Vehículos usados de contrabando, ¿legalizar lo ilegal?
No es la norma, pero en Bolivia no es raro ver automóviles viejos con más de 10 años en el tacómetro que entraron de contrabando en el país y ahora circulan legalmente. Más aún, el Parlamento Plurinacional aprobó una ley que permitirá ‘legalizar’ todos los vehículos clandestinos indocumentados.
El Proyecto Aire Limpio –que ejecuta desde hace siete años la ONG suiza Swisscontact con apoyo de COSUDE–, advierte sobre los efectos perjudiciales que encierra el crecimiento desmesurado del parque vehicular en las grandes ciudades.
El número de vehículos pasó de medio millón en 2004 a un millón en 2009, y “este medio millón han sido vehículos usados con 10 años de antigüedad promedio”, precisa Freddy Koch, responsable de la ONG suiza.
Para frenar el caos y la contaminación ambiental, el presidente Evo Morales dictó en 2008 un Decreto fijando en 4 años el uso; se redujo así el número de autos clandestinos y mejoró la calidad de los ingresados. “Las señales eran buenas en el camino a hacer una buena gestión de la calidad del aire y del transporte”. Hoy, el panorama cambia de fisonomía.
Transporte público en manos privadas, casi obsoleto
Bolivia no tiene un sistema municipal de transporte público organizado, estructurado; sino uno caótico, insuficiente y precario. De los autobuses de gran capacidad que hace 20 o 30 años circulaban con 40 o 50 pasajeros han pasado al empleo de minibuses de 15 a 20 pasajeros incómodamente sentados e incluso a ‘trufis’ (taxis) para 5 o 6 pasajeros.
“Esa micronización muy poco favor le ha hecho a la evolución del transporte”, sostiene Koch al tiempo de abogar por la introducción de sistemas de buses de transporte masivo.
Con este telón de fondo y la concentración demográfica en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, la viveza criolla halló una salida en el puerto chileno de Iquique, adonde llegan cientos de vehículos usados sin mercado en otras partes. De modo que el comprar un automóvil con 8, 9, o 10 años de uso e introducirlo clandestinamente a Bolivia se ha convertido en una creciente actividad lucrativa que, además de eludir los requisitos aduaneros y técnicos, contamina el aire.
Muchos de esos vehículos son revendidos e incorporados en las líneas de transporte sin tener, casi siempre, un filtro catalizador que reduzca las emisiones de gas. Más aún, decenas de esas máquinas venían con el panel de conducción en el lado derecho y debían ser “transformados”, en la mayoría de las veces, en talleres clandestinos, con las consiguientes faltas de garantía y seguridad.
Aire Limpio encara la cuarta fase de su labor
Swisscontact realiza desde 2004 el Proyecto Aire Limpio con respaldo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), con la finalidad de contribuir con medidas al cuidado del aire en las metrópolis contaminadas por los gases de automotores.
Desde entonces ha establecido un sistema de control del aire bajo la denominación de Red Mónica en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Su función es medir diariamente la calidad del aire, generar una línea sobre la evolución de la contaminación, así como activar una red encargada de publicar los datos.
Es así que una década después de la promulgación de la Ley del Medio Ambiente en Bolivia, Swisscontact publica por primera vez un informe nacional de la calidad del aire, junto con el trabajo de sensibilización y capacitación. Actualmente existe en los municipios una oficina encargada de la gestión del aire.
En la última fase del proyecto, Aire Limpio dedica sus esfuerzos a dos temas directamente relacionados con la forma de reducir la contaminación: el primero es poner en marcha un sistema de revisión técnica vehicular en el país, con la inclusión de las partes técnico-mecánica y medioambiental; y el segundo propone elementos para mejorar los sistemas de transporte público.
Los riesgos de la ley en cuestión
La mayoría de los vehículos que circulan por la difícil topografía de La Paz, El Alto o las congestionadas calles de Cochabamba y Santa Cruz parecen hacerlo apenas porque, sencillamente, son viejos con incluso 30 años de ‘servicio’. Consiguientemente, no saben de filtros ni combustibles limpios, y al toser sus gases a las personas acrecientan el peligro de causarles deficiencias respiratorias y pulmonares.
Por lo tanto, la ley de ‘amnistía’ que dé tres meses para ‘legalizar’ los autos clandestinos que ya están en el país encierra, como precisa Koch, tres aristas negativas: todos los vehículos que entraron por vía ilegal fueron transformados en centros, generalmente, clandestinos, sin control; el segundo elemento es que usualmente se retira el catalizador de esos vehículos y, tercero, es injusto porque de alguna manera se premia la ilegalidad en detrimento de aquellos propietarios que de buena fe pagan sus impuestos y cumplen los requisitos al adquirir un motorizado.
No cabe duda, al crecer el número de poseedores de automóviles clandestinos también ha aumentado su influencia política, ha servido para hacer presión y conseguir que algún parlamentario proponga una ley semejante.
Lo peor es que al saber que tienen tres meses para obtener documentos legales, no es difícil imaginar que muchos ‘vivillos’ apuren los pasos hacia Iquique, hacia donde estarían surcando un par de barcos japoneses con vehículos necesitados de nuevos dueños; vehículos, por supuesto, con varios kilómetros y años en el tacómetro.
La ciudadanía, en un país acostumbrado a recurrir con relativa frecuencia al bloqueo de calles, podría temer naturalmente que este ejemplo sea imitado por otros sectores como los comerciantes en ropa usada proveniente de países de Europa o Estados Unidos.
En el caso actual, lo que está en juego es la salud expuesta a los gases nocivos de los vehículos usados y a la falta de seguridad en un sistema de transporte público privado. De ahí que uno de los propósitos del proyecto Aire Limpio de Swisscontact sea precisamente el abogar por servicios de transporte público de masas (autobuses) gestionados por las comunas.
La ley aprobada por el Parlamento Plurinacional de Bolivia concede un plazo de 90 días para que los propietarios de vehículos indocumentados o de contrabando los ‘legalicen’ ante la Aduana y otras instancias.
Dado que se trata de automóviles con varios años de uso, en gran parte de los casos sin catalizador, aumentan los índices de contaminación del aire.
Bolivia tiene un territorio 26 veces más grande que el de Suiza, pero la gran mayoría de sus habitantes están concentrados en la ciudades.
Casi la totalidad del millón de vehículos que circulan en el país están ocasionando problemas de tráfico e incrementando los casos de enfermedades respiratorias agudas, problemas de asma, cardiovasculares e incluso casos de cáncer pulmonar.
Swisscontact (Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico) es una organización nacida en 1959 por personalidades de la empresa privada y las universidades suizas.
En cooperación con contrapartes locales fomenta el desarrollo sostenible a través de programas y proyectos según el principio de la Ayuda para la Autoayuda.
El programa Aire Limpio en las ciudades bolivianas La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, arrancó en 2004 con un millón y medio de francos.
En la segunda fase contó con cuatro millones y en la última que concluye en 2012 dispone de aproximadamente un millón aportado por el Gobierno suizo.
Según el primer informe sobre calidad del aire:
en 2004 había 121 vehículos por cada 1.000 habitantes, y en 2007 subió a 158 por cada 1.000 habitantes.
Cochabamba tiene, por ejemplo, 300 coches por cada 1.000 habitantes; o sea, un vehículo por familia.
La ‘vejez’ de los microbuses en el transporte público promedia los 18 años de uso.
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