La Eurocopa vivirá un ‘boom’ de policía privada
La policía suiza tiene que ahorrar. Empresas privadas cubren los vacíos en el dispositivo de seguridad, también durante la Eurocopa 2008, lo que supone un riesgo legal. Todo el mundo habla de seguridad, pero si se trata de gastar dinero, nadie quiere pagar.
Es lo que está ocurriendo a poco de iniciarse el Campeonato Europeo de Fútbol. A la ciudadanía suiza le extraña que los gastos de seguridad durante el Eurocopa 2008 se cubran con fondos públicos. Empero, la seguridad tiene su precio.
Los gastos públicos para el torneo continental se elevan en total a aproximadamente 182 millones de francos suizos, de los cuales 65 millones se emplean para seguridad.
Sobre la seguridad en los estadios y en las zonas de la afición velarán, además de policías suizos y extranjeros, también agentes de servicios privados de seguridad. Su número supera todas las cifras jamás registradas en Suiza. Expertos parten de un supuesto de hasta 3.000 efectivos.
Experiencia en artes marciales
A dos meses de la Eurocopa, todavía se buscan refuerzos: no sólo en la web de la empresa de seguridad Securitas, también en la de los Centros Regionales de Colocación (RAV, por sus siglas en alemán). El perfil de requisitos para los guardias privados es el siguiente: aparte de una reputación impecable y un sentido de la responsabilidad, se requiere una presencia cuidada y deportiva y experiencia en artes marciales.
¿Se puede garantizar así la seguridad? “Obviamente sólo emplearemos a agentes nuevos si han adquirido la formación adecuada para sus funciones”, señala el portavoz de Securitas, Urs Stadler.
El personal recibirá además del aprendizaje de base en las empresas matrices, una formación especial de cara a la Eurocopa. “Nuestras instrucciones abarcan temas como la colaboración con las fuerzas policiales, la comprensión mutua y acciones comunes”, agrega Stadler.
Con esta ocasión asistiremos a un desarrollo que se observa desde hace algunos años: un ‘boom’ de la policía privada. Su ventaja es que es más barata y puede entrar en acción a corto plazo; y puede ser despedida en cualquier momento.
Municipios externalizan servicios
La policía tiene que ahorrar dinero y sufre carencia de efectivos. Suiza dispone de aproximadamente 16.000 policías. Según informa la Asociación Suiza de los Agentes de Policía, se han acumulado hasta hoy en los cuerpos policíacos de Suiza más de un millón de horas extra.
“Las exigencias para la seguridad de la población han aumentado, y, al mismo tiempo, el Estado reduce sin cesar sus recursos”, explica Judith Wyttenbach del Instituto de Derecho Público de la Universidad de Berna.
El resultado es que varios municipios intentan externalizar una parte del trabajo de la policía para ahorrar dinero. Pero los privados no vigilan sólo edificios y distribuyen multas por estacionamiento indebido, también escoltan traslados de presos y expulsan a los solicitantes de asilo cuyas peticiones han sido denegadas. En algunas comunas del cantón de Argovia ya patrullan policías privados con uniforme y pistolas en las calles.
Pero ¿qué significa el repliegue progresivo del Estado del sector seguridad? “Significa, en principio, que se pueden permitir seguridad sólo aquellos que disponen del dinero necesario”, alega Wyttenbach. “Sin embargo, su deber es garantizar la seguridad con paridad legal.”
¿Qué pueden hacer los agentes privados?
En el fondo está claro que el monopolio de la fuerza corresponde al Estado. Pero este principio fundamental se está consumiendo cada vez más en los últimos años.
La soberanía policial es jurisdicción de los cantones. “Un problema indiscutible supone la falta de regulación del procedimiento de aprobación previa obligatoria para las empresas de seguridad privadas en algunos cantones”, observa Wyttenbach.
Es problemático si asumen obligaciones policiales sin tener una base legal suficiente y controles adecuados. Sin embargo, alertados por los sucesos de los últimos años, muchos cantones están ahora revisando sus leyes en la materia.
En principio, en terrenos privados se aplica el denominado Derecho doméstico. Esto significa, por ejemplo, que agentes de seguridad privados pueden controlar, cachear y expulsar a personas en un estadio.
Agentes privados tienen el derecho de retener a presuntos pendencieros hasta que llegue la policía. “El personal de servicios de seguridad privados no tienen más derechos que el ciudadano de a pie”, subraya Wyttenbach.
Problemas en el espacio público
¿No supone la Eurocopa un riesgo legal para esas empresas privadas? “Las empresas de seguridad privadas complementan la prevención de riesgos no policial de los órganos de seguridad públicos”, señala Stadler.
“Problemático puede ser el encargo de agentes privados por el Estado si se incluyen medidas policiales de carácter coercitivo”, alega Wyttenbach. Esto es el caso si los medios coactivos implican medidas como el cacheo de personas, interrogatorios policiales, el arresto o la conducción ordinaria.
swissinfo, Corinne Buchser
(Traducción del alemán: Antonio Suárez Varela)
Securitas SA y Protectas SA han fundado un consorcio para los servicios de seguridad privados durante la Eurocopa 2008. Una colaboración parecida ya la hubo en la Exposición nacional en 2002.
Para este propósito se ha instituido un servicio de personal común de las sociedades miembros de la Asociación de Empresas Suizas de Servicios de Seguridad (VSSU, por sus siglas en alemán).
El personal de seguridad recibirá además de la formación de base unos cursos específicos de preparación para el evento.
La VSSU es la asociación interprofesional oficial en Suiza. Tiene más de 40 miembros y reúne a más de 10.000 empleados de los servicios de seguridad helvéticos.
El 1 de diciembre de 2007 entró en vigor un decreto que establece normas mínimas que la Confederación tiene que acatar a la hora de adjudicar contratos públicos a empresas privadas de seguridad.
Las empresas privadas de seguridad, que se ocupan de ciertas funciones por encargo de la Confederación, tienen que cumplir varios requisitos: garantías suficientes para el reclutamiento, la formación y el control del personal de seguridad y pruebas para la seriedad y solvencia de la empresa.
El Gobierno recurre a las compañías privadas de seguridad para la protección de personas y edificios.
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