El gobierno la emprende contra el trabajo negro
La ministra de Economía lanzó este jueves una campaña nacional contra el trabajo negro, al margen de la entrada en vigor de una ley más restrictiva.
Según Doris Leuthard, la economía subterránea representa unos 39.000 millones de francos al año, es decir el 9% del Producto Interior Bruto.
Bajo el eslogan » No al trabajo negro para que todo el mundo gane», la campaña lanzado por Doris Leuthard debe durar dos años.
Este jueves, la consejera federal recordó que el trabajo negro afecta al Estado, sustrayéndole impuestos y cuotas sociales.
Sin embargo, también castiga a los propios trabajadores. «Quien trabaja de manera clandestina se perjudica porque renuncia al salario al que tiene derecho y a la protección de la seguridad social», dijo.
Nueva ley
Basada entre otras cosas en una serie de anuncios, la campaña nacional cuenta con el apoyo del empresariado y los sindicatos. Acompaña la nueva ley que entrará en vigor el 1 de enero, con medidas de incitación, represión e información.
En lo que concierne a las sanciones, la nueva reglamentación prevé que además de las multas establecidas por el derecho actual, el empresario que cometa infracciones graves y repetidas podrá verse excluido de los mercados públicos.
Además, las ayudas financieras que le son concedidas podrán ser reducidas. La ministra de Economía se dijo persuadida de que esas medidas serían disuasivas.
Más controles
Las nuevas reglas prevén, por otro lado, una intensificación de los controles. Los cantones tendrán que instituir un órgano para verificar el respeto de las disposiciones legales por parte de las empresas.
«Recomendamos a los cantones integrar ese órgano en la misma unidad administrativa que el servicio responsable de las medidas de acompañamiento a la circulación libre de las personas con la Unión Europea», precisó Sergio Gaillard, jefe de la Dirección del Trabajo del Ministerio la Economía.
La Confederación tomará a su cargo el 50% de los gastos de control no cubiertos por los emolumentos y las multas. No fija en cambio ningún número mínimo de controles ni de inspectores.
Más transparencia
La ley incitará a los empresarios, vía un procedimiento simplificado de descuento, a declarar a los trabajadores poco remunerados.
Doris Leuthard apuesta a una colaboración entre las diferentes autoridades. La ley crea en efecto una base legal para la transmisión de datos por diversos órganos (inspección del trabajo, oficina de extranjeros, seguros sociales) al del control cantonal. La obligación de guardar el secreto será levantada en ciertos campos.
Gracias a este intercambio de informaciones, y garantizando la protección de los datos, será posible, por ejemplo, detectar a las personas que reciben indemnizaciones por desempleo al tiempo que ejercen una actividad lucrativa.
swissinfo y agencias
El instituto gfs.bern publica un estudio de planificación ‘Trabajo negro en Suiza’ por encomienda del Ministerio de Economía. Resalta que:
Sólo una minoría de habitantes y de empresarios perciben hoy el trabajo negro como un problema mayor para la economía suiza.
El interés en suprimir el trabajo negro se deriva del hecho de que los riesgos vinculados con ese fenómeno afectan ante todo al individuo.
Más o menos una cuarta parte de las personas interrogadas en Suiza relativizan los daños del trabajo negro para el Estado, para la economía y la sociedad.
La otra parte está consciente de los daños causados a la colectividad por el trabajo negro pero no ve la urgencia de medidas suplementarias de acción contra ese fenómeno.
Difícil de cuantificar, el trabajo negro es una actividad remunerada, asalariada o independiente y legal pero cuyo ejercicio se acompaña de una infracción de las prescripciones legales. Representaría el 9% del Producto Interior Bruto (PIB) en Suiza.
Según un estudio de Bruselas, en 2004 el fenómeno afectaría de manera muy variable a los países de la Unión Europea. Se situaría debajo del 5% del PIB en varios países de la Unión como Holanda y Suecia.
El trabajo negro avecinaría el 6% del PIB en Alemania y Francia. Pero sobrepasaría el 16% en Italia, el 20% en Grecia y más todavía en Bulgaria y en Rumania.
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