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Baltasar Garzón: Así en Colombia, como en España



Por Marcela Águila Rubín, Ginebra




Las víctimas del franquismo reclaman justicia. En la gráfica, exhumación de cadáveres de fosa común en Santoyo (Castilla y León) en 2008. (Keystone)

Las víctimas del franquismo reclaman justicia. En la gráfica, exhumación de cadáveres de fosa común en Santoyo (Castilla y León) en 2008.

(Keystone)

“Para mí es un honor estar en el banquillo de los acusados por tratar de investigar los crímenes del franquismo”. La sentencia de (y no contra) Baltasar Garzón es irrevocable y provocadora… de adhesión y respeto por parte de un auditorio que le aplaude febril en la Universidad de Ginebra.

Empecinado en arrancar de lo impune los crímenes de lesa humanidad, este artífice de la detención de Pinochet que ha dejado impronta en su España, Argentina, Chile… habló de Justicia. “En Colombia, advirtió, tarda demasiado”.

“El Gobierno tiene que facilitar todos los medios para que las investigaciones (de las masacres en Colombia) lleguen hasta el final, y cuando digo hasta el final, digo a todos los responsables respecto de los cuales existan pruebas suficientes para someterlos a juicio. Nadie está por encima de la ley”, enfatizó el juez español.

Desde el mediodía, con una conferencia sobre las ‘Lecciones del Caso Pinochet’ en la Universidad de Ginebra, hasta la medianoche, cuando concluyó el debate ‘La Justicia frente a la Historia’, Baltasar Garzón participó el pasado 11 de marzo en el Festival del Filme y Foro Internacional de los Derechos Humanos. En el inter, un encuentro con la prensa y el estreno del documental ‘Impunity’.

¿Tendremos alguna posibilidad de ver juzgado a Álvaro Uribe? le preguntó Hollam Morris, realizador,  junto con Juan José Lozano, de la película.

“A mí no me gusta hacer juicios de pronóstico. A mí lo que me gustaría es que los hechos denunciados se investiguen exhaustivamente. No hace falta poner nombres, sino exigir que la justicia haga su labor”.

Grandes crímenes, poco castigo

Los hechos denunciados: torturas, asesinatos, desapariciones, desplazamientos. 

El filme muestra audiciones de paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz que les propuso una amnistía, a condición de deponer las armas, confesar sus crímenes y purgar condenas de prisión de entre 5 y 8 años.

Hasta 8 años, cuando solamente y a guisa de ejemplo, uno de los jefes paramilitares, Ever Veloza ('HH'), ha dicho que podría ser responsable de cinco mil asesinatos...

“La Ley de Justicia y Paz está en el límite de lo aceptable. La desproporción entre las penas que se prevén ante las conductas que se sancionan es de tal envergadura que si no se aplica al milímetro, esa ley no tiene sentido. Su aplicación no puede dilatarse más”, subrayó el también asesor del Tribunal Penal Internacional (TPI), quien sigue el caso de Colombia y aparece en el documental.

¿Por qué no interviene el TPI?

De hecho, tanto el viernes 11 en Ginebra, como en otros foros, el juez ha escuchado la misma interrogante ¿Por qué no interviene el TPI en Colombia?

Para Baltasar Garzón, el hecho de que la Corte Suprema de Colombia, la Fiscalía, el poder judicial en su conjunto, mantengan las investigaciones sobre los delitos confesados -y denunciados- por los paramilitares, hace que la intervención del Tribunal no se justifique. No obstante, reconoce que lo masivo de los hechos ha desbordado a las autoridades y que en la búsqueda de la verdad es imprescindible la colaboración de los jefes paramilitares extraditados.

Y es que, como se observa en 'Impunity', cuando los dirigentes de esas fuerzas irregulares comenzaron a revelar sus contubernios con el ejército, con políticos y con multinacionales, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe los entregó a Estados Unidos.

“Las víctimas necesitan que la acción de las tribunales y todas las instituciones sea totalmente implacable y exhaustiva, si no es así, tendremos que buscar otra fórmula para que esa reparación de produzca”, advirtió el magistrado.

Las víctimas piden respuesta

Reparación para las víctimas así en Colombia como en España, en Argentina, Chile… “Un país no se puede construir sobre millares y millares de víctimas que piden respuesta. Y todas nos la piden”.

En su afán por dar esa respuesta, Baltasar Garzón ha emprendido acciones inéditas: dictó una orden de aprehensión contra Augusto Pinochet cuando se encontraba en Londres, y aunque no logró luego su extradición a España, donde se le perseguía, marcó un hito en la historia.

“Ahora, señaló Manon Schick, los jefes de Estado saben que son vigilados y que no hay impunidad”.

La directora de Amnistía Internacional Suiza denunció asimismo que diversos criminales de guerra se pasean con toda impunidad por diversos países, incluida Suiza. Y las ONG deben actuar para que sean perseguidos, dijo. “Nuestro rol es hacer presión”, por ejemplo, sobre las autoridades helvéticas “para que detengan a (George) Bush cuando venga la próxima vez”.

Reconciliación no es impunidad

Atronador, el aplauso del público celebró las palabras de la defensora de los derechos humanos, quien al referirse al momento actual de Colombia, acotó:

“Amnistía internacional considera que en Colombia hay una situación extremadamente difícil para que la justicia cumpla con su trabajo y que es muy importante que la Corte Penal Internacional cumpla con su papel de observador, como se ve en el filme que lo hace el juez Garzón”.

No obstante, advirtió, que si la justicia penal colombiana no es capaz de dar respuesta , “será necesario que la Corte Penal Internacional atraiga el caso”.

En el debate también tomó parte el profesor Antonio Cassese, presidente del Tribunal Especial para el Líbano, quien, al hablar sobre impunidad, acusó:

“Las diferentes comisiones de verdad y justicia han sido decepcionantes. Habitualmente, las comisiones de justicia y reconciliación son establecidas por los gobiernos para evitar la justicia penal y llegan a resultados muy criticables: no identifican a los culpables o si lo hacen, no los presentan a la justicia. No son suficientes. ¡Hay que establecer quién cometió el crimen y castigarlo!” 

¡Las víctimas tienen memoria!

Y para establecer la verdad, el juez español también abrió una investigación en torno a las víctimas del franquismo (300 mil desaparecidos), que le valió la suspensión provisional de sus funciones jurisdiccionales en el caso y la apertura de otras dos causas en su contra. El proceso quedó en el impasse. La suya, es una búsqueda incómoda:

En casos de crímenes masivos, explicó, muchas veces se descubre la construcción de una falsa verdad amparada en leyes de impunidad y la historia también puede ser manipulada y “desgraciadamente, a lo largo de los últimos cien años han sido reiterados los episodios en los que se ha intentado borrar oficialmente la memoria de las víctimas”.

Empero, continuó, “ésta es persistente y antes o después siempre aparece, a veces tarde, pero siempre aparece”.

Baltasar Garzón en breve

Magistrado instructor de la Audiencia Nacional de España, de cuyas funciones fue suspendido por ordenar una investigación en torno a los 300 mil desaparecidos bajo el régimen franquista.

Asesor de la Corte Penal Internacional.

Ha dirigido investigaciones sobre terrorismo, corrupción y crímenes contra la humanidad cometidos bajo las dictaduras militares latinoamericanas, particularmente en Argentina y Chile.

En 1988 dictó la orden de arresto con la el genereal Augusto Pinochet.

Amnistía Internacional:Colombia

Análisis de Manon Shick:

IMPUNITY,el filme.- "Pienso que para que aquellos que vienen de Colombia es un choc inmenso ver un filme así, porque no solamente muestra el dolor de las víctimas, sino el terrible combate por la justicia y ese sentimiento de impotencia cuando no hay justicia".

"Muestra también todos los elementos en juego para el establecimiento de esa justicia".

"Es un filme extremadamente interesante sobre un fracaso, el fracaso que ha sido evocado de manera reiterada, en particular por diversas ONG de defensa de los DDHH (de la Ley de Justicia y Paz).

Impunidad, la realidad.- "Hay que recordar que en Colombia reina una enorme impunidad".

"La lucha contra la impunidad es constantemente obstaculizada por las amenazas que reciben las personas que se comprometen, sea en ONG, sean funcionarios".

"Hay jueces de la Corte Suprema que reciben amenazas, que son intimidados".

"Incluso el ex presidente Alvaro Uribe  desacreditaba su trabajo".

"300 personas fueron asesinadas en 15 años simplemente por haber participado en procesos para denunciar violaciones de derechos humanos, y evidentemente es aún mayor el número de amenazados, intimidados o perseguidos".

swissinfo.ch



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