«Usan la migración para crear discordia en Francia», denuncian las ONG sobre la nueva ley

París, 6 nov (EFE).- El alto coste social de los inmigrantes es una de las falsas premisas de la nueva ley que empieza a tramitarse hoy en el Senado, denunció un grupo de ONG, que lamenta que se polarice el debate sobre la inmigración por motivos electoralistas.

«Hace 20 años que en Francia el tema de la inmigración lo manipulan algunos políticos y algunos medios para crear discordia en el país y propagar el resentimiento. Y eso funciona», declaró a EFE Benoît Hamon, candidato por el Partido Socialista (PS) en las presidenciales de 2017 y actual dirigente de la ONG Singa.

Hamon, quien logró apenas un 6 % de los votos en aquellos comicios ganados por Emmanuel Macron, fue uno de los protagonistas en una conferencia de prensa que reunió a varias organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y los refugiados en Francia, un país que, según los sondeos, ve la llegada de extranjeros como uno de sus principales problemas.

Las ONG convocantes repudiaron una ley que empieza a debatirse este lunes en el Senado, antes de ir a la Asamblea, y que incluye disposiciones que endurecen y «complican» la vida de los inmigrantes y refugiados en Francia, que en 2022 representaban en torno al 10 % de la población.

«No se muestra lo que funciona, no se muestra, por ejemplo, que el 15 % de los creadores de empresas son extranjeros. No se muestra cómo contribuyen a la Seguridad Social en Francia y que sin esta contribución todos nuestros sistemas serán deficitarios», prosiguió Hamon, exdiputado europeo y antiguo ministro de Educación.

Los partidarios de endurecer la ley, entre los que se encuentra una parte del Gobierno de Emmanuel Macron, la derecha clásica y la ultraderecha, apuntan que la acogida de extranjeros es muy costosa para las arcas públicas. Para la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, representan 54.000 millones de euros al año, cifras cuestionadas por otros estudios.

ACABAR CON AYUDA MÉDICA

Una de las disposiciones que están levantado más llagas es la posible eliminación de la conocida como AME (Ayuda Médica del Estado, que cubre gastos médicos y hospitalarios para los indocumentados que lleven como mínimo tres meses en Francia) para sustituirlo por un dispositivo, aún por definir, que cubriera únicamente la atención de urgencia.

«Esta nueva ley debilita aún más a los que están alejados de las ayudas, como los inmigrantes latinoamericanos, que no saben a dónde deben dirigirse», alertó la venezolana Camila Ríos Armas, fundadora de la ONG UNIR, que presta ayuda a refugiados y a demandantes de asilo en Francia.

La semana pasada, unos 3.000 sanitarios pidieron al Gobierno francés y al Parlamento que se mantenga la ayuda médica gratuita destinada a las personas indocumentadas (que tiene un coste anual del 0,5 % del gasto público en salud) y pusieron como mal ejemplo de lo que no hay que hacer a España, cuando eliminó temporalmente ese dispositivo la pasada década.

«Yo mismo fui beneficiario de la AME por una grave enfermad que sufrí (…). Nuestra salud es también vuestra salud», terció el maliense Hamada Siby, en alusión al argumento de que sin esa atención médica se podrían propagar enfermedades infecciosas, lo que llevó precisamente al Gobierno de España a retirar la medida de 2012, que quitaba el derecho a salud a los inmigrantes indocumentados.

Siby, representante de un colectivo de trabajadores sin papeles en París y alrededores, aclaró que la actual ayuda médica en riesgo de eliminarse no abarca, por ejemplo, especialidades como el dentista o el oftalmólogo.

La espinosa nueva ley promovida por el Gobierno de Macron, que también facilita la expulsión de inmigrantes delincuentes y prevé la regularización de migrantes indocumentados en áreas económicas en tensión, está rodeada de incertidumbre, pues el oficialismo carece de mayoría absoluta parlamentaria y debe buscar el respaldo de otros grupos para sacar adelante esta iniciativa.

De momento, la ultraderecha y la derecha clásica no se alinean con el proyecto porque quieren endurecerlo, mientras que la izquierda lo considera demasiado restrictivo. EFE

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