Suiza y Alemania discutieron controvertido asunto de la imposición sobre el ahorro
Los ministros de Finanzas de Suiza y Alemania han analizado en Berlín el tema de la fiscalidad del ahorro, medida propuesta por la Unión Europea (UE) para evitar el fraude y la evasión impositiva y que provoca controversias entre sus 15 países miembros.
El ministro de Economía de Suiza, Kaspar Villiger, miembro del Consejo Federal, y su colega alemán Hans Eichel se reunieron en la capital alemana para discutir sus posturas divergentes, tras los compromisos adoptados en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE en Santa María da Feira, Portugal a finales de junio pasado.
Villiger llegó a Berlín tras anunciar en Berna los pronósticos sobre la reducción del déficit presupuestario suizo para el año próximo, estimado en 100 millones de francos, en comparación con los 1.800 millones de francos del presente ejercicio.
En estas cifras no están incluidos los ingresos por 4 mil millones de francos que, según se aguarda, devengará la venta de licencias de telefonía movil de tercera generación en noviembre próximo, y que serán destinados a amortizar parte de la deuda suiza que asciende a 100 mil millones de francos. Para el año 2002 el gobierno helvético espera incluso un superávit presupuestario de 200 millones de francos suizos.
Por otro lado, Suiza experimenta este año una leve desaceleración de su crecimiento económico, según expertos internacionales, y en algunos sectores la situación financiera se estima que será menos favorable en los próximos 12 meses.
Por su parte, los bancos suizos están reforzando su presencia en el mercado estadounidense, considerado como El Dorado en materia de banca financiera y de gestión de activos, tras dos adquisiciones espectaculares protagonizadas recientemente por la Unión de Bancos Suizos (UBS) y el Crédit Suisse.
Pero, volviendo al tema de la fiscalidad del ahorro, los países de la Unión Europea lograron en Santa Maria da Feira a duras penas, después de que Austria desistiera a último momento de su postura de bloqueo, establecer un calendario sobre la armonización fiscal europea para luchar contra la evasión impositiva.
Sin embargo, el cumplimiento de este compromiso depende de que Austria levante parcialmente el secreto bancario.
A fin de impedir el fraude fiscal y la fuga de capitales, la UE aspira a que los ciudadanos comunitarios paguen impuestos por la rentabilidad de sus ahorros depositados en un país diferente al que residen.
Esto se podría lograr si todos los países acordaran intercambiar información fiscal para que los ahorristas abonen los impuestos en el país de residencia.
El gobierno suizo ha tomado nota de la decisión adoptada en Santa María da Feira, según la cual la UE se propone asegurar la imposición sobre el ahorro por medio de un procedimiento automático de comunicación entre países a más tardar en el año 2010.
La UE se propone aprobar normas directrices al respecto a más tardar a finales del 2002, tan pronto como algunos terceros países, entre ellos Suiza, den seguridades de que aprobarán medidas similares. La Comunidad Europea entiende que la solución de esta cuestión depende esencialmente de la cooperación de estos Estados.
Para el Consejo Federal, el poder ejecutivo de Suiza, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (ECOFIN) y por el Consejo Europeo en Santa María da Feira es de naturaleza política y su implementación concreta todavía no ha sido definida.
Los aspectos más controvertidos son la inclusión de los territorios dependientes o asociados de la UE, la conformación del sistema de intercambio de información automática, el nivel de la tasa impositiva a aplicar a los intereses que devenguen los depósitos, y la distribución de los ingresos fiscales.
Suiza comparte la opinión de la UE de que la rentabilidad de los capitales debe ser gravada adecuadamente. Desde hace muchos años aplica un sistema impositivo sobre el ahorro. Este, conjuntamente con el impuesto a los ingresos, asegura un gravamen efectivo sobre la renta. Al mismo tiempo, protege adecuadamente la esfera privada de los ciudadanos a través del secreto bancario.
El gobierno suizo está convencido de que no puede ser de interés para el país atraer negocios orientados a eludir una nueva regulación de la Unión Europea. Estaría dispuesto incluso a explorar vías para quitar atractivo a la evasión fiscal, aunque preservando el secreto bancario. El ejecutivo de Berna podría analizar de forma prioritaria un impuesto adicional sobre los intereses devengados por los capitales extranjeros depositados en Suiza.
Si bien, tarde o temprano no habrá otra alternativa, admiten fuentes gubernamentales suizas, por ahora el país helvético considera inviable un procedimiento automático de comunicación y de intercambio de información, como el que aspira la UE.
La disposición de Suiza a analizar y alcanzar soluciones presupone además que el sistema a introducir por la UE asegure una imposición efectiva y amplia de los intereses que perciban todos los ciudadanos comunitarios.
Este sistema deberá regir no sólo en los países de la UE, sino también en las áreas asociadas o dependientes y en los principales centros financieros fuera de la Unión.
Por último, el gobierno helvético considera que deberían ser solucionadas al mismo tiempo algunas otras cuestiones pendientes que afectan a las relaciones bilaterales entre Suiza y la Unión Europea en las áreas fiscal y financiera como, por ejemplo, una mayor aplicación efectiva del acuerdo para evitar la doble imposición.
Una vez que quede listo el proyecto depurado de normas directrices de la UE el Consejo Federal suizo volverá a analizar la situación. En su enjuiciamiento, el ejecutivo helvético concederá enorme importancia al mantenimiento de la competitividad internacional de Suiza como plaza financiera y económica.
Juan Carlos Tellechea
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