ONG pide a opositores prudencia al hablar del caso de Venezuela en la CPI
Caracas, 13 feb (EFE).- La ONG Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven) recomendó hoy a los políticos opositores que tengan prudencia al referirse a la investigación que inició la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el país.
“El Ciciven (…) exige prudencia al declarar sobre la Corte Penal Internacional y el proceso que ante ella ha abierto su fiscal, Karim Khan”, se indica en un comunicado de la organización difundido por varios medios.
Al respecto, recordaron “que el derecho de las víctimas y sus familiares a obtener justicia es inviolable y no puede ser objeto de negociaciones políticas, menos aún por quienes carecen de legitimidad para interferir en un asunto que se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.
Recordaron que Khan ha “expresado que no permitirá que se politice la causa de Venezuela”, lo que hizo por primera vez en noviembre pasado en Caracas al lado del presidente Nicolás Maduro.
En aquella ocasión anunció que la Fiscalía de la CPI abriría formalmente una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, aunque aclaró que, hasta ese momento no se había “identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”.
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, desde al menos abril de 2017, durante las manifestaciones y malos tratos a opositores en algunas cárceles.
La CPI extendió hasta el 16 de abril el plazo para que las autoridades de Venezuela presenten su informe acerca de las investigaciones puestas en marcha sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Al respecto, Ciciven advirtió de que “querer producir cambios en el Poder Judicial venezolano” en las negociaciones entre el Gobierno y la oposición, actualmente suspendidas, “vulnera la constitución que asigna esta función a un poder legislativo legal y legítimamente electo por la soberanía popular”.
Esto, a juicio de la organización, “solo se producirá cuando cese la usurpación de los poderes públicos por parte de la organización criminal que los detenta ilegalmente, y se celebren elecciones libres y transparente”. EFE
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