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SOS desde Suiza Arrecian paramilitarización y asesinatos en Colombia

Las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se han disparado en Colombia en los últimos meses. 

Las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se han disparado en Colombia en los últimos meses. 

(Keystone)

Los paramilitares se adueñan de espacios dejados por las FARC y la andanada contra defensores de derechos humanos se recrudece: El camino que Colombia busca abrirse hacia la paz está sembrado de abrojos. Desde Suiza, líderes sociales claman a la comunidad mundial: “¡no se vayan!”

“No cometan el mismo error que en Guatemala. Una vez firmados los acuerdos de paz, los representantes de la comunidad internacional se retiraron y, dos décadas más tarde, los convenios no han sido implementados a cabalidad”, coinciden Berenice Celeita, presidenta de la organización colombiana NOMADESCEnlace externo, y Marcos Ramírez, de la comunidad guatemalteca La Primavera y de la Asociación de Víctimas del Ixcán.Enlace externo

Ambos defensores de derechos humanos acudieron a Suiza, donde se entrevistaron con autoridades y organizaciones locales, como la plataforma suiza de promoción de la paz SwisspeaceEnlace externo, y sostuvieron encuentros públicos en el marco de una gira por Europa auspiciada por el capítulo helvético de Brigadas Internacionales de Paz (PBIEnlace externo).

Celeita y Ramírez analizaron el proceso de paz que tiene lugar en Colombia, a la luz de la experiencia en Guatemala, país en el que la violencia sigue vigente y la población más vulnerable pasó de ser víctima de la guerra a ser víctima de los megaproyectos económicos.  

"Si la guerra no me desplazó..."

Su mensaje: Colombia y Guatemala requieren la presencia internacional no obstante la firma de los acuerdos de paz. En 2016 en el país andino (entre las FARC y el Gobierno), en 1996 en la nación centroamericana (entre la UNRG y el Gobierno).

Los activistas reclaman también la intervención exterior en la supervisión de los fondos internacionales para las comunidades desfavorecidas y que la corrupción desvía a las campañas políticas o a los bolsillos de las autoridades.

En Colombia, el despojo a las comunidades, la persecución y el asesinato de sus líderes (156 en 14 meses, del 1º de enero de 2016 al pasado 1º de marzo, según la Defensoría del PuebloEnlace externo) se han incrementado y hay quienes temen que “si la guerra no me desplazó, me desplace la paz”, anota la antropóloga forense.

Ello, aunado al incremento de la presencia paramilitar en las zonas que han sido evacuadas por las FARC y al retraso en el cumplimiento de la hoja de ruta para la reubicación de esa insurgencia hace temer “que el proceso de paz se esté tambaleando”.

Presencia Suiza

Un proceso de paz en el que Suiza ha contribuido de diferentes maneras. Amén de los programas helvéticos de cooperación en ambos países y en distintos rubros, participó como asesor en las negociaciones de Bogotá con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y ahora lo hace como facilitador en el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las primeras culminaron con la firma de un acuerdo de paz en noviembre pasado. Lo anterior luego de un intrincado procedimiento que requirió la modificación de un texto original tras de que este fuera rechazado por el soberano, y la aceptación de una segunda versión, también por voto popular, pero con una escasa participación ciudadana.

“Más de 22 millones de personas se abstuvieron de votar, fuera por miedo o por incredulidad”, deplora Celeita. Atribuye igualmente esa baja participación al hecho de que la gente se sintiera excluida. “La mesa de La Habana, parangona, fue una mesa de dos patas. Faltaron la sociedad civil y las otras dos guerrillas: el ELN y el EPL (Ejército Popular de Liberación)”.

 Familiares de víctimas guatemaltecas reclaman justicia (2003).

(AFP)

‘Divide y vencerás’

Considera insuficiente la presencia de la primera en la capital cubana y urge una amplia consulta popular, que sea realmente incluyente, como condición indispensable para avanzar hacia la unidad nacional. Y ello, no solamente porque los detractores de la paz, con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza, volvieron a la carga con miras electorales, sino porque la historia así lo enseña:

“En Guatemala hubo participación de la sociedad civil en las negociaciones de paz, pero recurrieron a la división de la gente para no cumplir con los acuerdos”, señala Marcos Ramírez. 

Ya durante el conflicto, recuerda, miles de guatemaltecos se exiliaron en México, otros tuvieron que ceder y unirse al ejército (se mataban entre hermanos) o ponerse “bajo su protección” (cuando en realidad eran usados como escudos humanos). Otros más, como en su caso, se refugiaron en las montañas y formaron las Comunidades de Población en Resistencia.

Tras la firma de los acuerdos de paz y el retorno de los desplazados, se utilizó la redistribución de la tierra para generar divisiones “cuando nosotros, los indígenas -y el 70% de la población guatemalteca es indígena- tenemos una concepción diferente: la tierra no es de uno, sino de la comunidad”.

Ahora, agrega, emplean esa misma estrategia para despojar a la gente con los megaproyectos de las trasnacionales. Convencen o compran a algunos, y las comunidades tienen que someterse: Abandonan su tierra o sufren los impactos de actividades extractivas u otras que envenenan sus ríos y plantaciones.

Urge modificar modelo económico

Una situación que no difiere de lo que sucede en Colombia – y de hecho, en diversos países de América Latina y de otras latitudes- y que inquieta profundamente a los defensores de derechos humanos.

“Desde el principio de las negociaciones con las FARC, el presidente (Juan Manuel) Santos advirtió que no estaban a discusión los modelos económico, político y de seguridad del país”, subraya Berenice Celeita. Sin embargo, añade, “si queremos hablar de paz, esos modelos sí están a discusión”.

Evoca las masacres para el despojo de tierras y el acaparamiento de estas en pocas manos que llevaron al levantamiento de las insurgencias y a la explosión del paramilitarismo –al que Uribe ha sido asociado, y que se fortalece en algunas zonas tras el desarme de las FARC.

Puntualiza que el 70% de los hechos con los que se saldó el conflicto armado (350 000 víctimas mortales, 5 200 000 desplazados, 10 millones de hectáreas de tierras despojadas, 50 000 desaparecidos, 15 000 torturados) está relacionado con despojo agrario y expansionismo de intereses geoestratégicos, amén de la violencia contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos, un contexto que sigue vigente e incluso se recrudece.

Por ello, los representantes de Guatemala y Colombia insisten en que no es momento para que la comunidad internacional se retire. Además, como coinciden: esa comunidad asumió un compromiso con una paz que no se ha alcanzado y tiene responsabilidad en la actuación de sus trasnacionales.

PBI en Guatemala

El proyecto inicial de PBI en Guatemala comenzó en 1983 y concluyó en 1999. Durante esos 16 años, cerca de 400 voluntarios se relevaron en su misión de proteger a miembros de la sociedad civil activos en favor de la paz, a víctimas de conflictos, a testigos de violaciones, abogados, sindicalistas, miembros de las comunidades indígenas, refugiados internos de vuelta a sus tierras y organizaciones de lucha por un reparto equitativo de la tierra.

A inicios de 2003, tras una desaceleración en el proceso de paz y a solicitud de las organizaciones acompañadas previamente, PBI reconstituyó un equipo permanente en la capital. Su equipo cuenta ahora con 10 voluntarios.

Problemática: Impunidad y acceso a la justicia.Conflictos ligados a la tierra y al medioambiente. Globalización y derechos humanos.

Fin del recuadro


PBI en Colombia

Desde 1994, PBI ha estado presente en diversas regiones al lado de defensoras y defensores de derechos humanos (Medellín, Cauca). Desde enero de 2013 está presente en Bogotá, Urabá y Barrancabermeja, donde acompaña organizaciones y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos. Su actuación permite aumentar la libertad de acción de los miembros de la sociedad civil. El equipo cuenta con 24 voluntarios.

Problemática: Impunidad. Agresiones contra movimientos e iniciativas populares en favor de los derechos humanos. Efectos de la actividad económica sobre los derechos humanos.

Fin del recuadro

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