Una ley para evitar la quiebra de los grandes bancos
Pese a las críticas del medio bancario, el Gobierno suizo quiere minimizar los riesgos sistémicos en los grandes bancos. Y para lograrlo prevé incrementos en sus fondos propios, una mejor repartición de riesgos y exigencias más severas en materia de liquidez.
El Estado no desea verse obligado nuevamente a apuntalar con multimillonarias inyecciones de dinero a grandes bancos exhaustos financieramente. Por ello, la ministra de Finanzas, Eveline Widmer-Schlumpf, presentó este miércoles (20.04.) un mensaje gubernamental que propone la revisión de la Ley Federal de Bancos.
Una reforma que retoma buena parte de una serie de propuestas realizadas por una comisión de expertos, expediente conocido como ‘too big to fail’ (demasiado grandes para quebrar).
Esencialmente, para limitar los riesgos de quiebra de los dos principales bancos del país, lo que pondría a la economía suiza de rodillas, los expertos preconizan que ambas instituciones deben contar con reservas equivalentes al 19% de su balance financiero.
Una proporción mucho más alta de la que exigen los estándares internacionales de Basilea III, que fijan dichas reservas en el 10,5%.
Y el Gobierno suizo precisa que dichas reservas deberían estar repartidas a razón del 10% de fondos propios de los bancos, y el 9% más serían obligaciones convertibles en fondos propios, los llamados ‘contingent convertible bonds’ (Coco), como se les conoce en el mercado internacional.
El gobierno, en contrapartida, no ha fijado aún el monto exacto de las citadas reservas. Pero el consejero delegado del UBS, Oswald Grüber, criticó desde el principio este posible repunte para las reservas y advirtió que incluso podría significar la partida del UBS de Suiza.
Bancos demasiado importantes
Ante la prensa, Eveline Widmer-Schlumpf justificó la propuesta de que los dos gigantes bancarios suizos –UBS y Credit Suisse- sean obligados a disponer de reservas superiores a las que demanda la comunidad internacional, debido a la importancia que ambas instituciones tienen para el país.
“Los activos del UBS son superiores a los del PIB helvético”, explicó la ministra. Y los activos del Credit Suisse corresponden, por su parte, a 100% del PIB nacional. Una situación única en el mundo, y la razón por la que el tema de las posibles quiebras debe ser manejado de una forma distinta en Suiza que en la Unión Europea (UE).
Otras medidas
El Gobierno prevé igualmente otras medidas para mejorar la situación. Por ejemplo, disposiciones de corte fiscal que serían introducidas de forma escalonada.
La primera etapa consistiría en suprimir el derecho de timbre de emisión sobre el capital de terceros. La segunda sería introducir modificaciones en materia de capital anticipado. Y también todos los establecimientos financieros podrían emitir CoCo.
Las exigencias en materia de liquidez serían igualmente aumentadas, a fin de que en medio de situaciones críticas, los bancos dispongan de suficiente dinero líquido durante un periodo determinado. Otras medidas deben permitir además que, en caso de insolvencia de un banco de importancia sistémica, el seguimiento de los temas cotidianos (flujo de pagos, créditos, etcétera) pueda asegurarse.
Todas ellas, medidas de redistribución de riesgos que, conjuntamente, ayudarían a reducir la interdependencia en el seno del sector bancario, y la dependencia de los bancos pequeños con respecto a los grandes.
Reacciones esencialmente positivas
Las propuestas del Gobierno fueron bien acogidas en lo general.
El UBS se dijo abiertamente en contra desde el principio, pero Credit Suisse expresó el miércoles que reitera su apoyo a toda medida propuesta por el Ejecutivo.
La Asociación de Banqueros Suizos (ABS) pide simplemente que los cambios se realicen de forma gradual para no afectar las finanzas de las instituciones.
Los partidos de izquierda y los sindicatos estiman que las medidas anunciadas, especialmente en materia de reservas, se dirigen en el sentido correcto.
Los partidos de centro también se dicen satisfechos. El Partido Liberal-Radical (PLR/derecha) considera, no obstante, que es posible realizar mejoras. Mientras el Partido Demócrata-Cristiano (PDC/centro derecha), estima que es positivo que el gobierno sea propositivo.
En el ámbito político, la verdadera oposición proviene de la derecha conservadora. La Unión Democrática de Centro (UDC) asegura que el proyecto gubernamental es “incompleto y desequilibrado”, y anticipa que pondría en desventaja a la plaza financiera suiza con respecto a sus competidores extranjeros.
El Gobierno espera que el Parlamento inicie las discusiones sobre el expediente ‘too big to fail’ este verano, con lo que las reformas podrían ponerse en marcha en 2012, inicialmente vía un periodo de transición que concluiría en 2018 con la total instrumentación de los nuevos criterios.
Pero los observadores políticos estiman que la discusión podría ser postergada debido a que se prevén elecciones legislativas federales, previstas para el próximo 23 de octubre.
Es el término reconocido a escala internacional para describir a aquellas empresas que, por su talla, colocan en riesgo de crisis a la economía de su país cuando están en riesgo de bancarrota (importancia sistémica).
Por ello, son entidades que serán rescatadas con recursos públicos para evitar que su caída dañe a todo el resto de los sectores productivos.
En Suiza, solo dos corporativos privados se inscriben en esta categoría: UBS y Credit Suisse, que conjuntamente cuentan con activos 3,8 superiores al PIB helvético.
En 2010, la Confederación Helvética nombró a un grupo de expertos para estudiar cómo podían evitarse nuevos rescates con recursos públicos como el que el UBS vivió en plena crisis de los ‘subprime’.
En septiembre de 2010 se presentó un informe con recomendaciones. Las más importantes, obligar a los dos gigantes de la banca suiza a aumentar sus niveles de fondos propios.
En diciembre de 2010, se envió un primer borrador a los partidos y a los propios bancos, y se mantuvo en consulta hasta finales de marzo de 2011, cuando el gobierno retomó el dossier para presentar el mensaje formal que anunció este 20 de abril.
El Parlamento se dispone a debatir el tema en las próximas sesiones; una cámara en junio, la otra en otoño.
Si la propuesta ‘too big to fail’ recibe el respaldo del Parlamento y no se lanza ningún referéndum, las reformas a la Ley de Bancos podrían entrar en vigor en 2012.
(Adaptación: Andrea Ornelas)
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