«España tiene la obligación de indagar en el pasado»
El juez Baltasar Garzón quiere que se establezca un registro de las víctimas del franquismo. Esta iniciativa no va a tener mucho éxito, opina el historiador Walther L. Bernecker.
El ex catedrático de la Universidad de Berna considera que es la obligación del Estado español fomentar el trabajo de rememoración del pasado franquista. Entrevista.
Bernecker es un experto de la Historia Contemporánea de España y un conocedor erudito de la época franquista y de la Transición a la democracia. Publicó numerosas contribuciones periódicas y monográficas sobre el tema.
swissinfo: El 1 de septiembre, el juez Baltasar Garzón decretó que se estableciera un registro de las víctimas del régimen franquista. ¿Qué opina de esta iniciativa?
Walther L. Bernecker: La iniciativa no va a tener probablemente demasiado éxito. Lo que Garzón quiere es un censo de todas las víctimas del franquismo, y se refiere por supuesto a las víctimas que todavía están esparcidas por todo el suelo español, sin que se conozca realmente su paradero ni cómo fueron ejecutadas.
De la inmensa mayoría de los ajusticiados ya se tiene conocimiento, pero averiguar dónde se encuentran los restantes será muy difícil. Es una labor que en los próximos años tendrán que llevar a cabo historiadores, forenses, hijos y nietos de las víctimas.
swissinfo: A pesar de varios intentos de recopilación de datos, aún no existen cifras oficiales de las víctimas del régimen. ¿Por qué?
W. L. B.: Actualmente hay cifras bastante fidedignas sobre aproximadamente la mitad del territorio nacional. Los trabajos de exhumación se han realizado sólo en unas 25 o 26 provincias.
swissinfo: Garzón solicitó a distintos entes públicos la elaboración del registro. ¿Cree que la Justicia es el órgano indicado para esclarecer el pasado franquista?
W. L. B.: En el fondo no. La Justicia sólo puede ser una medida adicional. Aquí tienen que trabajar, en primer lugar, los forenses e historiadores. Lo único que la Justicia puede hacer, es preparar la base jurídica sobre la cual se podrá seguir investigando.
Lo que Garzón pretende es intensificar la labor que realizan desde hace años las diferentes asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. Quiere concienciar a las instituciones estatales para que ayuden, porque hasta este momento no han hecho nada en absoluto.
swissinfo: Las iniciativas de la sociedad civil tienen por objetivo dilucidar la historia de la represión franquista. ¿Qué importancia les concede?
W. L. B.: Su labor es esencial, porque si no hubiera sido por estas iniciativas, no habría pasado nada hasta hoy. Sin el trabajo iniciado por Emilio Silva [presidente de la ARMH, ver cuadro] en 1999, estaríamos hoy probablemente en la misma situación como hace diez años.
En cierto modo es una situación bastante bochornosa para España, ya que no debería haber sido una institución de la sociedad civil, un nieto de uno de los fusilados, que empezara con esta labor, puesto que se trata de una obligación del Estado.
swissinfo: Las posturas de los principales partidos políticos españoles son diferentes. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero apoya la iniciativa, mientras destacados dirigentes de la oposición, como Mariano Rajoy y Manuel Fraga, la rechazan. ¿Existen razones históricas para estas posiciones?
W. L. B.: Es incomprensible que un gran partido como el Partido Popular (PP) pueda decir que hay que dejar el pasado y no seguir investigando. Todas las sociedades tienen no solamente el derecho sino la obligación de indagar en el pasado. No habrá paz hasta que estas preguntas no estén definitivamente resueltas.
Resulta muy difícil entender por qué un gran partido no apoya este tipo de iniciativas, aunque sabemos que antes tampoco las apoyaba el Partido Socialista. En cierta manera, España juega un papel algo dilatado en la Historia Europea porque empieza muy tarde con este tipo de labor.
El PSOE se ha hecho eco al menos de estas iniciativas, y es de suponer y esperar que el PP cambie de opinión. Algunas declaraciones del PP ya indican en esa dirección.
swissinfo: En los últimos años se han multiplicado las iniciativas para el restablecimiento de la memoria histórica. Se han retirado estatuas ecuestres de Franco y otras insignias del régimen. ¿En qué punto se encuentra España en su enfrentamiento crítico con el pasado?
W. L. B.: Actualmente hay una conciencia generalizada. Si hace algunos años el remover de una estatua ecuestre de Franco era un escándalo público, ahora ya no lo es. La última que se removió en Salamanca, no provocó ningún tipo de disturbios.
Aún queda mucho por hacer —como en el tema de las fosas comunes—, pero yo diría que España va por buen camino. La Ley de la Memoria Histórica ha sido de gran importancia simbólica para el país; ha sido un paso adelante. Aunque tarde, España por fin se ha hecho cargo de un tema que es absolutamente imprescindible para cada sociedad democrática.
swissinfo: Varios expertos dudan del éxito de la iniciativa. Y la Fiscalía estima que contradice la Ley de Amnistía de 1977. ¿Bajo estas circunstancias se podrá mantener el denominado ‘pacto del silencio’?
W. L. B.: Seguir indagando en el asunto de las fosas comunes no contradice en absoluto la Ley de Amnistía. Una cosa no tiene que ver con la otra. La Ley de Amnistía dice que no habrá consecuencias penales para lo que pasó durante la Guerra Civil y la dictadura.
En ningún sitio dice que no se pueden buscar los restos mortales de las personas que fueron enterradas en las cunetas y en los campos esparcidos por todo el territorio nacional. A mi entender, la Fiscalía está en contra de la investigación porque estima que no es competencia del juez meterse en estos asuntos. Éste es al menos el argumento oficial.
Yo creo, sin embargo, que está en contra por motivos políticos, porque cada muerto que se encuentra es uno más que ensancha la lista negra del régimen franquista.
swissinfo: ¿Cree que algún día se llegará a hacer justicia a las víctimas republicanas?
W. L. B.: Justicia en el sentido histórico ya se está haciendo, por parte de los historiadores y de la sociedad en general. Justicia en el sentido económico o de rehabilitación política será muy difícil de conseguir. En primer lugar, porque las víctimas han muerto. Lo que sí podemos hacer es recuperar la memoria de esas personas y restituir su dignidad histórica.
swissinfo: Esencial para el enfrentamiento crítico con el pasado es lo que puede aportar la ciencia histórica. ¿Cree que los historiadores han hecho sus deberes?
W. L. B.: Queda indudablemente mucho trabajo por hacer, pero la investigación histórica está haciendo sus deberes. Es cierto que empezó muy tarde a dedicarse al tema de la represión franquista, varias décadas después de la muerte de Franco.
En la época de la Transición no se quería remover demasiado el tema. Fue veinte años después, cuando se empezó a trabajar realmente en ello, pero desde entonces se puede decir que se está haciendo con una enorme intensidad. Los resultados obtenidos en los últimos diez años son muy alentadores y se sigue avanzando mucho.
Entrevista swissinfo: Antonio Suárez Varela
La iniciativa de Garzón es la actuación judicial más importante realizada en España sobre los represaliados de Franco, según fuentes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
El objetivo de la ARMH es la exhumación de las fosas comunes de los restos de las víctimas de los asesinatos extrajudiciales perpetrados por las tropas franquistas, con el fin de que puedan ser identificadas y enterradas por sus familiares.
Considera que esos delitos son imprescriptibles. El Ministerio Fiscal, en cambio, se opone a que se abra un proceso, porque estima que contradice la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977, con la cual quedaron amnistiados todos los actos de «intencionalidad política» realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976.
Con esa ley, las élites franquistas habían aceptado la transición a la democracia a cambio de una amnistía política de hecho, que descansa sobre el denominado ‘pacto del silencio’.
El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aplaudan la iniciativa de Garzón. Varios representantes del Partido Popular y su presidente, Mariano Rajoy, no quieren que se «reabren viejas heridas».
El pasado 1 de septiembre, el juez de la Audiencia Nacional publicó dos providencias en las que pide a varios entes públicos que recaben información sobre las víctimas del franquismo y establezcan un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, día del golpe de Estado franquista.
El magistrado adoptó esta medida como paso previo a la decisión de si la Audiencia Nacional es el órgano jurídico competente para investigar las denuncias que presentaron 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, el sindicato CNT y varios particulares el 18 de julio de 2007.
Esos colectivos solicitan la persecución penal por delitos de lesa humanidad y persecución universal de los autores de las desapariciones, saqueos, asesinatos, torturas y exilios forzosos cometidos contra las víctimas del bando republicano.
El historiador alemán ha publicado estudios sobre temas relacionados con la Historia de España, Portugal e Iberoamérica de los siglos XIX y XX.
Nacido en 1947, pasó un período de la escolaridad en España. Estudió historia, filología alemana e hispana en la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen-Nuremberg.
De 1973 a 1977 fue colaborador científico, y de 1979 a 1984 consejero académico en la cátedra de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Augsburgo.
En 1986 obtuvo la capacitación para acceder a una cátedra de universidad.
Entre 1988 y 1992 ocupó la cátedra de Historia General en la Universidad de Berna. Desde 1992 es profesor en la Universidad de Erlangen-Nuremberg.
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