Intransigencia con extranjeros delincuentes
Los extranjeros que cometan delitos en Suiza se pueden enfrentar a un puño de hierro. El electorado deberá pronunciarse sobre dos variantes:
La llamada ‘iniciativa expulsión’ o un contraproyecto que fija los criterios de alejamiento e impone el respeto de la Constitución y del derecho internacional.
La mayoría del Parlamento decidió dar a los votantes una alternativa a la iniciativa popular ‘para la expulsión de extranjeros que cometen delitos’ (iniciativa expulsión) al final de los largos y sufridos debates. Ambas cámaras recomiendan al pueblo rechazar la iniciativa y dan su aprobación al contraproyecto.
La Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora) es la única formación que defiende la iniciativa, que había lanzado el día de la fiesta nacional en 2007 -el 1 de agosto- haciéndolo su caballo de batalla en la campaña para las elecciones federales del siguiente octubre.
Desde el principio, la iniciativa ha sido muy controvertida y no sólo por sus contenidos. La recogida de las firmas era promovida con un manifiesto que representa una oveja negra golpeada a patadas por un blanca para sacarla del mapa de Suiza que desencadenó una dura polémica en el país, además de generar críticas internacionales.
El texto prevé la expulsión de Suiza de cualquier persona extranjera condenada por delitos graves, o por haber percibido prestaciones abusivas de los seguros sociales y de la asistencia social. La iniciativa consiguió reunir más de 210.000 firmas -más del doble de las necesarias- fueron depositadas ya en febrero de 2009, con casi un año de adelanto respecto al término de la colecta.
Un éxito que después pesó en la decisión de la mayoría parlamentaria de no invalidarla, como solicitaba la izquierda roja-verde. Tanto el gobierno como el Parlamento concluyeron que el texto no viola el derecho internacional obligatorio y así pues la iniciativa es admisible. Eso mientras se reconoce que es contradictoria con disposiciones del derecho internacional no imperativas y también con las de la Constitución federal.
Respetar la voluntad popular
A pesar de oponerse a las iniciativas de la UDC, varios parlamentarios de centro-derecha exponen que no se puede simplemente ignorar un texto que está respaldado con la firmas de 200.000 electores. Si fuese invalidado, el pueblo no lo entendería, afirma el senador democristiano de Friburgo, Urs Schwaller.
Una postura que ha suscitado la indignación de socialistas y ecologistas, para los que el Parlamento no ha sabido dar una prueba de coraje. La diputada socialista Ada Marra invitó a los colegas del Consejo Nacional (cámara baja) a “reaccionar frente al terrorismo democrático” de la UDC.
Ni siquiera en el centro-derecha ha faltado quien estigmatizara la validación del texto. “¿Respetar los derechos del pueblo es hacerle creer hoy que esta iniciativa es aplicable para decirle mañana que no lo es, o es decirle la verdad hoy?”, explicó el senador del Partido Radical Democrático, (PRD/derecha) Dick Marty, invocando trasparencia y hablando de “engaño a los ciudadanos”.
La sombra de los minaretes
El senador del cantón del Tesino recordó los problemas de aplicación de dos iniciativas que fueron aprobadas en votaciones populares: la de 2004 ‘sobre el internamiento de por vida para criminales sexuales y violentos extremadamente peligrosos y contrarios a un terapia’ y la aceptada el 29 de noviembre pasado que veta la construcción de nuevos alminares en Suiza.
A continuación del éxito de esta última votación, el Consejo de los Estados (cámara alta) en diciembre reenvió el dossier a la comisión, pidiendo una revisión de la validez del texto y la elaboración de un contraproyecto directo frente a la iniciativa de expulsiones en lugar de uno indirecto como proponía el gobierno. De esta manera el electorado debe elegir entre dos opciones.
Expulsar, pero con reglas
Así ha sido retomada a nivel constitucional la propuesta formulada por el gobierno en el ámbito legislativo. El contraproyecto parlamentario describe una serie de ejemplos de delitos susceptibles de expulsión más precisa que la de la iniciativa e introduce el principio de proporcionalidad: a diferencia de la iniciativa, la expulsión no es automática pero está vinculada a la pena. El texto hace referencia al derecho superior: las expulsiones se realizan por el respeto de la Constitución y del derecho internacional.
La UDC encuentra ineficaz el contraproyecto
Le contrapropuesta de la mayoría parlamentaria no satisface nada a la UDC. Actualmente y sobre todo la aplicación de la ley es demasiado laxa: en consecuencia no tiene ningún efecto disuasorio, denuncian numerosos parlamentarios de UDC, afirmando repetidamente que la delincuencia extranjera es un problema para los países. Como respaldo a esta tesis, han citado las estadísticas sobre delincuencia que indican una presencia de los extranjeros más elevada con relación a su proporción en la población. Y el contraproyecto, en su opinión, no sirve de nada.
Si la iniciativa resulta aprobada, si quintuplicaría el número actual de las expulsiones de que media son de entre 300 y 400 cada año, mientras con el contraproyecto seria invariable, dice el miembro de la UDC de Turgovia, Walter Wobmann. Una cifras cuestionadas por los que apoyan el contraproyecto que defiende que las expulsiones se duplicarían.
Sin tener en cuenta los cálculos teóricos una cosa es cierta: ambas propuestas introducen un nuevo endurecimiento de la leyes en contra de los extranjeros. Tratándose de una modificación constitucional, para la aprobación, ambas necesitan la doble mayoría de ambas cámaras ( la del pueblo y de los cantones). Al electorado se le planteará también una petición subsidiaria: ¿cuál de los dos textos deberían elegir si ambos fueron aceptadas? La campaña promete ser ardiente.
Sonia Fenazzi, swissinfo.ch
(Traducción: Iván Turmo)
La iniciativa prevé la expulsión de los extranjeros condenados con sentencia por homicidio intencionado, violaciones u otros delitos sexuales graves, por un delito con violencia como el atraco, por la trata de seres humanos, tráfico de estupefacientes o robo con agresión.
También de los que percibieron y abusaron de las prestaciones de los seguros sociales y o de la asistencia social. Concede al legislador la facultad de añadir otros casos.
La duración de la prohibición para entrar en Suiza para la persona expulsada se fija por parte de la autoridad competente. Puede variar entre 5 y 15 años. En el caso de reincidencia, la duración del veto de entrada es de 20 años.
El contraproyecto prevé la expulsión de los extranjeros condenados con sentencia por asesinato, homicidio, violación, lesiones físicas graves, secuestro, trata de seres humanos e infracciones graves de la ley de estupefacientes, o otros delitos sancionados con una pena de privación de libertad de al menos un año.
Son también expulsados los extranjeros condenados a un pena de internamiento de al menos 18 meses por fraude u otras infracciones relacionadas con los seguros sociales, la ayuda social o contribuciones de derecho público, como también por fraude económico. La misma suerte es reservada a los extranjeros condenados por otras infracciones y una pena de privación de libertad de al menos dos años o a varias penas pecuniarias en el plazo de 10 años que sumen al menos 720 tasas diarias.
Este texto precisa que la expulsión es decretada en el respeto de los derechos humanos y de los constitucionales así como del derecho internacional.
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