Buscan regularizar a latinoamericanas y filipinas
El Consejo del Estado de Ginebra solicitó a Berna la regularización “excepcional y única” de trabajadores clandestinos del sector de la economía doméstica.
La medida favorecería a unas 5.000 personas, en su mayoría mujeres, procedentes de Colombia, Brasil y Filipinas. Yves Perrin, del DEEE, explica a swissinfo la estrategia.
El alto número de trabajadores carentes de los papeles oficiales necesarios genera “numerosos abusos, en particular con respecto al salario y las condiciones de trabajo”, asienta la dependencia en un comunicado (20.05). Indica también que esa situación evita que los seguros sociales y el fisco perciban un monto anual de unos 38 millones de francos.
“El gobierno considera que esa situación (…) no es aceptable, por lo que propone una solución destinada a remediarla, acompañando su propuesta con instrumentos que no permitan la reaparición de la problemática”.
Entre ellos: decreta medidas limitantes para cualquier cambio de empleo; fija salarios mínimos obligatorios, fortalece los controles respecto a las condiciones de trabajo, los seguros sociales y la inmigración clandestina, además de que acentúa las sanciones para empleados y empleadores (que incumplan la ley).
swissinfo.- ¿Podría explicarnos a qué obedece y cuales son los objetivos de esta medida?
Yves Perrin.- Sabemos que en nuestro país hay trabajadores clandestinos. En lo que nos concierne, en el cantón de Ginebra, luego de la realización de diferentes estudios, constatamos que en el sector de la economía doméstica; es decir, todos los trabajos del hogar: el cuidado de los niños, de las personas mayores, está compuesto en 80% por trabajadores clandestinos, trabajadores que no se pueden regularizar, por ejemplo, con las normas que rigen la relación entre Suiza y la Unión Europea.
Entonces tenemos un problema mayor de personas que están aquí, que responden a una demanda de trabajo, que trabajan, pero que trabajan en la clandestinidad y que la mayor parte trabajan en condiciones que no pueden ser consideradas aceptables.
De ahí la decisión del Consejo de Estado de plantear claramente ese problema -que no es privativo de Ginebra sino que se encuentra particularmente en todas las grandes ciudades-, de plantear ese problema y hacer propuestas para que resolverlo de una vez.
¿Cuántas personas serían beneficiadas y cuáles son sus lugares de procedencia?
Y.P.- Evaluamos para Ginebra el número de personas que trabajan en la economía doméstica y que son clandestinas en alrededor de 5.000. En su mayoría son mujeres que provienen esencialmente de tres países, Brasil, Colombia y Filipinas. Eso significa que debe haber un procedimiento especial si se quiere tomar en cuenta esa situación.
El comunicado del Consejo de Estado especifica que la medida es aplicable a determinados trabajadores…
Y.P.- Sí, así es. Es decir, deben tener una relación de trabajo, puesto que nuestro procedimiento es de naturaleza económica. Esas personas responden a una necesidad económica, entonces, debe haber una relación de trabajo con un empleador, y a partir de ahí planteamos una serie de condiciones.
En principio, que sean respetadas normas salariales y luego planteamos condiciones para evitar también lo que se denomina ‘llamada de aire’, es decir, que una persona que sea beneficiada con una regularización vaya a trabajar en otro sector económico y que de inmediato sea reemplazada por un nuevo clandestino, eso también lo queremos evitar. Entonces, planteamos un cierto número de condiciones, de duración de trabajo, en el sector de la economía doméstica.
Los trabajadores deben contar con un contrato de trabajo. Sin embargo, es muy posible que los empleados (as) domésticos (as) carezcan de un documento semejante.
Y.P.- La idea no es que sólo las personas que tienen un contrato escrito, formal, puedan beneficiarse del procedimiento, es la relación de trabajo la que es determinante, puesto que un contrato de trabajo puede ser escrito como puede ser oral, en materia de derecho.
Entonces, cualquier persona que tenga una relación de trabajo debe poder entrar en este procedimiento que proponemos al Consejo Federal. A partir del momento en que se entre en un procedimiento de regularización, entonces las cosas deben ser formalizadas.
¿Podría precisarnos las especificaciones con respecto a los tiempos de trabajo?
Y.P.- La idea de base es que la persona puede cambiar de empleador, pero debe permanecer en el sector de la economía doméstica durante cinco años, y luego, durante los cinco años siguientes, puede cambiar tras un acuerdo de una comisión tripartita; es decir, con el acuerdo de contrapartes sociales, representantes sindicales y representantes patronales.
Entonces, debe permanecer cinco años en el sector y, en los cinco años siguientes, tras examen de caso, puede cambiar.
¿Cuáles podrían ser los riesgos de una medida semejante?
Y.P.- El interés es evitar lo que se denomina ‘llamado de aire’, es decir, que una persona que trabaja en la economía doméstica, si obtiene un permiso, intente encontrar un trabajo en otro sector económico y que nos encontremos delante de una nueva “plaza vacante”, y el riesgo es que el empleador recurra, nuevamente, a un clandestino.
Entonces, queremos evitar que la regularización de clandestinos dé lugar al arribo de nuevos clandestinos, lo que será, evidentemente, un gran problema.
¿Usted considera la posibilidad de que esta decisión de Ginebra pueda extenderse a otros cantones?
Y.P.- El cantón de Ginebra decidió plantear claramente el problema, sabiendo que evidentemente ese problema existe en otros cantones. Entonces, se tratará de ver para otros cantones si las autoridades políticas quieren sumarse a un procedimiento común con Ginebra o no, esa es una cosa que será posible observar en las semanas próximas.
En caso de obtener una respuesta positiva de Berna, ¿cuál sería el próximo caso?
Y.P.- En caso de respuesta positiva, debemos tener, primero, una posición de principio, y a partir de ahí pondremos en marcha los procedimientos.
swissinfo, Marcela Águila Rubín
Se estima en 7.000 el número de trabajadores clandestinos en Ginebra.
El sector de la economía doméstica del cantón emplea a unas 6.500 personas.
Un 80% de entre ellas; es decir, unas 5.000, laboran sin las autorizaciones pertinentes de estancia ni laboral.
De estas últimas, 95% son mujeres procedentes de América del Sur y de Filipinas.
La falta de la documentación necesaria hace de los trabajadores clandestinos víctimas de abusos en materia salarial y respecto a las condiciones laborales.
El trabajo no declarado de unas 5.000 personas que laboran en el sector doméstico de Ginebra hace que el fisco y los seguros sociales dejen de percibir un monto anual de 38 millones de francos.
La regularización de los trabajadores clandestinos propuesta por Ginebra está destinada a las personas que dispongan de un contrato de trabajo (escrito u oral).
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