En números rojos Deuda pública: los Estados están jugando con fuego




Una nota anuncia el cierre del metro en Atenas en septiembre de 2010. El transporte público en Grecia fue objeto de una drástrica reforma en el marco del programa de austeridad para contener la explosión de la deuda pública.

Una nota anuncia el cierre del metro en Atenas en septiembre de 2010. El transporte público en Grecia fue objeto de una drástrica reforma en el marco del programa de austeridad para contener la explosión de la deuda pública.

(Keystone)

Ningún país puede funcionar sin deuda pública. Pero Grecia e Italia se han excedido y quitan el sueño a los economistas y políticos. swissinfo.ch explica las causas y las potenciales consecuencias de la explosión de la deuda pública.

Los ingresos de la recaudación de impuestos no son suficientes para construir carreteras, hospitales y escuelas. Por ello, los gobiernos emiten bonos que venden en los mercados financieros. El creciente endeudamiento público preocupa a la mayoría de los economistas, que alertan sobre el nefasto desenlace que puede acarrear.

La Unión Europea (UE) considera que el nivel de deuda jamás debe rebasar el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) de un país. Sin embargo, muchas naciones han superado con creces este tope. Suiza –que no es miembro de la UE– es uno de los pocos países europeos cuya deuda se sitúa por debajo de este límite, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El siguiente gráfico muestra que los países más endeudados son, paradójicamente, economías ‘ricas’. Lo mismo que sucede en la vida real: cuanto más dinero tiene una persona, más solvente se la considera y más crédito puede solicitar. Estos países ricos son en su mayoría democracias. Los partidos políticos compiten entre sí para ofrecer a los electores más servicios y menos impuestos. Este fenómeno ha contribuido a acrecentar el déficit público. O dicho de otra forma: los partidos en el poder prefieren compensar a los votantes de hoy y legar la deuda a las futuras generaciones.

La crisis financiera de 2008-2009 evidenció claramente los problemas que acarrea el endeudamiento excesivo. Grecia e Italia aún sufren por haber permitido que la espiral de deuda creciera sin control. Con el retroceso de la actividad económica, la pérdida de empleos y la caída de los ingresos fiscales, varios países se encontraron con que no podían hacer frente a las deudas acumuladas. El Banco Central Europeo (BCE) se vio obligado a imprimir 1 billón de euros para comprar bonos de estos países en problemas, ya que nadie más en el mercado estaba dispuesto a tomar estos papeles por el riesgo de impago que suponían.

Pero hay otros Estados que también han incrementado sus pasivos por varias razones. China, por ejemplo, ha inyectado grandes cantidades de dinero en proyectos de infraestructura y empresas estatales para acicatear el desarrollo económico. El gobierno de Japón tiene hoy una montaña de deudas porque ha utilizado fondos para estimular su deprimida economía.

A principios de este mes, el banco Goldman Sachs se unió a un nutrido grupo de especialistas que están inquietos por el repunte que experimentan los pasivos en el mundo. Destacó que el envejecimiento de la población mundial supondrá una caída en los ingresos tributarios y aumentará la presión sobre los sistemas de salud y pensiones. Goldman Sachs advirtió además de que cada vez podría ser más difícil para los países pagar su deuda.

En el caso de Suiza, durante los años 90 encaró los riesgos que suponía una economía que se debilitaba y utilizó esta experiencia como poderoso argumento para poner en orden las cuentas públicas. A tal grado que en 2003 introdujo un “freno al endeudamiento”, es decir, una restricción que obliga al Gobierno a mantener un gasto ordenado, poco o nulo déficit público y a tener disponible siempre una suerte de fondo de emergencia para tiempos de recesión económica.

No todo el mundo está convencido de la eficacia de este mecanismo. Aunque ha sido emulado por muchos países del mundo, los políticos de izquierda –dentro y fuera de Suiza– consideran que controlar tanto el gasto puede afectar los servicios públicos.

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