Este lunes el Gobierno fijó para el próximo 1 de enero la entrada en vigor de la nueva ley que establece normas estrictas para los métodos de inseminación artificial.

¿Adónde van a parar los datos sobre un donante de semen? ¿Están permitidas las donaciones de óvulos? Son preguntas que quedan estrictamente reglamentadas con la entrada en vigor de la nueva ley relativa a la procreación bajo asistencia médica.

Según las nuevas normas, las parejas estériles tienen derecho a acceder a donaciones de semen, pero no de óvulos y embriones.

A diferencia de Francia, la legislación suiza prohíbe el diagnóstico previo a la implantación para detectar eventuales anomalías genéticas. Proscrita está también la maternidad de sustitución (madres portadoras del óvulo inseminado).

La ley limita los métodos de procreación artificial a las parejas heterosexuales, casadas o no. Pero sólo podrán recurrir a la fecundación con esperma proveniente de terceras personas aquellas parejas que hayan contraído matrimonio.

La ley establece el bienestar del menor como principio fundamental y exige un asesoramiento minucioso a las parejas en tratamiento. La fecundación in vitro u otro método de procreación artificial requerirá una autorización previa de carácter obligatorio.

Se podrá recurrir a la fecundación in vitro únicamente para inducir un embarazo. Asimismo queda limitado a tres el número de embriones que podrán ser desarrollados e injertados en el organismo de una mujer en cada ciclo de tratamiento. El objetivo de esa medida es evitar embarazos múltiples y embriones supernumerarios.

La ley prohíbe someter al embrión a un examen genético y penaliza toda intervención destinada a modificar el ADN, así como la clonación.

Cumplidos los 18 años, los hijos tendrán derecho a conocer la identidad de sus progenitores y podrán solicitar la información correspondiente al Registro Civil.

A fines de 1998 el Parlamento aprobó la ley sobre la procreación artificial que constituye un contraproyecto a la iniciativa "para una procreación humanamente digna" rechazada en las urnas el pasado 12 de marzo.

El Gobierno también presentó este lunes el decreto relativo a la Comisión Nacional de Ética en el ámbito médico como exige la ley.

Se trata de una instancia consultiva que se encargará de seguir el desarrollo científico y de elaborar recomendaciones. Sus miembros serán designados posteriormente por el Gobierno.

swissinfo y agencias

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