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Bolivia no logra resolver el conflicto

Manifestación de apoyo a la huelga de médicos, el pasado 16 de mayo en La Paz. Keystone

Médicos, universitarios, trabajadores e indígenas ecologistas se han sumado a las protestas. El país, que recientemente ha estado prácticamente paralizado, pierde 1,5 millones de dólares por cada día de huelga y disturbios.

Tras numerosas dictaduras militares y varios gobiernos civiles cuestionables que sucedieron a la Colonia, una mayoría de la población boliviana depositó sus esperanzas en el presidente Evo Morales para poner fin a la corrupción. Una aspiración frustrada.

En los seis años de gobierno que lleva, el presidente Morales se ha visto obligado en más de una vez a borrar con el codo lo que escribió con la mano. Por ejemplo, al elevar el precio de la gasolina (el gasolinazo) o al anunciar su intención de abrir una carretera por la reserva del Parque IsiboroSecure.

“Lo que está pasando ahora es preocupante”, explica a swissinfo.ch Markus Hugli, en alusión a las marchas con dinamitazos y a los disturbios que suelen causar heridos. Por cada día de huelga y disturbios, el país pierde un millón y medio de dólares, señala este suizo que ha decidido vivir su jubilación en el país andino y no ve qué sentido tienen unos bloqueos, “que perjudican a todo el mundo”.

No hay milagros

Casi el 60% de los más de 10 millones de habitantes de Bolivia son indígenas originarios de 36 etnias reconocidas en la Constitución, y es ahí donde radica el sostén político del presidente Evo Morales cuyo lema propone cambios desde las bases.

“Ese 60% espera milagros de su presidente, pero algunos de ellos no están todavía preparados para ejercer cargos de importancia en beneficio del país”, señala Hugli, dando a entender que este no es un problema sencillo y de corto plazo.

Sin una oposición política que le quite el sueño, el partido Movimiento al Socialismo (MAS) funda su hegemonía en la identificación total de cada campesino con el jefe del Estado. Aimaras, quechuas, guaraníes o de otra etnia se ven reflejados en el primer presidente indígena de Bolivia.

No obstante, esas mismas bases sociales reclaman cada vez más participación en el poder. En ese afán no dudan en apelar a medidas de presión para obtener sus reivindicaciones. Así, el gobierno ha legalizado más de 67.000 vehículos ingresados ilegalmente al país o la continuidad de los vendedores de ropa vieja, entre otros.

Indígenas ecologistas en marcha

Las poblaciones originarias del Territorio y Parque Nacional IsiboroSecure (TIPNIS), en el departamento del Beni, se oponen a que una carretera cercene esta reserva natural de 12.367 km2. Ya el año pasado realizaron una penosa marcha de 600 km hasta La Paz y obtuvieron que el presidente suspendiera la construcción de ese tramo.

“La Constitución establece que antes de hacer una obra como esa hay que consensuar con la gente que vive ahí, pero aparentemente no es el caso”, comenta Markus Hugli.

La insistencia de los campesinos cocaleros que ven en esa zona una fuente de ingresos y algunos movimientos sociales afines al gobierno han creado una contracorriente y movilizado a otros sectores indígenas partidarios de la carretera.

Ante esta amenaza, los originarios de la rivera de los ríos Isiboro, Secure e Ichoa han emprendido el pasado 27 de abril una nueva marcha para exigir que el presidente Morales cumpla el decreto ya firmado sobre la intangibilidad del parque  y no toque esa región rica en flora y fauna. Las inclemencias del tiempo causan bajas por enfermedad, pero la marcha continúa.

A este conflicto se añade la huelga de 51 días de los médicos decididos a no renunciar a su jornada laboral de 6 horas en vez de las 8 que pretende el Gobierno, de momento con un acuerdo parcial. “Ellos dicen además que tienen equipos obsoletos”, anota Markus y a guisa de paradoja cuenta: “Mi dentista me ha dicho que, por ejemplo en Achacachi (una población rural) hay equipos muy sofisticados oxidándose en sus cartones porque no hay capacitación para usarlos”.

Para redondear los últimos conflictos, la Central Obrera Boliviana insiste en un salario mínimo de algo más de 1.000 dólares y rechaza la oferta de un 18% de aumento sobre los 815 bolivianos (160 dólares)  vigentes. También se opone a que desaparezca AEROSUR, la única aerolínea de ruta nacional e internacional, por cuentas pendientes con el Estado y por falta de pago a sus empleados.

Nacionalizaciones

En su política de nacionalizaciones, Evo Morales ha tomado la compañía transportadora de electricidad española “por haber invertido poco en la empresa”, pero casi paralelamente ratifica los convenios con Repsol para la exploración de petróleo en Santa Cruz y Potosí.

“Esas nacionalizaciones ocurren casi siempre el primero de mayo. Los bolivianos tienen razón, quieren manejar su propios recursos, pero ¿con qué dinero?”, se pregunta Hugli. “Si no hay seguridad ni la posibilidad de obtener beneficios”, se distancian las inversiones externas.

A pesar de la favorable coyuntura en los mercados internacionales de las materias primas que permiten al Gobierno algunas medidas sociales -como los bonos sociales Juancito Pinto para los escolares, Dignidad para los ancianos y Juana Azurduy para las madres- se calcula que unos dos millones de bolivianos viven fuera del país, esencialmente en Argentina, España y Estados Unidos.

La frase Vale un Potosí -acuñada en la época de la Colonia por las ingentes riquezas de plata del cerro de Potosí-, ha perdido actualidad con el paso de los siglos. Bolivia ha pasado a ser poco menos que “un pobre sentado en una silla de oro” (*) con extenso territorio y reducida demografía si consideramos que en sus 1’098.581 km2 viven apenas algo más de 10 millones de personas.

(*) La expresión popular deriva del conocido libro Perú, un mendigo sentado en un banco de oro, del investigador y naturalista italiano-peruano Giovanni Raimondi, aunque la autenticidad del dicho se sitúa más bien en el argot del pueblo.

Bolivia es uno de los países de concentración de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

Desde 1969, COSUDE respalda diversos proyectos:

Fomento de la buena gobernabilidad y democracia, gestión sostenible de los recursos naturales y promoción del desarrollo económico con equidad.

La agencia cuenta con una Oficina Regional en la ciudad de La Paz.

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