Informe sobre prisiones secretas que incomoda

Polonia, como muchos otros países, estuvo activamente implicada en el establecimiento de las redes secretas de detención. Keystone

Un estudio realizado por expertos independientes de la ONU revela conexiones entre los 66 países que participan en las redes de detención secretos.

Situación embarazosa en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La presentación del informe fue aplazada hasta junio.

Malestar en el Palacio de las Naciones en Ginebra. ¿La causa? El informe que documenta la participación de 66 países en una red mundial de detenciones secretas relacionadas con la lucha contra el terrorismo.

Publicado por las Naciones Unidas el 27 de enero, el documento de 220 páginas crea incomodidad en el seno de los gobiernos. Programada originalmente para el lunes (08.03), la presentación del informe fue aplazada a la reunión de junio.

Fruto de investigaciones cruzadas del experto independiente en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, de Manfred Nowak, especialista en estudios sobre la tortura, así como de los grupos de trabajo sobre las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, el estudio no revela nada que no sea del dominio público – incluidos los nombres de los 66 países que han detenido en secreto a personas sospechosas de terrorismo desde 2001.

Sin embargo, pone de relieve el alcance de las conexiones y la complicidad entre los Estados, de todos los continentes. “Esta información se conoce, pero de manera dispersa”, confirma Antoine Madelin, representante de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) ante la Unión Europea. “Es la primera vez que un documento ofrece una visión universal sobre el tema y, además, con el sello oficial de las Naciones Unidas”.

En su informe sobre los vuelos secretos de la CIA presentado en junio de 2007, el Consejo de Europa, el parlamentario suizo Dick Marty había revelado la complicidad de 14 países europeos. “Pero esta vez, al poner en evidencia una red mundial de información muestra cómo los servicios secretos pueden desarrollar prácticas al margen de cualquier control democrático, en paralelo, incluso sin el conocimiento de su gobierno, explica vía telefónica. ¡Y aún estamos lejos de saberlo todo!

Falta de transparencia

Tanto para Dick Marty, como para Antoine Madelin, el informe señala la necesidad urgente de una mayor transparencia de los servicios secretos en la lucha contra el terrorismo. Un problema al que la comunidad internacional se ha negado a responder hasta hoy, afirmaron.

“El informe plantea también un problema aún sin resolver en Europa: las responsabilidades en los vuelos de la CIA. Muy pocos casos fueron llevados ante la justicia, aunque se comprobaron los vínculos”, agregó el representante de la FIDH.

Son razones que explican el malestar general. Mientras que países occidentales, como Gran Bretaña o Estados Unidos, ponen en duda los pasajes que los conciernen, al tiempo que aceptan el principio del proceso, a muchos países de África y musulmanes les gustaría que el documento quedara en el olvido.

Asfixiar los procedimientos especiales

El 31 de diciembre de 2009, en nombre de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), Paquistán envió una carta al presidente del Consejo, Alex Van Meeuwen, para pedirle que el informe no fuera reconocido como documento oficial de las Naciones Unidas, de modo que no fuera presentado ante el Consejo de los Derechos Humanos.

Según la carta, los relatores especiales se habrían excedido en su mandato al realizar esta investigación por iniciativa propia. Los países miembros de la OCI reprochan además a Martin Scheinin el no haber escrito otro informe, que le había sido solicitado por la Asamblea, sobre las mejores prácticas en la lucha contra el terrorismo.

El 8 de enero, el embajador de Nigeria, en nombre del grupo de países africanos, reiteró la petición al presidente Van Meeuwen. Luego de consultar a expertos jurídicos, éste último respondió el 11 de febrero que los expertos no habían sobrepasado su mandato y que habían actuado en totalmente acuerdo con su código de conducta.

Según Peter Splinter, representante de Amnistía Internacional ante la ONU en Ginebra, esas protestas en nombre de los países de la OCI y el grupo de los países africanos son como “tácticas para asfixiar aún más los procedimientos especiales en vísperas del proceso de revisión del Consejo, previsto para este año”. “A esos países que habían logrado imponer un código de conducta para los relatores especiales en 2007, les gustaría un control aún más estricto.

Embarazoso para los países musulmanes

Dick Marty considera que el informe es particularmente embarazoso para los países musulmanes que ven la publicación de su complicidad en la cacería internacional de musulmanes en nombre de la lucha contra el terrorismo. “Casi todas las víctimas de estas cárceles secretas son ahora musulmanes”, dice. Lo que es trágico es que con el empleo de métodos ilegales, se atenta contra inocentes o que se transforme a criminales en mártires, suscitando así la simpatía popular hacia ellos”.

Los impactos positivos del informe, sin embargo, son palpables. “Puede ser utilizado para reforzar la coherencia de las Naciones Unidas en la lucha contra el terrorismo”, sugiere Antoine Madelin, al hacer referencia al comité ad-hoc establecido por el Consejo de Seguridad poco después del 11 de septiembre de 2001. “Este informe puede ayudar a establecer directrices para reforzar las medidas de protección demostrando particularmente que las cárceles secretas no contribuyen a la lucha contra el terrorismo”.

Por su parte, Dick Marty, quien dice tener poca confianza en el Consejo de Seguridad, en el que se teje, al menos sobre este tema, “una alianza perversa entre estadounidenses, chinos y rusos, donde cada uno pretende hacer pasar sus métodos”, sugiere que los parlamentos aclaren todo lo sucedido y pidan cuentas a sus gobiernos.

Carole Vann / InfoSud, swissinfo.ch
(Traducción: Marcela Águila Rubín)

SUIZA REDUCE EL ABUSO

Suiza dio un paso adelante en la protección de las libertades al manifestar oposición a las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra las personas sospechosas de estar vinculadas a Al Qaeda.

Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad estableció una lista de “presuntos terroristas” con una serie de sanciones en su contra, como el bloqueo de sus activos y la prohibición de viajar.

A raíz de diversas amalgamas en los nombres de la lista, personas que no tenían nada qué ver con Al Qaeda fueron bloqueadas durante años sin ser capaces de defenderse y sin ningún medio de apelación ante una autoridad independiente. A las personas de las que sólo se sospechaba – a menudo sin motivo alguno- no se les reconocían os derechos esenciales de que gozan los peores criminales.

Pero el jueves, el Consejo Nacional (Cámara Baja) aprobó una moción de Dick Marty, ya aprobada por unanimidad en el Consejo de Estados (Cámara Alta), que estipula que Suiza renuncia a aplicar la sanción a una persona de esa lista negra, si esa persona no ha recurrido a una autoridad independiente, ni ha sido llevada ante la justicia en los últimos tres años.