Amplia victoria de Santos en Colombia
Juan Manuel Santos, candidato del Partido Social de Unidad Nacional y “heredero” de la política del saliente mandatario, Álvaro Uribe, se impuso este domingo por amplia mayoría (69% de los sufragios) a su adversario, el matemático Antanas Mockus, del Partido Verde (27%).
El ex ministro de Defensa prometió una mayor firmeza en la lucha contra la guerrilla cuyas horas, dijo “están contadas”. Su victoria suscita a la vez entusiasmo y desazón. En Suiza y en Colombia, swissinfo.ch recogió testimonios en ambos sentidos.
“Con el presidente (Álvaro) Uribe la suerte de Colombia cambió, se afianzó la democracia, la seguridad se recuperó”, asentó la embajadora de ese país ante la Confederación, Claudia Turbay Quintero, entrevistada por swissinfo.ch poco antes de los comicios.
En su opinión, las perspectivas de triunfo que había en torno al candidato del oficialista Partido Social de Unidad Nacional (de la U) traducían la decisión de los electores de mantener la senda marcada por el dirigente actual.
Y en los votantes – un total de 30 millones- incidió seguramente el golpe asestado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 13 de junio, cuando el ejército logró rescatar a cuatro personas, incluido un general de la policía y un coronel, retenidos desde hacía 12 años por la principal guerrilla del país.
Para la diplomática colombiana, esa acción puso de manifiesto que “el presidente Uribe sigue gobernando con el mismo compromiso, con la misma entrega hasta el último momento. Siento y estoy segura que lo comparten muchos colombianos, que con cada persona liberada hay una liberación colectiva”.
La herencia de Uribe
Los rescates de rehenes y la merma a las FARC, se suman a los aciertos del presidente saliente y, de manera directa, como ex ministro de Defensa, a su sucesor. Empero, los ocho años de la seguridad democrática implementada por el régimen actual no permitieron resolver el problema de la violencia en el país.
El pasado mes de marzo, y en el marco de una visita de parlamentarios, cooperantes y periodistas suizos a Colombia, organizada por la ONG E-CHANGER, académicos y representantes de ONG plantearon el panorama de la situación colombiana y del legado del mandatario actual.
Pese a las acometidas del Ejército (la más significativa en 2008, en territorio ecuatoriano y en la que fue muerto el dirigente guerrillero Raúl Reyes), las guerrillas tienen capacidad de reformarse y es ingente el gasto de defensa. El Gobierno no logró desarticular el paramilitarismo, ni el narcotráfico, amén de que en los últimos años se han formado bandas de criminales que dan continuidad al fenómeno paramilitar y que están dispersas a lo largo de la nación.
Los especialistas aludieron a la severa crisis con Venezuela y a la relación no resuelta con Ecuador, además de que el país se encuentra en una situación muy vulnerable en el contexto latinoamericano, tanto por falta de un proyecto diplomático para la región como por el acuerdo con Estados Unidos para la instalación de sus bases.
Destacaron que al término del doble mandato de Uribe, el país queda con una economía en crisis, con una de las tasas de desempleo más altas de las últimas décadas y totalmente dependiente de la explotación de recursos naturales por parte de la inversión extranjera, amén de un colapso en el sistema de salud y una tremenda fragilidad institucional por sus tensas relaciones con la Corte Suprema.
Se requería una política dura
Durante el mismo viaje por Colombia (En más sobre el tema: Cien años de soledad… y 60 de conflicto), la misión suiza se reunió también con el director del programa presidencial de Derechos Humanos, Carlos Franco quien ofreció igualmente a los visitantes una amplia exposición sobre el estado de cosas en su país. (En podcasts reportajes: Colombia en víspera de elecciones)
Habló de la compleja violencia que vive Colombia desde hace medio siglo, de su degradación con la irrupción de los paramilitares y sus masacres, con la escalada de acciones por parte de la guerrilla y sus secuestros; con la entrada en escena de los narcotraficantes. Una espiral de violencia que redujo el control del Estado a una cuantas zonas urbanas y provocó el desplazamiento de 420 mil personas por año. Habló también de los fallidos intentos de negociación entre las partes en conflicto.
“En esas condiciones Uribe gana las elecciones y nuestra política es que hay necesidad de una política de seguridad fuerte en Colombia porque el Estado ni controlaba el territorio ni la gente tenía garantías para ejercer las libertades y los grupos armados eran muy fuertes”.
Empero, dijo, “no ha sido fácil”. La complejidad del territorio colombiano, con 540 kilómetros cuadrados de selva dificultaron el control de las fuerzas armadas y ello trajo “problemas muy graves”. Es decir, el fenómeno de los “falsos positivos”: civiles asesinados por soldados y presentados por éstos como “bajas” de las FARC.
Una situación mejor, pero…
Carlos Franco refiere las acciones de respuesta del Gobierno, la destitución de los implicados: 3 generales y 11 coroneles, alude a los 194 militares condenados y a los cerca de 700 en etapa de juicio. Dice también que la situación de los derechos humanos ha mejorado en su país pero reconoce que “aunque no es tan mala como dicen nuestros críticos, tampoco es tan buena como quisiéramos”.
A guisa de ejemplo, asegura que los ataques a sindicalistas han disminuido (y en ese tenor, Claudia Turbay subraya que la OIT eliminó a Colombia de su lista de países que tienen que rendir cuentas sobre las condiciones de los trabajadores), así como las cifras de muertes violentas (de 64 por cada 100 mil habitantes a 34). También indica que los desplazamientos se han reducido “pero se siguen presentando y tenemos un acumulado de 3 millones 400 mil” (algunas cifras señalan más de cuatro millones).
Reconoce también que no ha mejorado el tema de los asesinatos de indígenas, cuyos territorios son ambicionados por grupos ilícitos, además de que el Gobierno no ha podido lograr un acuerdo con ellos para desarrollar de manera conjunta la seguridad de los territorios.
“El Estado colombiano despierta desconfianza en muchas zonas de las comunidades porque fue indolente cuando hubo todas esas masacres, porque el Estado cometió muchos de esos abusos de derechos humanos Entonces, la única forma que hubiera de garantizar esa seguridad es que los indígenas, que tienen sus propias autoridades reconocidas, cumplieran también la obligación de proteger esos territorios de manera coordinada con el Estado, pero no se ha logrado la coordinación. Uno no decreta la confianza en un día. La confianza hay que irla ganando con hechos, rectificar errores, mostrar hechos”.
Y para eso abundan las oportunidades… con los indígenas, con los campesinos:
En Suiza, la voz campesina
Irene Ramírez y Misael Payares, representantes labriegos, acudieron a Berna el mes pasado, con el apoyo de las ONG Grupo de Trabajo Suiza Colombia y Brigadas Internacionales para la Paz, respectivamente, para denunciar las ilegalidades de que son objeto.
“Nuestra región es habitada por paramilitares”, acusa Irene Ramírez, de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC/Magdalena Medio). “No hay salud, no hay educación, violan a nuestras hijas, persiguen a nuestros líderes, matan a nuestros jóvenes”. Diez y ocho de entre ellos se cuentan entre los tristemente célebres ‘falsos positivos’. (En más sobre el tema: ¿Los ‘falsos positivos’ también votan?)
Misael Payares, cuya comunidad, ‘Las Pavas’ (Bolívar), ha sido víctima de todo un inventario de infamias: amenazas, asesinatos, despojos, prevaricación… acusa: “El Gobierno, en asocio con la empresa, hizo un binomio y nos violaron nuestro derecho, que es el derecho al trabajo, a la vida, a permanecer en el territorio…”
Desde hace medio siglo, “cuando llegué estaba tiernito”, recuerda el sexagenario campesino, los agricultores llegaron al predio. Se trataba de tierras abandonadas que ellos cultivaron y de las que han vivido, cuando los han dejado…
Víctimas de todos los depredadores
Primero vinieron los ganaderos y los echaron. Volvieron. Llegaron las FARC “para cuidarlos” pero luego asesinaron a algunos de entre ellos acusándoles de “informantes” y todos se fueron, regresaron, pero vinieron más tarde los paramilitares, se identificaron como elementos del Grupo Central Bolívar, reunieron a todos en el aula de la escuela y les dijeron “¡Se van o no respondemos por sus vidas!” Era el 2003.
En junio del año pasado, los campesinos fueron expulsados una vez más. En esta ocasión, por las fuerzas armadas a solicitud de la empresa palmicultora CI Tequendama y Aportes San Isidro, del grupo DAABON. Sin embargo, los labriegos habían iniciado un proceso de extinción de dominio ante las autoridades correspondientes y tramitaban la titulación de esas tierras que rescataron del ocio.
“Es insólito que una empresa poderosa venga a quitarle el bocado a unos campesinos que lo único que saben es trabajar la tierra, y es insólito que el Gobierno lo permita”, concluye don Misael.
Marcela Águila Rubín, Berna y Bogotá, swissinfo.ch
El pueblo colombiano eligió este domingo al ex ministro de Hacienda, Comercio y Defensa, Juan Manuel Santos, como sucesor del presidente Álvaro Uribe.
Formado en Harvard y procedente de una familia acomodada, Santos marca el continuismo de la política de Uribe (2002-2010), cuya intención de reelegirse por tercera vez quedó truncada por decisión de la Suprema Corte.
En mayo se efectuó en Berna un encuentro público con el diputado socialista Carlo Sommaruga y los representantes colombianos de la comunidad ‘Las Pavas’ (Bolívar), Misael Payares e Irene Ramírez, de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC/Magdalena Medio), apoyados por las ONH helvéticas Grupo de trabajo Suiza-Colombia (ASK!) y Brigadas para la Paz.
Durante el evento quedaron de manifiesto los agudos problemas que persisten en el país sudamericano en materia de derechos humanos y de tenencia de la tierra.
Sommaruga expresó su consternación “por la gente que vive, se desplaza y duerme con los títulos de la tierra porque si los pierde no puede demostrar su propiedad”.
En la ocasión, el legislador anunció que pedirá al ministerio de Exteriores incluir sistemáticamente el tema de los derechos humanos en su diálogo con Colombia y a la Secretaría de Estado de Economía, incluir el apoyo a los procesos de regularización de tenencia de la tierra, en los programas de cooperación con Colombia, una iniciativa impulsada por ASK! y Swissaid.
Después de crecer a tasas del 6.94 y 7.55 en el 2006 y 2007, en el 2008 el PIB apenas logró un magro 2.58%, sostenido por los sectores de minas y energía, financiero y servicios. La expectativa para el 2009 según la Cepal es de crecer 0.5%
En el mercado de trabajo hay una fuerte participación de la informalidad que alcanza el 80% en los sectores agropecuario y minero, el 65% en la construcción, el 60% en el comercio, el 25% en el financiero y el 45% en la industria manufacturera.
Sólo el 46.9% de los ocupados es asalariado, el 46.1% independiente y el 6.9% sin remuneración.
En los últimos 25 años, un promedio de 4.629.000 fueron desplazadas de sus hogares, correspondiendo en un 74% de pobladores rurales que perdieron o dejaron abandonadas 5.5 millones de hectáreas, cuando en Colombia se ha dedicado 4 millones de hectáreas a la agricultura.
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