Suiza y los derechos humanos en México
Del levantamiento indígena en Chiapas –enero de 1994- a las últimas tensiones en Oaxaca, México transita por una etapa política compleja, con particulares desafíos para los derechos humanos.
Gobierno y sociedad civil suizas siguen de cerca la cotidianeidad de ese importante país latinoamericano.
En cuanto a la conflictividad de distinta índole que se da en México, “estamos persuadidos que hay que hacer todos los esfuerzos para institucionalizar mecanismos de diálogo y negociación”, enfatiza a swissinfo Mô Bleeker.
Mô Bleeker es la responsable del ‘Programa de derechos humanos, promoción de la paz y seguridad humana’ para México, impulsado por la división política IV del Ministerio suizo de Asuntos Exteriores y que concluirá a fines del 2007.
Esa dependencia helvética apoya desde el año 2002 diversas iniciativas para la promoción de los derechos humanos en México, incluido el programa PROPAZ.
Implementada en Chiapas por cuatro grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) helvéticas de cooperación al desarrollo: Acción Cuaresmal, Caritas, Pan Para el Prójimo y HEKS (ayuda protestante), esa estrategia busca contribuir a la transformación y resolución del conflicto y al respeto de los derechos esenciales de la persona.
Desde 2003, sostiene también un proyecto más amplio, a escala nacional, con similares objetivos esenciales y cuya ejecución arrancó luego de que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizara, junto con las autoridades mexicanas, un primer diagnóstico sobre los derechos humanos en ese país latinoamericano.
A posteriori se definió un Plan Nacional en esa esfera.
Observatorio de conflictos
El aporte suizo se materializa a través de dos “socios”, tal como explica Mô Bleeker.
Uno de ellos, la organización ‘Ginebra para los derechos humanos’, que asegura una asistencia técnica y de mediación para que dicho plan sea implementado en acuerdo con la sociedad civil. Actualmente se impulsa en cinco estados del país.
El segundo socio es SERAPAZ, una instancia mexicana para la transformación de los conflictos.
SERAPAZ ha promovido en los últimos años un observatorio para el diagnóstico de conflictos; cursos de formación sobre esta temática con participación de autoridades municipales; así como actividades de mediación cuando realidades conflictivas amenazan transformarse en situaciones violentas.
Mô Bleeker anticipa que a fines del 2007, cuando el programa suizo finalice, “nuestros socios actuales seguirán cooperando con otros socios internacionales que trabajan en la misma esfera”. Y ratifica su convicción de que a pesar de la complejidad de la tarea, “es muy importante que existan ámbitos donde se pueda discutir a nivel técnico y desde la perspectiva de la mediación”.
Consultar a la sociedad civil
La necesidad de una más activa mediación y de una mayor consulta por parte de sus autoridades, de la sociedad civil mexicana, es también uno de los puntos esenciales del análisis de Alma Noser, responsable de Amnistía Internacional (AI) Suiza para México.
Noser, quien considera el programa de la cancillería helvética como “interesante, aunque limitado en cuanto a recursos y plazos”, anticipa un cierto pesimismo sobre la real disposición del Estado mexicano de resolver los problemas de fondo ligados a los derechos humanos.
Y coincide plenamente con los ejes esenciales del último informe que su organización acaba de publicar en febrero. El mismo analiza las “graves deficiencias de los sistemas de seguridad pública y de justicia penal mexicanos”.
Deficiencias que hacen, según AI, que la detención arbitraria, la tortura, los juicios injustos y la impunidad sean prácticas sistemáticas a nivel estatal y federal en todo el país.
Justicia inaccesible
“La situación es muy difícil. Especialmente en las regiones indígenas del sur, y también en estados del norte. No sólo por las dificultades económico-sociales cotidianas, sino también por la falta de un real acceso a la justicia”, insiste Noser a swissinfo.
Y la lista de problemas es larga, según la experimentada activista helvética de derechos humanos, comenzando con las “tensiones enormes en regiones donde el Gobierno proyecta megaproyectos hidroeléctricos sin ninguna consulta a la gente”.
Así como “el drama de la migración –mexicana y centroamericana- hacia el norte, que sufre abusos inimaginables; el tema escondido de la migración interna cada vez más intensa y preocupante; el aumento del narcotráfico con la consecuente militarización que sirve para controlar-reprimir a los movimientos sociales; o el asesinato ya endémico de mujeres en Ciudad Juárez”.
Constante violación de los derechos
Y en ese sentido, evalúa, “los esfuerzos oficiales helvéticos han sido muy interesantes en cuanto a su óptica, pero insuficientes en cuanto a los recursos invertidos”. “Es una pena que al cortar el Programa a fin de este año, caerán una serie de iniciativas importantes”. Por ejemplo, el equipo que trabaja en Chiapas, “que es muy bueno, impulsó una gran tarea e implementó una red amplia de contactos y propuestas”.
En cuanto al futuro, “soy bastante escéptica con respecto a una mejoría real, de fondo, de los derechos humanos”, enfatiza la promotora de Amnistía Internacional.
Pesimismo con el que coincide el sociólogo mexicano Marcos Antonio Leyva Madrid, director de EDUCA, una ONG de Oaxaca dedicada a la educación comunitaria alternativa.
Leyva, quien visitó Suiza en los últimos días invitado por Amnistía Internacional y por Peace Watch, es uno de los consejeros de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) y ha participado en la negociación con las autoridades para encontrar alternativas a la crisis que desde el año pasado reina en su Estado.
“La violación de los derechos humanos ha sido constante y significativa. Y eso produce un enorme enojo de mucha gente”, enfatiza Leyva quien, a pesar de todo, sigue convencido que el diálogo y la negociación son los mecanismos esenciales para terminar con el clima de inseguridad que vive Oaxaca.
swissinfo, Sergio Ferrari
En mayo de 2006 los maestros iniciaron una huelga en el Estado de Oaxaca para exigir mejoras salariales y de condiciones de trabajo y ocuparon la plaza principal de la ciudad del mismo nombre.
El intento de las fuerzas de seguridad por desalojarla y una primera onda represiva llevó a una radicalización de la protesta.
Condujo también a la formación, en junio del 2006, de la Asamblea popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).
Desde entonces, Oaxaca ha vivido un clima de inseguridad extrema, con confrontaciones, represión, presos, heridos y muertos.
El Informe de Amnistía Internacional (AI) sobre México fue presentado en febrero pasado.
Se basa en entrevistas que representantes de AI mantuvieron entre 2004 y 2006 con representantes del Gobierno Federal y de diversos estados; agentes del Ministerio Público; abogados; miembros de la judicatura; ONG de derechos humanos y víctimas de abusos y sus familias.
Según un censo realizado por el Instituto Federal de Defensoría Pública, en 2004 había sólo 82 abogados con la preparación necesaria para representar a los 13 millones de indígenas en México.
En noviembre 2005, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que la tortura seguía siendo una práctica generalizada en México.
El Informe de AI recomienda realizar una reforma constitucional y de la legislación secundaria, para garantizar que las obligaciones contraídas por México en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos sean consagradas en la legislación nacional.
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