Fortalecen lucha contra desapariciones forzadas
Suiza en favor de una nueva convención internacional que establezca un real compromiso de los Estados contra ese delito.
El pronunciamiento helvético tiene lugar en momentos en que hay 500 mil desaparecidos en el mundo.
Con mandato de la Comisión de Derechos Humanos desde 1992, un grupo de trabajo ‘ad hoc’ se reunió en Ginebra esta semana para analizar las diversas propuestas internacionales para la elaboración de un nuevo mecanismo jurídico tendiente a luchar contra las desapariciones forzadas.
El ministro Jean Daniel Vigny, de la Misión Permanente de Suiza ante los organismos internacionales en Ginebra, manifestó el apoyo de Berna a los esfuerzos de la comunidad internacional para luchar en forma unida.
A las reuniones de trabajo asistió una nutrida delegación de América Latina, una de las regiones del mundo más golpeadas por ese tipo de ilícitos durante las dictaduras militares (entre las décadas de 1970 y 1980).
Entre otras asistieron representantes de las Madres de la Plaza de Mayo y del pueblo Aymara de Bolivia, amén de misiones oficiales de Venezuela, Colombia, México y Argentina.
Hacia una definición común
En la adopción de un nuevo instrumento jurídico de parte de los 191 Estados que integran la ONU se requiere, en primer término, elaborar una definición común del delito de “desaparición forzosa”.
Merced a que no existe aún consenso sobre el particular, una de las primeras tareas de este grupo de trabajo fue encontrar puntos de encuentro entre los participantes.
Al respecto destacó la intervención helvética. Jean Daniel Vigny definió la desaparición forzosa como una “violación grave y múltiple de varios derechos humanos”, que son garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
En términos jurídicos una desaparición forzosa es diferente a un secuestro, una detención ilegal, o un proceso de tortura; por lo tanto, su definición es compleja y difícil.
El diplomático suizo explicó que un acto ilícito semejante es violatorio de los derechos a la vida; de la prohibición de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la libertad y a la seguridad; el derecho de toda persona privada de la libertad a ser tratada en forma humana, entre otros.
Para José Luis Gómez, director de Derechos Humanos del Ministerio mexicano de Exteriores, quien asistió al encuentro, la definición de “desaparición forzosa” tendrá que ser afinada en los próximos meses, por lo que una nueva Convención estaría finalizada en un plazo de dos años.
Penas máximas
La comunidad internacional pretende que la relación del nuevo instrumento jurídico con los Estados sea vinculante, es decir, de acatamiento obligatorio.
“Después, habrá que decidir cuál será la modalidad de esa Convención: si se añade como un Protocolo Facultativo del PIDCP o, en su defecto, se adopta como Convención autónoma. Pero eso será lo de menos”, explicó Gómez a swissinfo.
También se busca castigar a los culpables, dada la gravedad del delito. “Se quiere aplicar las penas máximas a sus autores, se quieren establecer recursos judiciales expeditos, se quieren desterrar los centros de detención secretos y se busca sancionar, también, a las personas que pudiendo haber impedido esta práctica, no lo hayan hecho”, dijo el funcionario mexicano.
La reparación a las víctimas constituiría uno de los capítulos fundamentales del ordenamiento y daría respuesta a la preocupación de la comunidad internacional por los familiares de los desaparecidos: madres, esposas e hijos.
“El proceso será largo y complicado”, dijo Jean Daniel Vigny a swissinfo, aunque añadió que “lo más importante es que ya lo hemos comenzado”.
Una reunión informal tendrá lugar en septiembre próximo para evaluar los progresos que se hagan hasta entonces.
Luis Vázquez, Ginebra
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