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"Nuestro cuerpo, primer territorio de resistencia"


Por Marcela Águila Rubín con la colaboración de Stefania Summermatter


Asesinan a sus esposos, enrolan a sus hijos, las despojan de sus tierras; son utilizadas como botín de guerra, ultrajadas para humillar al enemigo, empleadas como corredores sentimentales, asesinadas…

Uno de los sectores sociales que más ha sufrido el encono de 62 años de violencia en Colombia es el de las mujeres.

El Programa Suizo para la Promoción de la Paz y el Reforzamiento de la Sociedad Civil en Colombia (SUIPPCOL) apoya a la Ruta Pacífica, movimiento que visualiza el impacto de la guerra en la mujer y que exige la negociación política del conflicto.

“Nada hay tan atroz como la guerra, y nada tan persistente. Colombia es un buen ejemplo de la perpetuación de un conflicto armado que se degrada (…)” denuncian las integrantes de la Ruta Pacífica de las Mujeres.

“Esta guerra, además de prolongada y cruel, es una guerra profundamente masculina (…) pero las mujeres son, junto con las niñas y niños, las principales víctimas de esta absurda guerra”, precisa el movimiento social.

En su lucha, las feministas consideran “nuestro cuerpo, primer territorio de resistencia. No queremos una guerra que nos mate, ni una paz que nos someta”.

La Ruta Pacífica de de las Mujeres une a más de 300 organizaciones e incluye a campesinas, indígenas, negras, jóvenes, profesionales, intelectuales: “Todas las mujeres que han decidió romper el silencio y el ciclo de miedos que produce la guerra”.

Y es que las mujeres son uno de los principales blancos de los actores armados: soldados, guerrilleros, paramilitares y ahora también los integrantes de grupos “post-desmovilización” las agreden sin importarles la edad.

Fallas estructurales

Entre los registros del informe sobre Colombia 2010, la Alta Comisaria de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos registra que “el caso más dramático de violencia sexual ocurrió en Arauca en octubre, en el que se atribuyó a un miembro del Ejército la violación de dos niñas con un intervalo aproximado de dos semanas”.

Señala el organismo que ni el Ejército ni la Fiscalía reaccionaron inmediatamente ante las denuncias del primer acto de violencia sexual, “lo que pone de manifiesto no sólo la negligente conducta en un caso particular, sino fallas estructurales en las dos instituciones”.

Un caso más… ¿cuántos? Imposible determinarlos. De más de 51 mil hechos de violencia que han arrojados las declaraciones de los paramilitares desmovilizados en el marco de la Ley 975, solamente se ha iniciado la confesión de 42 actos de violencia sexual y en la Unidad Nacional de DDHH de la Fiscalía hay 82 casos asignados, de los cuales tres resultaron en condena y dos en absoluciones.

En su informe, la Alta Comisaria de la ONU urge el mejoramiento de las condiciones que permitan a las mujeres denunciar los actos de violencia con seguridad y confianza.

Insiste además en la necesidad de desarrollar medidas concretas de disciplina militar, incluyendo la responsabilidad del mando, refutación de mitos que alimenten la violencia sexual, verificación preventiva de antecedentes de los miembros de las fuerzas armadas, protocolos de reacción inmediata, medidas de protección para las víctimas y facilitación de las investigaciones judiciales y disciplinarias.

“Política en DD HH con rostro de mujer”

 

Por su parte, el Gobierno de Juan Manuel Santos manifestó su decisión de “promover una cultura de tolerancia cero con la violencia contra las mujeres”, en el marco de lucha contra toda forma de violación de los derechos humanos .

“(…) para seguir consolidándonos como un país en progreso: queremos promover una tolerancia cero con la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (…) Cero tolerancia con la violencia contra las mujeres, en especial con la violencia sexual, que ha devastado a sus víctimas, afectando a la vez a sus familias y sus comunidades”, subrayó el vicepresidente Angelino Garzón.

El vicepresidente colombiano participó el pasado 28 de febrero en la jornada inaugural de la XVI sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Ahí, ante la comunidad internacional, reiteró la decisión de su país de luchar por el respeto de la dignidad humana y reconoció lo enorme del desafío:

“No negamos las dificultades, ni los hechos de violencia que aún padecemos por la existencia de organizaciones armadas ilegales y la intolerancia de algunas personas de nuestra sociedad. Pero las dificultades y el dolor que hemos padecido por el asesinato de miles de personas en estos 62 años de violencia irracional no nos harán retroceder ni cambiar de ruta”.

Angelino Garzón se refirió al compromiso del Gobierno colombiano con los sectores más vulnerables: “Estamos impulsando una política de derechos humanos con rostro de mujer, con rostro de joven, con rostro de niños y niñas, con rostro afro y con rostro indígena”. Se refirió a las nuevas estrategias de lucha contra la impunidad, la injusticia y la violencia.

Una de ellas, la de restitución de tierras a las personas que han sido despojadas. Y en ese caso se encuentran las más de 100 familias del predio Las Pavas, una comunidad que ha sido víctima de todos los actores armados, de los intereses económicos y hasta de la Naturaleza y sus lluvias torrenciales. Una comunidad desplazada, en condiciones de crisis humanitaria y decidida a volver a su tierra… a pesar de las amenazas…  (II Colombia: Aceite de palma, producto bio bajo sospecha)

Avances y desafíos

El informe 2010 sobre Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoce el compromiso manifestado por el Gobierno de Santos en el rubro y destaca la disminución de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”).

La Fiscalía, en su Unidad

Nacional de Derechos Humanos, investiga actualmente 1.488 casos con 2.547 víctimas. Por

otra parte, más de 400 casos están siendo investigados por otras unidades seccionales de la

Fiscalía. A esto hay que añadir 448 casos activos conocidos por la Justicia Penal Militar y

aquellos que pudieron haber sido archivados por esta institución sin una adecuada actuación

judicial. Con base en los datos existentes sobre casos y víctimas, la oficina en Colombia

También manifiesta su beneplácito por el anuncio de Bogotá de “una ambiciosa política de restitución de tierras y una aproximación favorable a las organizaciones de derechos humanos”.

Empero, subraya igualmente que la “persistencia del conflicto armado sigue afectando la plena vigencia de los derechos humanos” y precisa que todas las partes, especialmente los grupos guerrilleros, continuaron cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario.

La Alta Comisionada destaca igualmente la agravación de la situación de violencia como resultado de los grupos armados ilegales que surgieron del proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares y de las disputas entre los distintos actores armados ilegales alrededor del control del narcotráfico.

“En el caso de las bandas criminales, hemos dicho que les exigimos someterse a la justicia y hemos acordado combatirlas militarmente, judicialmente y políticamente como lo que son: expresiones de criminalidad organizada al servicio del narco”, enfatizó Angelino Garzón en rueda de prensa previa a su participación en el Consejo.

swissinfo.ch



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