México: nuevo presidente, viejos retos
Enrique Peña Nieto enfrenta el reto de reencauzar el desarrollo de México por la senda de la paz y el respeto a los derechos humanos. ONG denuncian que la guerra contra el narcotráfico generó, entre otros, el uso sistematizado de la tortura, sumando a la violencia criminal, la violencia estatal.
El Comité contra la Tortura de la ONU subrayó recientemente su preocupación por los informes recibidos “sobre el alarmante uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detenciones arbitrarias por efectivos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado en el marco de las operaciones conjuntas contra el crimen organizado”.
Los capítulos suizos de Amnistía Internacional y de Médico Internacional manifiestan igualmente su inquietud y piden al nuevo jefe del Ejecutivo mexicano implementar las medidas necesarias para terminar con los abusos.
Con Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vuelve al poder luego de 12 años de gobierno panista (Partido Acción Nacional). Tras una polémica elección el pasado mes de julio, el otrora gobernador del Estado de México asumió la Presidencia el 1o. de diciembre.
Pacto por México
Un día después logró la firma de un Pacto por México que reúne a los tres principales partidos de México, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el PRI y el PAN. La medida fue recibida con beneplácito por aquellos que consideran que solo unido, el país podrá responder a sus desafíos.
Entre los más urgentes, acabar con el crimen que ha dejado más de 50 mil muertos y 160 mil desplazados, pero sin detrimento de la población civil y sus derechos fundamentales.
“Un sistema de combate al crimen o justicia penal basado en la tortura no es capaz de distinguir entre inocentes y culpables y solamente agrega la violencia estatal a la violencia criminal”, destacó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos en su informe presentado al Comité contra la Tortura de la ONU.
Aumento masivo de violaciones
“Nosotros vemos que en los últimos seis años aumentaron de manera masiva la tortura y otras violaciones, como desapariciones, detenciones arbitrarias, asesinatos… y eso tiene que ver con la militarización, con el hecho de que los militares asumieran funciones de seguridad pública”, denuncia Felicitas Piri Treue.
La representante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCIT), contraparte de Médico Internacional Suiza, precisa que “la situación en México es muy crítica. La tortura es una práctica sistemática”.
Aunque señala que no existen cifras precisas sobre ese flagelo, merced a que no se cuenta con un registro fiable, indica que la Comisión de Nacional de Derechos Humanos habla de un aumento de más de 500% en los últimos años.
“Lo más preocupante es que entre los responsables de la tortura se encuentren policías y miembros del ejército”, dice, amén del grave problema de la impunidad.
Víctimas ignoradas
“Amnistía Internacional lleva años expresando su preocupación por las denuncias de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar o por la policía a escala federal, estatal y municipal”, anota la organización en su informe ‘Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México”.
Las denuncias de tortura, añade, “son generalizadas y los responsables disfrutan de casi total impunidad”.
En efecto, “a pesar de los muchos casos de tortura documentados”, acota Felicitas Piri Treue, “las investigaciones no se hacen de manera eficaz, no son independientes”. Solamente 6 casos han recibido sentencia en firme de una práctica que según las ONG es “sistemática”.
“El CCTI es una organización pequeña; sin embargo, tenemos documentados casi 300 casos de tortura, una parte de ellos de los últimos 6 a 10 años. Sabemos a dónde pertenecen los policías responsables, son casos bien documentados, pero las denuncias no proceden, los casos son archivados”, lamenta Piri True.
Agrega que las autoridades no tienen interés en hacer investigaciones y cita entre los casos más conocidos, el del año 2006 en San Salvador Atenco (en el Estado de México, con Peña Nieto como gobernador) donde una concentración popular terminó en represión y la policía violó a 24 de las manifestantes.
México ante CAT
Entre el 31.10 y el 01.11, México respondió ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas. Los expertos de esa entidad multilateral subrayaron que en el país sigue vigente el uso de la tortura para “arrancar confesiones” a personas detenidas y que esas declaraciones son utilizadas luego en contra de víctimas durante los procesos penales.
Un caso que el organismo calificó de paradigmático es el de Israel Arzate, un joven de Ciudad Juárez que fue víctima de detención arbitraria y tortura para obligarlo a auto inculparse falsamente por una masacre. El caso se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia y CAT subraya la urgencia de rechazar la admisión de pruebas obtenidas mediante la tortura.
Las autoridades mexicanas enviaron a Ginebra a una delegación de 30 representes para presentar los avances en la lucha contra la tortura en el país, incluidas diversas modificaciones legislativas, así como la adhesión a mecanismos internacionales (ver columna de la derecha), medidas acogidas con beneplácito por la institución de la ONU.
Empero, el organismo destacó su preocupación por el incremento del uso de la tortura en todo el país; del empleo de la figura del arraigo penal (que permite una detención prolongada de los presuntos culpables y que fue elevado a rango constitucional), del aumento progresivo del número de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades, grupos criminales o particulares con apoyo de agentes del Estado.
El Comité contra la Tortura de la ONU manifestó su beneplácito por diversas medidas implementadas por las autoridades mexicanas contra ese flagelo. Entre ellas:
La ratificación de
El Segundo Protoco
lo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la abolición de la pena de muerte, en septiembre de 2007;
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, en diciembre de 2007;
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en marzo de 2008.
Reformas legislativas:
La adopción de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en 2007 y su reglamento en 2008;
Las reforma constitucional de justicia penal y seguridad pública de 18 de junio de 2008, dirigida a instaurar un nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio;
La promulgación en 2011 de la Ley sobre refugiados y protección complementaria y de la Ley de migración;
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, que eleva a rango constitucional todos los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales ratificados por el Estado parte;
La promulgación en 2012 de la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos;
La promulgación en 2012 de la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas;
Mayor protección de DD HH
La adopción del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012;
La adopción de la Estrategia Penitenciaria 2008-2012;
La aprobación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010-2012.
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