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¿Menos prestaciones?


Las revistas de consumidores defienden el servicio público




El servicio público se ha deteriorado. Una de las críticas recurrentes es que en  los últimos quince años se han cerrado 1 800 oficinas postales, o sea, más de la mitad.  (Keystone)

El servicio público se ha deteriorado. Una de las críticas recurrentes es que en  los últimos quince años se han cerrado 1 800 oficinas postales, o sea, más de la mitad. 

(Keystone)

En Suiza, las revistas de consumidores han lanzado con éxito una iniciativa popular en defensa del servicio público, que se someterá a votación el 5 de junio. Haciéndose eco de las quejas de sus lectores, estas publicaciones denuncian el alza de precios para unas prestaciones a la baja. Un texto que, sin embargo, ha obtenido una oposición unánime.

La iniciativa popular ‘A favor del servicio público’ fue impulsada por la revista de defensa de los consumidores ‘Bon à savoir’, en colaboración con otras tres publicaciones similares de la Suiza de expresión alemana y del Tesino.

“Nuestra iniciativa se articula en torno a tres reivindicaciones: que la Confederación no tenga fines de lucro en las prestaciones básicas; que los beneficios de las empresas públicas no contribuyan a la financiación del presupuesto general de la Confederación; y que sus directivos no ganen más que el ministro del ramo”, señala Zeynep Ersan Berdoz, redactora jefe de ‘Bon à savoir’ y miembro del comité de la iniciativa.

La propuesta ha sido ampliamente rechazada por las dos cámaras del Parlamento. Además de la derecha y de las organizaciones empresariales, han manifestado su oposición la izquierda y los sindicatos, agentes que habitualmente se muestran sensibles a la defensa de los consumidores y de los servicios públicos.

Quejas repetidas

La iniciativa nace del descontento de los consumidores. “Hace ya algunos años que venimos constatando en nuestras redacciones el deterioro de los servicios públicos. En las tres regiones lingüísticas de nuestro país hemos registrado un fuerte aumento del número de quejas de los consumidores que denuncian el alza de los precios y la baja en las prestaciones”, explica Zeynep Ersan Berdoz.

“Como consecuencia de estas críticas, nuestras redacciones han analizado los objetivos estratégicos asignados por el Gobierno a las empresas del servicio público”, continúa la periodista. “Y hemos constatado un claro desplazamiento desde la orientación inicial a la satisfacción del consumidor hacia un mensaje de rentabilidad y de beneficios. La satisfacción del cliente ha desaparecido prácticamente de sus objetivos”.

La iniciativa en resumen

La iniciativa ‘A favor del servicio público’ fue lanzada por las revistas de información y defensa de los consumidores ‘Bon à savoir’, ‘K-Tipp’, ‘Saldo’ y ‘Spenderemeglio’. En conjunto suman 2,5 millones de lectores en Suiza.

La iniciativa se presentó en mayo de 2013 en la Cancillería Federal con 104 197 firmas válidas.

Ha sido rechazada por las dos cámaras del Parlamento. El gobierno también se ha manifestado en contra.

Zeynep Ersan Berdoz cita seguidamente algunos ejemplos de este cambio de estrategia. “En los últimos 15 años se han cerrado 1 800 oficinas postales, es decir, más de la mitad de las que había. El precio para el envío de un paquete de hasta un 1,5kg ha aumentado casi el 150% en 20 años, mientras que la inflación ha crecido un 13% en el mismo periodo. Respecto a los Ferrocarriles Federales Suizos, el precio de un billete de ida y vuelta Ginebra-Lausana en 2ª clase se ha encarecido en un 75% desde 1990. Sin embargo, el servicio se ha deteriorado: ventanillas cerradas, viajeros obligados a permanecer de pie en trenes regionales y en los Intercity, disminución del número de controladores, etc.”

No obstante, estos argumentos no convencen a Roger Nordmann, presidente del grupo socialista del Parlamento y relator de la comisión durante los debates habidos en ambas cámaras. “Hacer una lista de las personas que se lamentan no es un indicador fiable de la calidad o de los defectos de los servicios públicos. Algunas cosas funcionan bien y otras menos. Pero no podemos pronunciarnos solo sobre la base de las personas que se quejan en una revista. Además hay que tener en cuenta que los que están contentos no escriben”.

Diferencias de interpretación

La interpretación del primer párrafo de la iniciativa divide a partidarios y detractores. En él se afirma que “en materia de prestaciones básicas, la Confederación no tiene objetivos lucrativos, no subvenciona a otros sectores de la administración (las denominadas subvenciones cruzadas que consisten en financiar actividades de otras administraciones ajenas al ámbito del servicio en cuestión) y no persigue objetivos fiscales”.

Por el contrario, los adversarios de la iniciativa creen que no se puede impedir que las empresas del servicio público obtengan beneficios. “Si no hay beneficios no existe la posibilidad de reinvertirlos para mejorar la oferta. Además, es normal que el capital inmovilizado produzca un rendimiento. Si las empresas del sector público perdieran dinero sistemáticamente, la Confederación podría considerar su venta para reducir la deuda”, afirma Roger Nordmann.

“Nuestra iniciativa no impide que se obtengan beneficios”, se defiende Zeynep Ersan Berdoz. “Solo pedimos que estos no se antepongan a la satisfacción de los usuarios.”

Para el diputado socialista la prohibición de las subvenciones transversales es también problemática. Por ejemplo, en el transporte ferroviario es evidente que los beneficios obtenidos en el eje Ginebra-Zúrich sirven para cubrir el déficit de la línea de la Broye”.

Tampoco está de acuerdo en este punto Zeynep Ersan Berdoz. “En ninguna parte del texto de la iniciativa está escrito que las subvenciones cruzadas estén prohibidas en el seno de la misma empresa. Simplemente no queremos que estos beneficios vayan a parar a una caja común y que la Confederación pueda hacer con ellos lo que quiera, utilizándolos en otros sectores. Desde nuestro punto de vista, se trata de un impuesto camuflado y eso no es correcto”.

¿Mejor pagado que un ministro?

A pesar de esto, en la iniciativa hay un punto que obtiene un consenso general, al menos entre la izquierda. En el segundo párrafo del texto se precisa que “la Confederación velará por que los salarios y honorarios de los directivos de estas empresas no sean superiores a los percibidos por sus homólogos de la administración federal”.

Esta medida se dirige claramente a los altos cargos de las empresas del sector público. “Es exagerado que los directivos de estas grandes empresas ganen tres o cuatro veces más que el ministro del ramo. Todos son servidores públicos y deben fijarse unas prioridades. Un salario razonable forma parte también de esas prioridades”, sostiene Zeynep Ersan Berdoz.

“Es el único punto positivo de esta iniciativa”, precisa Roger Nordmann. “A mí también me parece que esos altos directivos están pagados demasiado bien –aunque lo estén peor que en el sector bancario o de seguros. Estoy convencido de que su salario no debería superar el de un consejero federal [ministro]. Pero esto es un problema marginal, cuantitativamente poco importante”.

El pueblo tiene la palabra

Para sus detractores, la iniciativa va en contra de los objetivos declarados. “Es una iniciativa que planea sobre problemas mal identificados, que no son los auténticos problemas del servicio público y que, además, no resuelve las cuestiones planteadas. Es una propuesta incomprensible”, subraya Roger Nordmann.

Zeynep Ersan Berdoz replica que “la iniciativa surge de un aumento considerable de las quejas de los consumidores. Las hemos analizado y observamos una deriva e importantes riesgos para el futuro del servicio público. Así pues, es importante establecer en la Constitución una definición del servicio público universal para evitar precisamente estas desviaciones”.

Los consumidores-ciudadanos tendrán que decidir entre estas dos posiciones contradictorias. El veredicto, en las urnas, el próximo 5 de junio.

Servicio público

La iniciativa se dirige a las “empresas que asumen competencias legales inherentes a prestaciones básicas de la Confederación o que son directa o indirectamente controladas por la Confederación mediante una participación mayoritaria”.

El Correo Suizo es una sociedad autónoma de derecho público, íntegramente propiedad de la Confederación. Según las cifras oficiales, en 2015 daba empleo a casi 62 000 personas, con un volumen de facturación de 8 220 millones de francos y unos beneficios netos de 645 millones.

Los Ferrocarriles Federales Suizos (FFS) es la mayor empresa de transporte público de Suiza. Propiedad íntegra de la Confederación, esta empresa contaba con más de 33 000 trabajadores en 2015, una facturación de 8 700 millones de francos y unos beneficios netos de 245 millones.

Swisscom es una sociedad de telecomunicaciones gestionada de acuerdo con los principios de la economía privada, pero con una participación mayoritaria de la Confederación (51,22%). En 2015 tenía cerca de 22 000 empleados, un volumen de facturación de 11 700 millones de francos y unos beneficios netos de 1 400 millones.


Traducción del francés: José M. Wolff, swissinfo.ch



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