Una ley para eliminar las desigualdades que afectan a minusválidos
El gobierno suizo adoptó este lunes el mensaje relativo a la ley sobre igualdad a favor de las personas minusválidas. Este proyecto de ley es un contraproyecto indirecto a la iniciativa "Derechos iguales para las personas minusválidas".
La Confederación va a contribuir con 300 millones de francos para financiar los costos que se deriven en el terreno de los transportes públicos, es decir para adaptarlos a los minusválidos, según anunció la ministra de Justicia y Policía, Ruth Metzler.
La ley presentada por el gobierno y la iniciativa popular mencionada van en la misma dirección, pero toman caminos diferentes.
El gobierno federal considera que la promulgación de una ley es la mejor opción. Por su parte, la iniciativa popular piensa garantizar, a escala constitucional, el derecho de las personas minusválidas a tener acceso a todas las construcciones y obtener las mismas prestaciones que los demás.
Según el gobierno, en un terreno tan complejo como éste, establecer derechos subjetivos fundados en la Constitución presentaría serias dificultades y tendría consecuencias financieras imprevisibles.
Por el contrario, la ley tiene la ventaja de delimitar de manera precisa los terrenos en los que son necesarias medidas y fijar el ritmo de las adaptaciones.
La ley sobre igualdad en favor de las personas minusválidas obliga a la Confederación, a los cantones y a las comunas, a edificar y adaptar sus construcciones o instalaciones así como sus prestaciones destinadas al público, de manera que sean conformes a las necesidades de los minusválidos.
La misma obligación afecta a los particulares cuyas edificaciones e instalaciones sean accesibles al público.
A pesar de las mejoras que propone, las organizaciones de personas minusválidas consideran que el proyecto de ley presentado por el gobierno es muy tímido.
Es cierto que el proyecto de ley permite a las personas concernidas acudir a las instancias competentes para eliminar una desigualdad. Sin embargo, señalan los organizadores de la iniciativa, el campo de aplicación de la ley es muy restringido.
Así, el proyecto de ley no obliga a adaptar construcciones e instalaciones abiertas al público ya existentes. Sólo los edificios nuevos o renovados están concernidos.
Además, el plazo de veinte años para adaptar las infraestructuras de los transportes públicos es considerado muy largo. Por otro lado, las organizaciones dicen que el tema del empleo apenas es tratado en el proyecto.
En consecuencia, los organizadores mantienen la iniciativa “Derechos iguales para las personas minusválidas”, depositada en junio de 1999, con el apoyo de más de 120.000 firmas.
Sin embargo, según Caroline Klein, de la Conferencia de organizaciones de ayuda a los minusválidos, la iniciativa podría ser retirada si el Parlamento aporta mejoras sensibles.
swissinfo y agencias
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