España abre el sepulcro de su pasado franquista
El Congreso de los Diputados aprobó un decreto ley que ordena la exhumación del cadáver de Francisco Franco, que yace en una capilla del Valle de los Caídos. La investigadora Sévane Garibian, profesora de Derecho en la Universidad de Ginebra, analiza para swissinfo.ch el alcance de ese paso y contextualiza el caso español comparándolo con otros países.
El retiro de los restos mortales del dictador podría llevarse a cabo a finales de este año y obedece a una medida impulsada por el Gobierno socialista y sometida a escrutinio el pasado 12 de septiembre. Todas las formaciones políticas votaron a favor excepto Ciudadanos, Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias que se abstuvieron.
swissinfo: El miércoles 12.09, el Congreso aprobó la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco para sacarlos del Valle de los Caídos. La portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Adriana Lastra, calificó la votación de “histórica”. ¿Qué valoración hace usted de este paso?
Sévane GaribianEnlace externo: Es un paso muy importante. El traslado de los restos de Franco, 43 años después de su entierro en el Valle de los Caídos, como él mismo lo había deseado y orquestado, marca una posición política totalmente diferente frente al pasado franquista de España. Creo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma. La idea es que el Valle de Los Caídos ya no sea más un lugar de conmemoración de la llamada “reconciliación” o del propio verdugo, que literalmente yace sobre los restos de decenas de miles de republicanos enterrados en ese mismo monumento, sino un lugar de memoria de las víctimas de la dictadura y de la guerra civil. Este gesto político no es trivial en una sociedad marcada por el lastre de la impunidad de los crímenes del franquismo.
swissinfo: Los crímenes cometidos durante la dictadura franquista quedaron impunes por la Ley de amnistía pactada durante la Transición. ¿Cree que esa amnistía exime de investigar y, en su caso, judicializar delitos imprescriptibles como los crímenes contra la humanidad?
S. G.: La Transición política tras la muerte de Franco en 1975 se construyó a partir de un “pacto del silencio”, en nombre de dicha reconciliación y de la paz civil. La Ley de amnistía de 1977 nunca fue cuestionada desde entonces y sigue vigente hoy en día, pero las amnistías en casos de crímenes de lesa humanidad son hoy ya mucho más difíciles de justificar desde el punto de vista del derecho internacional. No hubo en España juicios a los responsables de los crímenes del franquismo, y todos recordamos el vano intento del juez Baltasar Garzón de contrarrestar el obstáculo jurídico de la amnistía española hace diez años.
swissinfo: ¿Existen paralelismos con otros países donde los autores de crímenes contra la humanidad quedaron impunes?
S. G.: Por supuesto, hay muchos casos de impunidad. En realidad, son los casos más comunes, ya que el acceso a la justicia penal, nacional o internacional, después de crímenes de masa sigue siendo la excepción. Muy a menudo, las situaciones de impunidad se explican por la existencia de leyes de amnistía, que bloquean cualquier proceso judicial, o por la muerte de los responsables. En la obra colectiva que he dirigido recientemente, titulada “La muerte del verdugo. Reflexiones interdisciplinarias sobre el cadáver de los criminales de masa” (Mino y Dávila, 2016Enlace externo), hemos abordado dos casos paradigmáticos, entre otros, el de España y, en otro contexto político-histórico, el de Turquía. En ambos casos, la “monumentalizacion” del verdugo fue posible gracias a una negación política del pasado criminal y a la adopción de amnistías en el momento de la transición. De hecho, un siglo después del genocidio armenio, el Estado turco aún sigue aferrado a su política negacionista. Y la sepultura de Talaat Pacha, el “Hitler” de los armenios, se encuentra en pleno centro de Estambul en un mausoleo construido en memoria del genocida sobre la Colina del Monumento a la Libertad, que es un cementerio en homenaje a los héroes de la nación.
SÉVANE GARIBIAN
Investigadora en las áreas de Justicia Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, Sévane Garibian nació en el seno de una familia que escapó del genocidio armenio. Ha hecho estudios en Egipto, Francia, Argentina, España y Suiza.
Es profesora becaria del Fondo Nacional Suizo (FNS) en la Facultad de Derecho de Ginebra y también dicta cátedra en la Universidad de Neuchâtel.
Asimismo, dirige el proyecto científico ‘Right to Truth, Truth(s) through Rights: Mass Crimes Impunity and Transitional Justice’Enlace externo, financiado por el FNS, tendiente a interrogar el derecho a la verdad y su implementación en contextos de impunidad de crímenes de masa.
swissinfo: ¿Qué puede aportar la doctrina del Derecho penal internacional para casos como el español? El Tribunal Internacional de Derechos Humanos en La Haya ha juzgado en los últimos años sobre todo los crímenes cometidos en la guerra civil de Yugoslavia y en numerosos conflictos armados en África.
S. G.: En el caso de España, el tratamiento jurídico, judicial o no, de la violencia extrema solo se podrá realizar en el ámbito nacional. Del Estado español dependerá si querrá emprender las medidas necesarias para reconocer su pasado criminal en conformidad con las exigencias de justicia y de reparación propias a un estado de derecho. Efectivamente, los tribunales de La Haya, que usted menciona, los conforman, en primer lugar, el tribunal penal internacional ‘ad hoc’ TPIY [Tribunal Penal Internacional para la otrora Yugoslavia, n.d.l.r.], creado específicamente para procesar a los responsables de los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, y, por otro, la Corte Penal Internacional CPI, única corte permanente en la materia, que, sin embargo, no tiene jurisdicción para procesar a los responsables de crímenes cometidos con anterioridad a 2002, año de la entrada en vigor de su Estatuto. No obstante, a escala nacional también pueden actuar en nombre de la jurisdicción universal los estados, como ocurre actualmente en Argentina, donde se abrió una causa contra el franquismo. Hay que recordar que Argentina y España tienen una historia cruzada interesante, ya que en España se condenó al militar argentino Adolfo Scilingo en 2005, en una época donde la impunidad reinaba en Argentina justo antes de la invalidación de las leyes de amnistía y la reapertura de los juicios.
swissinfo: España es después de Camboya el país que más víctimas de guerras civiles tiene enterradas en fosas comunes sin ser identificadas ni devueltas a sus familiares. ¿Cree que el Estado debería dar su apoyo a los descendientes para que se puedan encontrar y sepultar dignamente a los muertos?
S. G.: El derecho a la verdad es un derecho humano ahora reconocido en el derecho internacional y el derecho de la ONU. Implica el derecho a conocer el destino de los desaparecidos, así como a acceder a una búsqueda e identificación de los cuerpos para ofrecerles un entierro digno y permitir a los familiares un verdadero trabajo de duelo.
swissinfo: En España se está también valorando la posibilidad de constituir una comisión de la verdad a semejanza de la de Sudáfrica después del Apartheid. ¿Podría ser ésta una vía para visualizar y reparar simbólicamente las injusticias cometidas durante el franquismo?
S. G.: Más de 40 países han recurrido a la creación de una comisión de la verdad desde la década de los ochenta, incluida la famosa Comisión Sudafricana, que tiene su origen en los primeros experimentos en América del Sur. Dichas comisiones pueden contribuir, efectivamente, a la implementación del derecho a la verdad. Sin embargo, debe recordarse que estas comisiones son heterogéneas y tienen formas, mandatos y objetivos muy diferentes. Es imposible pensar en términos de “corta y pega”, no existe un modelo perfecto como tal que pudiera ser exportable. Cada comisión, para ser efectiva, debe ser creada y establecida teniendo en cuenta las particularidades, necesidades y expectativas nacionales. Es, por ejemplo, lo que Colombia está tratando de hacer. No existe una fórmula mágica. Además, es necesario prestar mucha atención a los riesgos de la instrumentalización política de tales comisiones, que a veces pueden convertirse en un pretexto para mantener una situación de impunidad e incluso de negación.
swissinfo: Usted es una reconocida especialista en temas relacionados con la justicia transicional y los derechos humanos. Es descendiente de una familia armenia que escapó del genocidio. Por lo tanto tiene una relación familiar y personal con este tema. ¿Qué significa el reconocimiento oficial para las víctimas desde el punto de vista personal y emocional? ¿Y qué nos puede decir acerca de su caso?
S. G.: Me importa tener una relación a la vez humanista y científica con mis temas de trabajo. Ya tuve la oportunidad de explicarle a swissinfo.ch mi trayectoria profesional a la luz de mi herencia familiar, y la importancia que tiene mi propia historia en mi forma de trabajar y pensar, en mi manera de ver el mundo. Mi familia me transmitió un profundo sentido ético y la conciencia aguda y exigente de que somos responsables de nuestras elecciones personales y profesionales. Esto proporciona una gran libertad mental para construir y transmitir, a su vez, con rigor y generosidad. Viniendo de una historia de sobrevivencia aún negada por los responsables, mi punto de partida, por así decirlo, se encuentra en la necesidad de evitar la ocultación y la repetición.
(Entrevista realizada por correspondencia)
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