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Referéndum de independencia ¿Los catalanes en Suiza votarán el 1-O?

Una manifestación con banderas catalanas

Los catalanes celebraron el pasado 11 de septiembre su fiesta nacional, la Diada. 

(Keystone)

La Generalitat de Catalunya ha convocado un referéndum de independencia para el 1 de octubre que el Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar. A dos semanas de la consulta siguen abiertos muchos interrogantes. Más de 220 000 catalanes residen en el extranjero, de los cuales cerca de 12 000 en Suiza. ¿Van a votar?     

Francesc reside desde hace cinco años en Suiza, pero no está registrado en el Censo Electoral de los Españoles AusentesEnlace externo (CERA). Este ingeniero industrial de 38 años sigue empadronado en un pueblo de la provincia de Lleida a donde se desplazará para votar. “Creo profundamente en la democracia directa. Proponer, debatir, votar y responsabilizarse de las decisiones colegiadas por todo el pueblo es la auténtica democracia. Es una manera de que hagamos lo público más nuestro y dejar de culpar a ‘los políticos’ de lo que no nos gusta. Y Suiza es un ejemplo a seguir”, dice.

La ley del voto electrónico que impulsó el Gobierno de la Generalitat para facilitar la participación de los catalanes en el exterior no se ha promulgado a tiempo para el referéndum. Francesc lo lamenta. “Sin duda no hace ningún favor a la participación y obliga a viajar o hacer trámites incómodos a todos aquellos que estamos viviendo lejos de Catalunya”. No obstante, reconoce que “votar ‘in situ’ y vivir la emoción del recuento… es una experiencia que vale la pena vivir”.

Referéndum en España

La Constitución españolaEnlace externo (1978) contempla tres grandes modalidades de referéndum (reforma constitucional, consultivo y autonómico). Es obligatorio y vinculante en el caso de una nueva Carta Magna (como la de 1978) o de ciertas reformas constitucionales (por ejemplo, todo lo que atañe a la monarquía). Además, una reforma constitucional puede ser sometida a referéndum si así lo solicita una décima parte de los diputados o senadores. 

Los referéndums consultivos no son vinculantes y solo los puede convocar el Gobierno: por ejemplo, sobre la permanencia de España en la OTAN (1986) y la Constitución Europea (2005). No ha habido referéndums consultivos en ninguna comunidad autónoma. Los dos intentos –País Vasco (2005) y Cataluña (2014)– que reivindicaban el derecho de los vascos y catalanes a decidir su futuro fracasaron o fueron anulados por el Tribunal Constitucional. Los que contemplan algunos Estatutos de Autonomía (no todos) están previstos en la Constitución y son vinculantes. 

En 2006, los catalanes avalaron en referéndum el nuevo Estatuto de Catalunya aprobado previamente por el Parlamento español. El Partido Popular presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad. El TC declaró 14 artículos inconstitucionales.

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A diferencia de sus padres, madrileños afincados en Catalunya desde los años 70, Francesc está a favor de la independencia, pero no está seguro de que esa sea la opción mayoritaria. “Por eso quiero que se haga el referéndum, que decida la mayoría, sea cual sea el resultado, y que ese resultado sea vinculante. La aprobación o no la debe dar la gente, que es de donde emana la democracia y de ella las leyes (y no al revés)”, puntualiza.

El problema es que según la Constitución españolaEnlace externo (art. 149.1.32), “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum" es competencia exclusiva del Estado. El Tribunal ConstitucionalEnlace externo (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha suspendido cautelarmente la denominada ley de transitoriedad jurídica (que define el marco legal de una Catalunya independiente si el 1-O gana el sí), aprobada por el Parlament catalán.

Una “reacción lógica y previsible”, según Mercè*, pero es demasiado tarde para enzarzarse en cuestiones legales, sostiene esta periodista, de 46 años, nacida en Barcelona, de padre catalán y madre española. “Han tenido tiempo de sobra para solucionar el conflicto legalmente mediante una reforma constitucional (…) que permita a los ciudadanos participar en las decisiones a través de los referéndums y las iniciativas, como en Suiza”. La ley vigente, dice, es “impropia de una democracia”.

Votar desde Suiza

Casada con un suizo y residente en Suiza desde hace nueve años, Mercè se debate entre votar o no votar: “No participar significa no tener voz y participar significa legitimar algo que no es legítimo, porque este referéndum no lo es”. Además, al no estar inscrita en el Registro de Catalanes Residentes en el ExteriorEnlace externo, no sabe si está “a tiempo de hacer todos los trámites necesarios” para participar.

Según el decreto que firmó el presidente de la Generalitat el 7 de septiembre, solo podrán votar los catalanes en el exterior que se hayan registrado en el censo que ha habilitado la Generalitat y que recibirán la documentación para pedir el voto en un plazo de siete días.

“Aparte del papeleo necesario previo a la solicitud de voto”, explica Mercè, “el procedimiento no difiere mucho del que se seguiría para unas elecciones autonómicas. La diferencia es que es la Generalitat la que debe autorizarme para pedir el voto. Y para ello debo estar registrada como catalana en el extranjero”.

Otra diferencia es que tendrá que enviar su voto a la delegación del Gobierno de la Generalitat en Alemania (porque no hay delegación en Suiza), que será la encargada de custodiar los sobres hasta el momento de proceder al escrutinio.

A diferencia de los catalanes en el extranjero, los que viven en otras comunidades autónomas españolas no podrán votar. “Me parece normal. Una suiza empadronada en el cantón de Zúrich tampoco puede participar en las votaciones de otros cantones”, opina Mercè.

Según Francesc, es una injusticia que atribuye “al hecho de que el referéndum no se haya podido acordar con el Gobierno central y a todas las dificultades que este pone para la consecución del mismo”. Además, “existen reservas sobre la neutralidad de Correos”, afirma.

'Junts pel Sí', la coalición electoral que defiende la independencia, teme un posible boicot de la empresa pública de Correos y ha pedido a los catalanes en el exterior que impriman su papeleta para el 1-O.

Tuit conseller

Tuit del Jordi Turrull i Negre para imprimir las papeletas en papel

Y varios catalanes en Suiza han seguido las instrucciones.

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La papeleta de voto de un catalán en Suiza que es partidario de la independencia


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Un catalán en Suiza partidario de la independenciua muestra su papeleta de voto

La desconfianza es mutua. “No tengo ninguna confianza en la ANC [Asamblea Nacional Catalana], uno de los principales organizadores de la consulta”, confiesa Manel*, de 25 años, doctorando en Suiza desde finales de 2014.

Es “una organización claramente fanática y con sus acciones recientes ha demostrado que todo vale para conseguir la independencia”, sentencia. Se refiere, por ejemplo, a “repartir octavillas a los turistas en la huelga del Prat [aeropuerto de Barcelona] comunicando implícitamente que en una Catalunya independiente no habría huelgas, o repartir carteles contra el rey en una manifestación de homenaje a las víctimas del atentado en las Ramblas, insinuando que los muertos fueron culpa de España”.

Nacido en un pueblo de Lleida, de padre catalán y madre gallega, Manel ha vivido en Andorra y principalmente en Barcelona, y está a favor de un referéndum, “pero no de la consulta que se quiere hacer”.

Estado de las Autonomías

Con la Constitución de 1978, España pasa a ser un Estado descentralizado que se conoce como el Estado de las Autonomías. Está conformado por 17 Comunidades Autónomas (regiones) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de una comunidad (o ciudad) autónoma. En ellos se establecen la organización y sede de las instituciones autonómicas, así como sus competencias y, en el caso de Catalunya, el País Vasco y Galicia, los principios del régimen lingüístico (catalán, euskera y gallego).

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Para decidir el futuro de Catalunya, dice, se necesita una mayoría mucho más amplia que los 72 contra 63 escaños de los partidos que han votado a favor de la consulta en el 'Parlament', los mismos partidos que en las elecciones autonómicas no obtuvieron una mayoría de los votos (48%).

Manel no votará el 1-O, porque el referéndum carece de las “garantías suficientes para que el resultado sea verdaderamente democrático y un válido reflejo de lo que piensan los catalanes”. Los organizadores “no son neutrales”, insiste. “¿Quién me garantiza que no se van a manipular las cifras de participación, los votos, etc.?” En su opinión, votarán “aquellos que no teman las consecuencias jurídicas de hacer una acción ilegal”.

Julio, arquitecto de 52 años y residente en Suiza desde 2001, tampoco está de acuerdo con la convocatoria. “Si el referéndum fuera legal, todas las partes pudieran defender sus posiciones y estuviéramos realmente informados de las consecuencias de la creación de un nuevo Estado en Europa, yo iría a votar”. Y si ganara el sí a la independencia, “yo aceptaría esa decisión y apoyaría al nuevo país”, dice.

Aunque nació en Andalucía, Julio se siente catalán y el catalán es su lengua materna, pero se define como internacionalista y, en lugar de crear más fronteras, preferiría suprimir algunas. “Para mí lo importante son las personas y las culturas, no las fronteras”, anota. “Soy emigrante por segunda vez [la primera con seis años] y en todas las partes en las que he vivido me he sentido querido por la gente. Prefiero potenciar lo que nos une y descartar lo que nos distancia. Hay una palabra en el dialecto bernés que me gusta mucho: “zäme” = juntos”.

“Dividirnos no va a solucionar nada; al contrario: perdemos todos”, coincide Mercè.

La pregunta del millón

“Si gana el no, aventuro tiempos muy difíciles para el encaje de Catalunya en España. Y si gana el sí, el proceso de desarrollo de la independencia durará meses o incluso años. Será un proceso complicado”, augura Francesc.

La única certeza, según los sondeos, es que la gran mayoría de los catalanes (80%) quieren pronunciarse sobre el futuro de su comunidad dentro de la legalidad y con garantías de que el resultado sea vinculante.

“El Gobierno no puede ignorar por más tiempo que algunas cosas tienen que cambiar, y la Constitución es la primera”, sentencia Mercè.

“Tarde o temprano, Rajoy y Puigdemont [presidente de Catalunya] tendrán que sentarse a hablar de verdad”, vaticina Manel. Y la solución, a su juicio, reside en que “el Estado reconozca que Catalunya es una nación, tiene una cultura y una identidad propias y diseñe un sistema de financiación más justo con las comunidades que más dinero aportan, entre ellas, Catalunya”.

*Ha solicitado anonimato (nombre modificado) y gallego).

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