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¿Por qué Suiza no se ha deshecho aún de las fortunas de los potentados?

El primer ministro de Malasia, Najib Razak, se ha visto involucrado en un gran escándalo de corrupción vinculado con el fondo soberano 1MDB. La fiscalía suiza ha bloqueado varias decenas de millones de francos en bancos helvéticos. Reuters

El bloqueo de cuentas y la restitución de fondos de dictadores destituidos estarán regulados en breve por una nueva ley que se considera única en su tipo. Pero esto no impide que los capitales ilegales sigan fluyendo a la plaza financiera suiza. Varios casos recientes muestran los fallos de los dispositivos antiblanqueo.

Suiza intenta demostrar al mundo que ha dejado de ser la caja fuerte de los déspotas extranjeros: Es el principal objetivo de la nueva ley para el bloqueo y la restitución de valores patrimoniales de origen ilícito de personas políticamente expuestas de origen extranjeroEnlace externo, que debate actualmente el Parlamento y que los expertos del Banco Mundial han calificado de ejemplar.

Después del sonado caso Marcos (Filipinas) en 1986, la lista de haberes de potentados que han empañado la reputación de Suiza y su plaza financiera es larga e incluye apellidos como Mobutu (Zaire, hoy Congo), Abacha (Nigeria), Salinas (México), Duvalier (Haití), Gbagbo (Costa de Marfil), Ben Ali (Túnez), Gadafi (Libia) y Mubarak (Egipto). Personajes, que en complicidad con algunos bancos suizos, se dedicaron a desfalcar y empobrecer a sus países.

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Cronología: Las fortunas de los déspotas en cajas fuertes suizas

Hoy, algunos estiman que esta clase de prácticas pertenecen al pasado porque así lo han exigido las circunstancias. La virulencia de la más reciente crisis financiera cambió las reglas del juego para los bancos y detonó una creciente presión internacional para abolir el secreto bancario y endurecer tanto las exigencias de transparencia como las medidas de lucha contra el lavado de dinero.

En este grupo se cuenta el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC, centro), Jacques Neyrnck, quien hace poco expresó en el Parlamento: “Ya no somos los encubridores del mundo, el sector bancario suizo ha iniciado un proceso de moralización, se ha dado cuenta de que no necesita hacer trampas para triunfar. La fortaleza del franco, la estabilidad política de Suiza y la solidez de sus instituciones son suficientes para granjearnos el éxito como país”.

Numerosos casos

Tras la primavera árabe, muchos quedaron sorprendidos por la magnitud del monto de las cuentas que fueron bloqueadas en Suiza (más de 1 000 millones de francos). En muchos casos los fondos pertenecían a personalidades públicas extranjeras de esta región.

Pero la experiencia se ha repetido en otras latitudes. Algunos ejemplos son el gigantesco escándalo de corrupción de Petrobras –el titán petrolero brasileño que es, además, la empresa más grande de este país–; el caso del expresidente de Ucrania, Viktor Ianoukovitch y su círculo más cercano; o el de la hija del dictador uzbeko Gulnara KarimovaEnlace externo, que conjuntamente desviaron varios cientos de millones de francos suizos bloqueados por orden del Ministerio Público de la Confederación (MPC), la fiscalía helvética.

5 000 millones bloqueados

En total, sin distingo entre los fondos que pertenecen a personas políticamente expuestas (PEP) y los que provienen de la delincuencia ‘ordinaria’, actualmente hay al menos 5 000 millones de francos suizos bloqueados en cuentas helvéticas, confirma a swissinfo.ch el Ministerio Público de la Confederación.

Asimismo, a principios de septiembre se conoció que el MPC congeló fondos por decenas de millones de francos derivados del escándalo de corrupción del 1MDB, un fondo soberano de Malasia controlado por el primer ministro Najib Razak. Y el semanario L’HebdoEnlace externo (Lausana) reveló que muchos millones de francos procedentes de actividades ilícitas cometidas por el gobierno de Eritrea transitaron por cuentas en Ginebra y Zúrich.

“Desafortunadamente, la nueva ley que debate el Parlamento no cambiará en nada esta situación”, deplora Olivier Longchamp, especialista en temas financieros de la ONG Declaración de BernaEnlace externo, “ya que la legislación se centra exclusivamente en los fondos que Suiza tiene identificados. Pero no está en capacidad de evitar la llegada de dinero ilícito que es producto de la corrupción”.

Debilidades en el dispositivo antiblanqueo

Las medidas para evitar el lavado de dinero vigentes en Suiza tienen como piedra angular la Ley contra el blanqueo de dineroEnlace externo de 1998, que obliga a los bancos a verificar el origen de los fondos de las personas políticamente expuestas (PEP)Enlace externo. Estos requisitos acaban de endurecerse con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Pese a ello, el sistema aún tiene muchos defectos. Esto se debe en gran medida a que su estructura se basa en la confianza depositada en los intermediarios financieros de que notificarán voluntariamente cualquier transacción sospechosa. “En la realidad, tenemos poca información sobre la manera en la que los bancos ejercen los protocolos (preventivos) de debida diligencia”, denuncia Olivier Longchamp.

¿Qué dice FINMA?

En Suiza, “las disposiciones relativas a las PEP cumplen con las normas internacionales y, en algunos casos y en áreas concretas, van incluso más lejos”, afirma Vinzenz Mathys, portavoz de la Autoridad Supervisora de los Mercados Financieros (FINMA).

Supervisar que se respeten las reglas que se aplican a las PEP es fundamental para combatir el lavado de dinero, enfatiza Mathys. No hay “índice alguno” de que existan problemas fundamentales en la aplicación de las normas vigentes por parte de los intermediarios financieros.

Contactados por swissinfo.ch, los bancos se mostraron reticentes a hablar sobre este tema y pidieron a la Asociación Suiza de BanquerosEnlace externo (ASB) que se ocupara de fijar una posición. Solicitando el anonimato, el responsable de un gran banco suizo aseguró en nombre del sector que las instituciones financieras han realizado grandes inversiones para conseguir una banca más transparente y vigilante. En la actualidad, afirma, “la apertura o conservación de las cuentas bancarias de una PEP se decide al más alto nivel directivo. Y los bancos disponen de investigadores internos que dan seguimiento a este tipo de clientes para evitar cualquier riesgo que pudiera atentar contra la reputación de una entidad”.

Sanciones no disuasivas

Nuestro interlocutor reconoce, no obstante, que ningún banco está exento de transacciones ilícitas, ya que las PEP se esconden con frecuencia detrás de estructuras opacas, testaferros o sociedades privadas que gestionan sus activos en el extranjero. “Mientras haya dinero derivado de actividades ilegales, habrá personas que intenten integrarlo en los circuitos económicos tradicionales a través de los bancos, y cada vez más también en el mercado del arte o el sector inmobiliario”, refiere la fuente bancaria.

Con más de 2,3 billones de francos suizos bajo su gestión, lo que equivale al 25% de los fondos administrados en el extranjero, la plaza financiera suiza sigue estando expuesta a esta clase de delitos. “Los pequeños bancos privados son los más vulnerables porque no tienen los medios para financiar sistemas de control avanzados”, acota Gretta Fenner, directora del Instituto de Gobernanza de BasileaEnlace externo, un organismo independiente y no lucrativo que lucha contra la corrupción y los crímenes financieros.

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La tentación de incumplir las reglas es igualmente grande para las pequeñas entidades financieras cuando hay cientos de millones de francos en juego, coincide Olivier Longchamp. Y tampoco ayuda que las sanciones no sean disuasorias. “En Estados Unidos, las multas pueden alcanzar miles de millones de dólares, mientras que la autoridad supervisora en Suiza, la FINMA, no tiene derecho a aplicar este tipo de castigos. En el caso los fondos de la primavera árabe, el gendarme helvético de los mercados financieros no se atrevió siquiera a comunicar el nombre de los bancos que habían incumplido gravemente sus obligaciones”, lamenta el representante de la Declaración de Berna.

Responsabilidad compartida

Adicionalmente, existe ambigüedad en torno a la mera presencia en Suiza de fondos provenientes de regímenes autocráticos. Pues como refiere la ASB en su webEnlace externo, “los problemas surgen solo a partir del momento en que una PEP se convierte en persona non grata a los ojos del Gobierno suizo y de otras organizaciones internacionales”.

Para evitar esta falta de claridad en las definiciones, el exfiscal del cantón del Tesino, Paolo Bernasconi, afirmaba recientemente en las páginas del diario ginebrino ’Le Temps’ que los bancos no deberían aceptar dinero de miembros de un gobierno extranjero ni de sus allegados.

Una propuesta extrema que, en opinión de Olivier Longchamp, “vulnera el sentido liberal que caracteriza a los suizos”. Hasta la fecha, ni siquiera han prosperado en el Parlamento medidas mucho menos rigurosas, como la moción de la diputada socialista Margret Kiener NellenEnlace externo, presentada en 2012, que quería obligar a todas las PEP a probar por escrito el origen legal de sus activos.

Traducción del francés: Andrea Ornelas

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