Esa posición, sin precedente a escala internacional, deja atónitos a expertos, diplomáticos y ONG. En su campaña anual consagrada al derecho a la alimentación, la organización Acción Cuaresmal y Pan para el Próximo denuncian lo que denominan como una posición ambivalente de Berna.

“Suiza es pionera en la defensa del derecho a la alimentación. Berna ha contribuido mucho en la elaboración de ese derecho en el seno del Consejo de los Derechos Humanos”, explica Chantal Peyer de Pan para el Próximo.

“Un suizo, Jean Ziegler, ha ocupado durante siete años el puesto de relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación. Pero las posiciones de nuestras autoridades sobre ese protocolo son incoherentes”.

Rezagada

Una constatación: en el ámbito de la salud y de la vivienda, Suiza parece estar rezagada.

Christophe Golay, consejero jurídico de Jean Ziegler, indica que “desde la revisión de la ley del seguro en caso de enfermedad, las aseguradoras no están ya obligadas a rembolsar los costos de los servicios de salud si sus afiliados no tienen los medios para pagar sus cotizaciones, lo que ha provocado numerosas interrupciones de los tratamientos”.

“Es un perjuicio grave al derecho a la salud. Esas personas no tienen forma de establecer una denuncia” (en el caso de un país donde el sector salud se maneja por entero a través de pólizas de seguro privadas), afirma Golay. Berna rechazaría entonces firmar un protocolo que la obligara a revisar sus leyes.

Como en Canadá y Estados Unidos

La posición suiza –que también es la de Canadá y Estados Unidos- no es compartida por otros países como Alemania, Italia, Portugal, Finlandia y España.

“Un menú a la carta permitiría jerarquizar los derechos, lo que está en contradicción con el principio de nuestra universalidad”, subraya Gregory Schottin, responsable de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

Pero su homólogo suizo, Christoph Spenlé se defiende: “Cuando ratificamos un nuevo instrumento, queremos estar seguros de que sea verdaderamente compatible con nuestra Constitución y nuestro sistema jurídico”.

“Nosotros ya reconocemos todos esos derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, estamos obligados, como Estado parte, a mantenerlos. Pero para ello se requiere de la intervención de la ley y de una voluntad política. El Protocolo no acelerará las cosas”, advierte Spenlé.

Los clandestinos en último plano

Christophe Golay, consejero jurídico de Jean Ziegler, reacciona ante esta posición: “Se trata de una inversión de valores. Si cada vez que se negocie un tratado los Estados verifican si el documento está conforme a su derecho interno ¿a dónde vamos a parar? Los Estados reconocieron durante la Conferencia de Viena de 1993 que todos los derechos humanos deben ser considerados de la misma forma. ¡Es impensable que Suiza los trate a la carta¡

¿Cómo explicar la “prudencia” suiza sobre una cuestión que la mayoría de los países del Norte y del Sur rechazan jerarquizar? Un diplomático africano responde:

“Ciertos países consideran que los derechos sociales, económicos y culturales son objetivos a alcanzar. Y temen las consecuencias de un tal tratado. Esto podría significar que cada trabajador, clandestino o no, podría reivindicar el derecho a la vivienda, a los cuidados de salud, etc. El Protocolo comprende también una cláusula que compromete a los países signatarios a una cooperación internacional. Lo que podría ser muy pesado para los países ricos”.

swissinfo, Carole Vann/Tribune des Droits Humains
(Traducido del francés: Patricia Islas Züttel)

Los tratados de la ONU ratificados por Suiza

El primer tratado de Naciones Unidas relativo a los derechos humanos que Suiza firmó en 1986 fue el Convenio contra la Tortura.

Sólo después del fin de la Guerra Fría, Suiza se adhirió a otros tratados. En 1992, el Pacto I (de derechos civiles) y el Pacto II (de derechos sociales) entraron en vigor.

Como Suiza tiene una práctica de ratificación severa, se adhiere a un acuerdo internacional únicamente cuando ha adoptado ya leyes nacionales en la materia.

Fue el caso del Convenio contra el Racismo al que se adhirió en 1994, una vez aceptada por el electorado la Ley suiza contra el Racismo.

Cuando se abordó el Convenio de los Derechos del Niño, que entró en vigor en Suiza en 1997, una reserva se formuló a causa de círculos conservadores acordando que la responsabilidad primera es de los padres.

Ese mismo año, Suiza se sumó al Convenio para la Protección de los Derechos de la Mujer. En 1999 se incluyó también en el Convenio contra el Genocidio, que ratificó en 2000.

Como muchos otros países industrializados, Suiza aún no ha firmado el Convenio de 1990 sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes.