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Gesto simbólico por esterilizaciones forzadas

Se desconoce el número exacto de víctimas de las esterilizaciones forzadas. Keystone Archive

Pese a la oposición del Gobierno y de la derecha, la diputación suiza aceptó indemnizar a las víctimas de ese tipo de operaciones.

Este contenido fue publicado el 10 marzo 2004

Pero la cantidad –5000 francos- es muy inferior a la prevista en el proyecto inicial y aún falta el voto de los senadores.

La Cámara Baja (Consejo Nacional) del Parlamento aceptó este miércoles el principio de una reparación a las víctimas de esterilizaciones y castraciones abusivas.

Por 91 votos contra 84, los diputados aprobaron el proyecto que busca otorgar reparaciones económicas a las personas que fueron esterilizadas sin el concurso de su voluntad. Esa práctica se llevó a cabo hasta los años 70 en Suiza entre enfermos mentales.

La indemnización será entregada únicamente a las víctimas que lo soliciten, es decir, a aquellos que aún vivan y que pidan la reparación. “El número de personas concernidas debe ser de un centenar”, estimó la diputada socialista Barbara Marty Kälin.

En cuanto al monto en cuestión, es muy inferior al previsto en forma inicial. “No hablamos ya de indemnizaciones que puedan elevarse hasta 80 mil francos, sino de un gesto simbólico”, subrayó la ecologista Anne-Catherine Menétrey.

Se trata, sin embargo, de reconocer una injusticia que fue cometida, agregó la diputada demócrata cristiana, Doris Leuthard.

Oposición del gobierno

La medida crearía un antecedente difícil de justificar, enfatizó el ministro de Justicia y Policía -Unión Democrática del Centro (UDC derecha dura)-, Christoph Blocher, en nombre del Gobierno.

“¿En 50 años nuestros descendientes deberán indemnizar también a las personas internadas ahora a título preventivo en los establecimientos psiquiátricos?, inquirió.

“Para determinar qué esterilizaciones fueron forzadas y cuáles se justificaban, debemos efectuar investigaciones profundas”, advirtieron en una postura apoyada por la UDC, el Partido Radical y el Partido Evangélico Popular.

Los opositores recordaron igualmente que en la época en que tuvieron lugar, las intervenciones practicadas eran responsabilidad de los cantones. Estiman entonces que no es la Confederación a la que le corresponde pagar ahora.

”El gobierno reconoció que en el pasado se llevaron a cabo esterilizaciones forzadas. Pero, como no había una base legal, considera que las autoridades no fueron realmente responsables... es un poco contradictorio”, comentó el historiador Thomas Huonker.

Al fin una ley

Este miércoles, los diputados aprobaron por mayoría (156 votos contra 2) la ley sobre las condiciones y el procedimiento que rigieron la esterilización de las personas.

“Se trata de llenar un vacío jurídico a escala federal”, explicó el radical Jean-Paul Glasson a nombre de la comisión. Sólo tres cantones (Neuchâtel, Friburgo y Argovia) cuentan con una legislación semejante.

“Era tiempo de reconocer el mal que se hizo y que una ley impida cometer de nuevo los mismos errores”, comentó Heidi Meyer, de la organización de defensa de los derechos de los minusválidos Insieme.

swissinfo y agencias

Datos clave

De 1920 a 1933, 960 mujeres fueron esterilizadas en la clínica de la Mujer de Basilea.
En el cantón de Vaud una ley aprobó 187 esterilizaciones involuntarias.
El texto fue abrogado apenas en 1985.

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Contexto

En Estados Unidos se produjeron las primeras esterilizaciones forzadas a finales siglo XIX. En casi 100 años, decenas de miles de personas fueron víctimas de esas prácticas.

En 1928 el cantón de Vaud fue el primer Estado de Europa en dotarse de una ley sobre la esterilización de los ‘retrasados mentales’.

El texto sólo será abrogado en 1985 y habrá servido de base para 187 intervenciones quirúrgicas involuntarias.

A principios del siglo XX prácticamente todos los cantones suizos recurrieron a esta forma de eugenismo y la esterilización forzada fue practicada hasta los años 70.

En 1999 la legisladora Margrith von Felten presentó una iniciativa parlamentaria solicitando un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas de ese tipo de intervención quirúrgica.

Cinco años más tarde la Cámara Baja acepta el principio a despecho de la opinión del Gobierno. Sin embargo, la Cámara de Senadores aún debe pronunciarse.

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